LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:

Todo el sistema legal en Venezuela  tiene como pilar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta fija las bases y los límites a los que las normas deben estar sujetas. Como lo explica el Art. 7 de la misma Constitución, es el fundamento del ordenamiento jurídico. Para que la justicia constitucional exista dentro del Estado, es necesario un control de la Constitucionalidad de la Ley, lo que permita velar por la protección de los Derechos fundamentales y las libertades públicas.

La supremacía constitucional implica que se debe mantener esta en vigencia; todo ciudadano tiene la potestad y deber de resguardar y mantener la vigencia y autoridad constitucional; de igual manera los jueces. Es necesario que toda Ley establecida dentro del Estado, se apegue a la Constitución y respete sus estatutos.

La supremacía constitucional como principio de organización del Estado para promover el respeto hacia el cumplimiento de sus fines se presenta ya que en Venezuela existe una sociedad estructurada política y jurídicamente que necesita una organización firme, que sustente su funcionamiento y las relaciones entre particulares y con el Estado. La constitución es una afirmación y designios que expresa los valores, principios y necesidades de la sociedad. La Constitución como la norma de mayor jerarquía, exige la existencia de un marco mínimo de Derechos y garantías. Además, esta asegura el pleno funcionamiento de las instituciones estadales. Esta organización institucional debe contar con la constitución como base jurídica solida, jerárquica y permanente, y no debe estar sujeta a los titulares del Poder Público.

Cuando se habla de la supremacía constitucional se debe tener en cuenta el Control Difuso que se refiere a la potestad que tienen los jueces de no aplicar una norma cuando esta le parezca contraria a la constitución. La importancia de este control radica en que la Constitución forma la base jurídica y todo procedimiento judicial debe estar amparado por lo que ella establece. Además hace referencia a la inconstitucionalidad la cual se debe evitar, ya que se debe mantener una relación entre todas las leyes y la constitución.

El control concentrado es el que ejerce la Sala Constitucional del TSJ, quien tiene la jurisdicción constitucional, esta decide cuales leyes serán o no anuladas, al igual que actos del Estado que sean contrarios a la constitución, respetando así la ejecución directa e inmediata de esta. Su importancia radica en la supremacía constitucional, como ya se mencionó, la norma fundamental es la Constitución la cual protege los fines y principios del Estado, entonces el control concentrado permite una legislación apropiada basada en los estatutos constitucionales.

Cuando se evidencie la inconstitucionalidad, los ciudadanos tienen Derecho de exigir que dichos controles se apliquen, esto se realiza a través, de dos procedimientos, uno llamado por vía de acción popular y el segundo por vía de excepción.

Por vía de acción popular es el procedimiento que cualquier ciudadano hace ante el órgano correspondiente sobre las demandas de la ley o actos de los responsables del poder público de lo que le perezca constitucional. Por vía incidental o vía de excepción funciona a través de un procedimiento indirecto, para que se pueda pedir la inconstitucionalidad de una ley o acto del Poder Público, la persona debe estar afectada o perjudicada.

Otro aspecto importante a resaltar dentro de la supremacía constitucional es lo importante que es la separación de los Poderes Públicos; la Constitución establece que cada uno de estos Poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral) tienen sus propias atribuciones y a pesar de estar relacionados funcionan como organismos con independencia, ya que esto permite la transparencia y eficacia de los mismos y su funcionalidad igualitaria para todos los ciudadanos.

Los distintos Poderes del estado deben presentar una potestad independiente para que sus acciones no tengan tildes políticos, injusticias o actos fraudulentos y deshonestos. La separación de  Poderes permite un sistema de controles y equilibrios que limite las facultades del Gobierno y proteja los Derechos individuales

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