LOS NINIS

LA CRISIS DE DOMINACIÓN EN OAXACA

Oaxaca es una entidad ubicada al sureste de México que se caracteriza por el predominio de una población empobrecida, mayoritariamente indígena, proveniente de 16 grupos etnolingüísticos, que sobreviven dispersos en más de diez mil pequeñas localidades agrupadas en torno a 570 municipios. La población rural de Oaxaca subsiste sobre una agreste geografía que en mucha ocasiones ha sido excusa por parte de los sucesivos gobiernos para la falta de respuesta a los múltiples rezagos sociales, una deficiente red de carreteras y caminos, y una profunda marginación de la mayoría; el conjunto de rezagos ubican a Oaxaca, como uno de los estados más pobres de México.

En este lugar, el autoritarismo se ha convertido en norma y ha regido largos periodos de estabilidad, de concentración del poder público en estructuras locales rígidas, favorables al ejercicio patrimonial y rapaz de los gobernantes en turno, por el corporativismo ejercido por el viejo partido de Estado (PRI), que se ha perpetuado en el ámbito local, y las diversas formas de operación llevadas a cabo a través de relaciones clientelares entre las elites políticas y la población empobrecida. La estabilidad o normalidad política en Oaxaca ha dependido de una organización consistente en la hiperconcentración del poder en manos de la persona detentadora del poder ejecutivo estatal, la cual mantiene la subordinación de los poderes legislativo y judicial. El ejecutivo se impone además ante la debilidad de los opositores electorales y los organismos identificados como “autónomos”, ya que el régimen mismo ha impedido la organización política independiente.

Las expresiones autoritarias van desde la plena arbitrariedad en las decisiones gubernamentales, la falta de transparencia en el manejo del dinero público, la discrecionalidad en la aplicación de la justicia, hasta la represión abierta de las disidencias.

Esta forma de dominio se ha organizado históricamente bajo la lógica de entender el poder gubernamental como un botín para el beneficio de unos cuantos, quienes son arbitrados por jefes patrimoniales en turno, investidos como gobernadores. Dichos personajes se colocan en la cima de una estructura de jerarquías en donde el de arriba sojuzga a su inmediato inferior, y opera a través de la distribución de beneficios y prebendas para premiar lealtades personales, e infligir castigos para quienes critican al orden impuesto.

En torno a esta pirámide de jerarquías se ha amalgamado una cultura política patrimonial y corporativa, nutrida de intercambios clientelares, de lealtades no hacia instituciones o reglas, sino hacia los parientes, amigos, padrinos, compadres, quienes en generosa reciprocidad distribuyen dádivas y favores con factura siempre cobrable entre la población empobrecida.

Estas relaciones fueron naturalizando la protección y el reparto a cambio de la obediencia y la lealtad personal; el cemento de estas relaciones es el servilismo a los jefes y no los derechos ni las obligaciones constitucionales de los gobiernos y de los ciudadanos.

Tal situación en el funcionamiento institucional ocurre bajo interpretaciones a modo del federalismo y la descentralización, que desde la visión de los grupos de poder local justifica un mayor margen de maniobra para evitar la intervención del centro federal en asuntos de competencia local. El centralismo histórico mexicano, vertebrado por la relación entre el presidencialismo y el partido de Estado, si bien resultó descabezado ante la alternancia en la presidencia de la república en el año 2000 no se extinguió sino que mutó a formas regionales diferenciadas. En algunas zonas del país, pueden observarse indicios de procesos de democratización, en otras, como en Oaxaca, se identifica el reforzamiento de las relaciones autoritarias, con mayor fuerza incluso que durante la etapa de auge del autoritarismo mexicano en versión nacional.

En un ámbito como Oaxaca, los procesos de cambio político, con todas las insuficiencias que registren en el ámbito nacional, como la pluralidad en la composición de poderes que hacen posible la lógica de pesos y contrapesos, la competencia partidista, la autonomía de algunos organismos reguladores como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), llegan como noticia, puesto que sus similares locales, incluidas las representaciones de los partidos opositores, se caracterizan por su alineamiento al poder local.

En Oaxaca, a la cabeza del poder político local observamos a los sucesivos gobernadores vinculados no sólo a los residuos del viejo partido de Estado sino también de los presuntos partidos políticos opositores, como árbitros privilegiados de las competencias electorales locales y más allá, de las relaciones políticas cotidianas, que les permiten administrar y otorgar recompensas y favores a sus grupos leales o castigar arbitraria y contundentemente a quienes se les oponen, “para que aprendan quién manda”.

La cultura política de esta normalidad se encuentra afianzada en el fatalismo de que “así ha sido, así es y así será”. La normalidad del abuso del poder público, de la extralimitación y la impunidad para los de arriba, para los grupos privilegiados económica y políticamente, y el castigo a la crítica y al disenso para los de abajo.

Una normalidad política que estalló en mil pedazos al inicio del conflicto político del 2006, con el paso de la represión gremial a la solidaridad popular, y de ésta a la disolución de los tres poderes formales, marcando un acontecimiento, sin precedentes en la antiquísima historia de esta normalidad, poniendo al descubierto la vigencia de viejas prácticas autoritarias, de racismo, abuso y exclusión, de prácticas ocultas o simuladas en el largo tiempo. Normalidad que reveló sus primeras fisuras en una de las corporaciones del régimen político mexicano que le garantizaron el control social y la legitimidad política durante un periodo prolongado: el sector magisterial.

2006. EL MOVIMIENTO SOCIAL OAXAQUEÑO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Entre los meses de junio y noviembre de 2006, Oaxaca registró una etapa de conflicto político sin precedentes en la historia local. El conflicto se desencadenó la madrugada del 14 de junio, cuando una concentración de profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que pugnaba por una serie de reivindicaciones laborales y se manifestaba a través de un plantón en el zócalo de la capital, fue agredida por la policía estatal la cual intentó su desalojo.

Como consecuencia de la represión, más de 300 organizaciones,

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