IMBESTIGACION DE DROGADICCION

Panorama de las leyes de drogas y tendencias legislativas en México

Tendencia

Amplios sectores de la sociedad civil, opinión pública y altos funcionarios de Gobierno han propuesto abiertamente en México la legalización de las drogas. Estas voces se oyeron particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) como reacción a la violencia que acarreó el combate a los carteles de la droga. Si bien hasta la fecha a nivel legislativo se ha manifestado solo una tímida tendencia hacia la despenalización del porte y consumo de pequeñas cantidades, factores recientes podrían influir en estos momentos para que México avance hacia una regulación del mercado y consumo de marihuana: el inicio de un nuevo Gobierno federal y la legalización del cannabis para uso recreativo en dos estados de los Estados Unidos.

Ley vigente

La legislación para las drogas en México está establecida en la Ley General de Salud de 1984, junto con lo que en materia de drogas establece el Código Penal Federal luego de las reformas de 1994. Además, en 1996 se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que elevó exponencialmente las penas por cualquier delito que se considera cometido en asociación delictuosa. También, el 21 de agosto de 2009 entró en vigor un decreto que reforma la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. El decreto se conoce popularmente como Ley de Narcomenudeo, dado que su principal objetivo es justamente combatir la modalidad del comercio de drogas al por menor. El decreto determina también cantidades máximas de los diversos narcóticos permitidas para el consumo personal.

Para las últimas noticias sobre la reforma de la legislación sobre drogas en México haga

________________________________________

Las leyes de drogas y tendencias legislativas en México

México vive desde hace años una de las peores crisis de su historia en términos de violencia y seguridad. Esta crisis está directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado en el país ligado al narcotráfico, las divisiones al interior de los principales carteles de tráfico de drogas y la diversificación de los mismos. Todo esto ha desembocado en una lucha sangrienta por el control de plazas clave para las rutas del tráfico. La respuesta del Gobierno de Felipe Calderón fue lanzar una ‘guerra al crimen organizado’ con dos componentes principales: el empleo creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y reformas legales tendientes a combatir con más dureza la delincuencia organizada y, en particular, a los implicados en el tráfico, comercio y suministro de drogas.

Esta política no solo no ha contribuido a acabar con los carteles sino que ha afectado los sistemas judicial y penitenciario, ha incrementado las penas y modificado los procedimientos para otorgar mayores facultades discrecionales a policías, ministerios públicos y jueces. Todo esto en detrimento del reconocimiento de derechos fundamentales al debido proceso. Las detenciones en su mayoría se producen por casos de posesión simple de cantidades menores de alguna droga, principalmente marihuana, por lo que esta estrategia ha funcionado más para detener a pequeños infractores y no a criminales poderosos.

Ahora que dos estados de Estados Unidos (Washington y Colorado) han legalizado el consumo recreativo de marihuana, el nuevo Gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto tiene la oportunidad de cambiar la política inflexible de su predecesor y entrar a considerar opciones para la despenalización del mercado y consumo de marihuana. Una medida que le quitaría fuentes de financiación al crimen organizado a la vez que aliviaría la sobrecarga del sistema carcelario.

Las nuevas experiencias internacionales a favor de la regulación del cannabis, estudios sobre regulación de mercado y consumo, el auge de los clubes sociales de cannabis en varios países, y las diferentes propuestas legislativas que se debaten desde hace unos años en la Cámara y el Senado podrían indicar un curso favorable a una nueva aproximación mexicana a la regulación de la marihuana.

Legislación vigente

Las reformas hechas en 1994 al Código Penal Federal - junto con lo establecido en la Ley General de Salud - conforman en gran parte la legislación vigente en México en materia de drogas. Un cambio importante introducido por dichas reformas es que desde entonces se habla de narcóticos y los diversos delitos relacionados con éstos ya no se encuentran todos en un mismo artículo. Las penas se aumentaron para los casos de producción, transporte, tráfico, comercio y suministro, que ahora son de un mínimo de 10 y un máximo de 25 años. Pero la pena por siembra, cultivo y cosecha disminuyó, y para el consumo la ley establece que “No se procederá en contra de quien no siendo farmacodependiente, se le encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193, por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse está destinada a su consumo personal” y que “al farmacodependiente que posea para su estricto consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193 no se le aplicará pena alguna”. Esto significa un cambio significativo con relación a legislaciones previas.

