Función Del Estado En Materia De Educación

4. Función del Estado en materia de educación.

Esta definición de la educación permite resolver fácilmente la cuestión, tan debatida, de los deberes y les derechos del Estado en materia de educación.

Se les opone los derechos de la familia. El niño, se dice, pertenece primeramente a sus padres; es, pues, a éstos a quienes toca dirigir, como ellos entiendan, su desarrollo intelectual y moral.

Se concibe entonces la educación como una cosa esencialmente privada y doméstica. Colocados en este punto de vista, la tendencia natural es reducir al mínimo posible la intervención del Estado en la materia. Este debería, se dice, limitarse o servir de auxiliar y de sustituto a las familias. Cuando éstas no se encuentran en estado de cumplir sus deberes, es natural que aquél se encargue de ello. Es hasta natural que les haga su tarea lo más fácil posible, poniendo a su disposición escuelas donde puedan, si quieren, enviar a sus hijos. Pero debe concretarse estrictamente a estos límites, y prescindir de toda acción positiva destinada a imprimir una orientación determinada en el espíritu de la juventud.

Pero no debe, ni mucho menos, limitarse a un papel tan negativo. Si, como hemos tratado de establecer, la educación tiene antes que nada una función colectiva; si tiene por objeto adaptar el niño al medio social en que está destinado a vivir, es imposible que la sociedad se desinterese de semejante operación. ¿Cómo podría estar ausente, cuando es ella el punto de referencia por el cual la educación debe dirigir su acción? Es a ella a quien corresponde recordar incesantemente al maestro cuáles son las ideas, los sentimientos que hay que imprimir en el niño para ponerle en armonía con el medio en que debe vivir. Si no estuviera siempre presente y vigilante, para obligar a la acción pedagógica a ejercerse en un sentido social, ésta se pondría necesariamente al servicio de creencias particulares, y la grande alma de la patria se dividiría y se resolvería en una multitud incoherente de pequeñas almas fragmentarias, en conflicto unas con otras.

No se puede ir de manera más completa contra el objeto fundamental de toda educación. Hay que elegir: si atribuímos algún valor a la existencia de la sociedad -y acabamos de ver lo que ella es para nosotros- hace falta que la educación asegure entre los ciudadanos una suficiente comunidad de ideas y de sentimientos, sin la cual toda sociedad es imposible; y para que ella pueda producir este resultado, importa mucho que no quede por completo abandonada al arbitrio de los particulares.

Desde el momento en que la educación es una función esencialmente social, el Estado no puede desinteresarse de ella. Por el contrario, todo Lo que es educación debe estar, hasta cierto punto, sometido a su acción. No quiere esto decir que deba necesariamente monopolizar la enseñanza. La cuestión es demasiado compleja para que se la pueda tratar así, de paso; la reservaremos para otra ocasión. Puede creerse que los progresos escolares son más fáciles y más rápidos donde se deje cierto margen a las iniciativas individuales; porque el individuo tiene más propensión a ser innovador que el Estado. Pero que el Estado deba, por interés público, dejar que se abran otras escuelas además de aquellas en que su responsabilidad es más directa, no quiere decir que deba desentenderse de lo que pasa en ellas. Por el contrario, la educación que se da allí, debe quedar sometida a su inspección.

No llega a ser admisible que la función de educador pueda ser desempeñada por alguien que no presente garantías especiales, de las cuales es el Estado el único juez. Sin duda, los límites en que debe mantenerse su intervención, pueden ser bastante difíciles de determinar siempre. No hay escuela que pueda reclamar el derecho de dar con toda libertad, una educación

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