LOS MEDIOS DE DEFENSA DEL PARTICULAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LOS MEDIOS DE DEFENSA DEL PARTICULAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

El sentimiento de justicia es algo que todo procuramos, queremos ser tratados conforme sentimos nos corresponde o merecemos. Es incómodo e incluso causa enojo o impotencia cuando no se es tratado justamente en alguna situación.

Muchos de nosotros hemos vivido alguna situación injusta, como alguna multa incorrecta o algún proceso que no ha sido culpa nuestra. Por ejemplo, el hermano de mi novia (nacionalidad brasileña) es residente temporal en México y cuando llegó al país le fue asignado una CURP que fue impresa en su documento migratorio oficial. Posteriormente cambió de Residente temporal a Residente Permanente por vínculo familiar (matrimonio), y fue expedido un documento migratorio concordante con este nuevo estatus con su misma CURP.

Con esta CURP él ha hecho todos sus trámites en el país, sin embargo fue expedida de manera incorrecta por la SEGOB ya que no se consideró que en su caso el primer apellido es el materno y el segundo apellido es el paterno. Ante lo cual la SEGOB asoció su CURP y posteriormente hizo una última actualización a un tercer CURP que se tomó como definitivo. Todo este proceso sin avisar a él como involucrado, y se entera de la situación cuando va a tramitar su licencia de conducir y descubre que ha tenido tres CURP y el más actual no concuerda con su documento migratorio. Debido a lo anterior no le pueden dar su licencia de conducir, ha tenido que ir al Instituto Nacional de Migración en León, Guanajuato para corregir esta situación.

Este error de la Administración Pública, le ha provocado un retraso en su trámite de licencia de conducir, desplazos a otra ciudad con pérdida de dinero y tiempo, así como un pago para que expidan un nuevo documento migratorio. La autoridad de migración reconoce el error pero no dio mayores explicaciones y él no ha querido realizar ningún proceso. Sin embargo queda un sabor amargo de boca.

Como se analiza, estos sentimientos entre los ciudadanos o residentes generan una falta de confianza en el sistema y el involucrado siente que se le ha tratado de manera injusta. Este ejemplo representa cuando existe un error en la parte del estado.

Por otro lado, las decisiones del estado involucradas en la justicia administrativa también involucran nuestro actuar en el día a día como ciudadanos. Si realizamos una acción incorrecta a vista de la Administración Pública seremos sujetos de una sanción. Es importante resaltar que nuestro comportamiento generalmente se apega a lo considerado como correcto dentro de la sociedad e influye en nuestras acciones los valores, crianza y experiencias vividas.

El concepto de justicia es un término que se remonta a épocas antiguas y fue abordado por grandes filósofos como Aristóteles, quien abordó la Ética Nicomáquea (EN), en la cual la justicia es vista como la práctica de lo que es justo, a obrar justamente y a querer lo justo (Aristóteles, 2010a, 1129a7- 9:130). También habla sobre la Retórica “Partes de la virtud son la justicia, la valentía, la templanza, la magnificencia, la magnanimidad, la liberalidad, la prudencia y la sabiduría; la virtud es capacidad benéfica y por esto honran principalmente a los justos y valerosos” (Aristóteles, 2010b, 1366b1-5:36).

Se confirma el deseo de justicia que ha tenido el ser humano desde la antigüedad, tanto en su práctica, en sus acciones hacia otros y en el deseo de obtenerla. Por otro lado se ensalza los valores de justicia, valentía y sabiduría; por eso son tan apreciadas las personas o las instituciones que cumplen estos valores.

Pero ¿Qué es la justicia  en la administración pública?  De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (RAE), el término Justicia significa “1. f. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.” y  administrar justicia significa: “1. loc. verb. Aplicar las leyes en los juicios civiles o criminales, y hacer cumplir las sentencias.”.

Apegandonos al significado de la RAE, se identifican dos puntos básicos: 1. Principio moral, que se entiende como toda norma que nos guía o indica sobre cómo actuar tanto de manera individual como en sociedad. 2. Dar a cada quién lo que le pertenece o es justo, y se liga con el punto anterior porque se correlaciona al actuar del individuo. Si sus acciones son malas o buenas, recibirá el trato de acuerdo a esto. De aquí se deriva el administrar justicia, ya que dar lo que al individuo le corresponde por sus acciones tendrá que ser con apego total a la ley. Si el individuo actúa fuera de la ley, será sancionado y el grado de la sanción corresponderá a la gravedad de su acción.

El Estado es quién administra la justicia, como un proveedor, ya que es el encargado de hacer cumplir las leyes y a través de ellas conciliar un problema, resolver y tomar decisiones justas hacia los ciudadanos.

Todos los ciudadanos tenemos derechos y garantías dentro del marco jurídico, algunas de las cuales son derecho a la salud, a dedicarnos a actividades económicas de nuestra preferencia que sean legítimas, derecho al tránsito, entre otras.

Nuestros derechos como ciudadanos deben ser respetados por las autoridades y en ocasiones sucede que sentimos que han sido violentados con alguna sanción o castigo injusto. Por lo cual el ciudadano hará utilización de los recursos para hacer válido su derecho a defenderse ante la administración pública, siguiente tema a tratar.

• LOS MEDIOS DE DEFENSA DEL PARTICULAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Habrá que comenzar por definir que es un acto administrativo, de acuerdo con el Dr. Miguel Acosta Romero entiende por acto administrativo: "... una manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, reconoce, modifica, declara o extingue derechos y obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general." (Acosta Romero, Miguel. Segundo curso de Derecho Administrativo, p.624. )

De acuerdo a la definición anterior, se deduce que el acto administrativo son todas las manifestaciones o acciones que realiza la Administración Pública como autoridad, y estas acciones implican una consecuencia que puede ser favorecer al ciudadano en sus derechos o la extinción de estos, aplicar sanciones o hacerle cumplir ciertas obligaciones.  

La autoridad administrativa será el órgano competente para dictar los actos administrativos, con consecuencias jurídicas y apegados a la ley.

El particular puede verse en una situación en la cual sus derechos son violentados por una decisión que a su punto de ver sea injusta por lo cual apelará a la justicia administrativa para verse favorecido con una decisión más justa.

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