En 1996 se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que elevó exponencialmente las penas por cualquier delito que se considera cometido en asociación delictuosa. Esta Ley también estableció la figura del arraigo, que en 2008 fue incorporada a la Constitución. El arraigo permite la detención y privación de la libertad de una persona hasta por 80 días, sin ninguna acusación, orden de aprensión o sin haber sido detenida por cometer un delito en flagrancia, simplemente por ser sospechosa de cometer un delito relacionado con la delincuencia organizada. Las penas y delitos establecidos en los años noventa se mantienen hasta el día de hoy, aunque a partir del 21 de agosto de 2009 sólo para los casos de narcomayoreo.

La Ley del narcomenudeo fue adoptada por el Congreso en abril de 2009 y entró en vigor en agosto de 2009, eliminando todas las sanciones por cantidades para uso personal establecidas así: 5 gramos de cannabis, 2 gramos de opio, 0,5 gramos de cocaína, 50 miligramos de heroína o 40 miligramos de metanfetamina. Los adictos serán sometidos a tratamiento obligatorio solamente después del tercer arresto. La ley de narcomenudeo reforma el artículo 478 de la Ley General de Salud.

Debido a que los umbrales de la dosis personal son muy bajos, esta ley podría conllevar a fuertes condenas de cárcel para los que sean sorprendidos con cantidades mayores a las que permite la ley, porque se asumirá que son pequeños traficantes incluso si no hay otras indicaciones de que la cantidad poseída estaba destinada a la venta. Además, la ley aumentó las penas para varias ofensas, como la venta a menores o en los vecindarios de las escuelas. El decreto define también el tráfico de pequeña escala en cantidades de máximo mil veces la dosis de uso personal. Debido a esto, el contrabando por medio de ‘mulas’ (alguien sorprendido en el aeropuerto que se haya tragado más de 500 gramos de cocaína o más de 50 gramos de heroína) es ahora tratado como tráfico de gran escala, que cae en la categoría de las penas más altas.

Impactos de la legislación sobre la situación carcelaria

La legislación de drogas en México ha provocado dos tendencias principales, la primera es el aumento de la población carcelaria y la segunda es la criminalización de consumidores y pequeños vendedores de drogas. Esto es, en parte, debido a que la cantidad máxima establecida en la ley para consumo es menor que la cantidad que porta un consumidor promedio. El endurecimiento de las penas por delitos relacionados con drogas ha causado un incremento significativo en la población carcelaria en general, y en el número de personas recluidas sin sentencia. La mayoría de los reclusos por delitos relacionados con drogas pertenecen a sectores pobres y marginados de la sociedad, con escasa o nula educación. Asimismo, el 50 por ciento de los reclusos por delitos relacionados con venta de drogas fue detenido por poseer mercancía de valor total muy bajo, menor a los 100 dólares. Véase el capítulo sobre México del estudio de WOLA y el TNI sobre drogas y cárceles.

En la última década ha habido un incremento de la población femenina en las cárceles, siendo el principal motivo de su reclusión el delito relacionado con drogas. Un 48 por ciento de las mujeres detenidas lo está por delitos de drogas, y un 43 por ciento de las mujeres indígenas encarceladas se encuentra allí por este mismo tipo de delito.

Como lo destaca la investigadora Catalina Pérez Correa, “… entre 2006 y 2011 hubo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 136.946 detenidos por consumo y 249.629 detenidos por posesión de drogas (que dados los bajos montos establecidos en la ley para presumir consumo, podemos suponer también incluyen un elevado número de consumidores). Es decir, en cinco años hubo cerca de 400.000 detenidos por consumo y posesión”.

De acuerdo a un estudio reciente del Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE, “el gobierno del presidente Felipe Calderón ha dilapidado recursos del área de procuración de justicia en casos que no reducen la violencia, sobre todo porque se ha centrado en consumidores de drogas o en vendedores de bajo perfil”. La investigación estuvo a cargo del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) y lleva por título, “(Des)

...