Honduras: La reforma de la Ley Minera – 2010-2012

Honduras: La reforma de la Ley Minera – 2010-2012

A raiz del golpe de estado respaldado por los militares hondureños en 2009, que Canadá apoyó de manera tácita por ejemplo al negarse a considerar sanciones contra el régimen de facto y presionar a otros miembros de la OEA a hacer lo mismo, la Embajada Canadiense comenzó a presionar a favor de una nueva ley minera. Varios años antes, en 2006, trece artículos de la ley minera vigente fueron declarados inconstitucionales y se instauró una moratoria para los nuevos proyectos mineros a la espera de una nueva ley. La sociedad civil hondureña ha estado luchando para prohibir la minería a cielo abierto y conseguir una mayor fortaleza de la participación comunitaria en la toma de decisiones sobre proyectos mineros, entre otras reformas. Cuando en el año 2009 el entonces Presidente Mel Zelaya fue derrocado, el proyecto de ley que incorporaba estas propuestas estaba a punto de ser debatido. Pero el debate nunca llegó a celebrarse. De enero de 2010 a enero de 2013, los representantes canadienses trabajaron duro para allanar el camino a una ley más favorable a los intereses de las empresas canadienses. Por ejemplo, a principios de 2010 el entonces embajador canadiense Neil Reeder viajó a Honduras y organizó reuniones entre ejecutivos de mineras canadienses, el Presidente Lobo y los miembros de su gabinete. Ellos también "discutieron con un ejecutivo de Breakwater Resources las posibles estrategias para influenciar el diseño de una nueva ley minera". Más tarde, a principios de 2012, cuando un comité legislativo de Honduras anunció que una nueva ley de minería había sido redactada provocando clamor en contra desde la sociedad civil hondureña, el Embajador Cameron MacKay organizó una reunión de funcionarios de gobierno, empresas y organizaciones no gubernamentales bajo la bandera de la Responsabilidad Social Corporativa en la que MacKay enfatizó la relación positiva entre Canadá y Honduras. Este y otros apoyos canadienses lograron finalmente una nueva ley minera aprobada en enero de 2013, incluyendo un proyecto de asistencia técnica financiado por la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional contrario a los intereses de la sociedad hondureña, que de acuerdo con una encuesta llevada acabo en el otoño de 2011, se opone en un 90% a la minería a cielo abierto.

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