La Constitución del Perú

En el Perú la ineficacia por parte de las entidades del Estado en ejecutar de manera

efectiva las leyes, agravan más el problema, de manera que estas regulaciones no

alcanzan el fin, por las cuales se vio la necesidad de su creación. Quedando

relegadas en el amplio sistema normativo peruano o muchas veces sirviendo de

salvavidas político ante el clamor popular de la ciudadanía que exige una solución

concreta para algún determinado dilema social, obteniendo como respuesta,

únicamente el papel y la tinta con los que fue asentada dicha ley. Los cuales no son

suficientes a la hora de enfrentar la problemática del sector educación, más aún, si

esta, intenta la inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad al sistema escolar

público.

La Constitución del Perú obliga al Estado a asegurar el pleno ejercicio del derecho

a la educación, de manera gratuita y eficiente. Sin ningún tipo de discriminación

social, económica o física que limite su accesibilidad. Teniendo como una de sus

metas, fomentar la educación inclusiva de las personas con discapacidad,

contando para ello, con regulación especial estipulada en la Ley General de

Educación, La Ley General de la Persona con Discapacidad y diversas normas

emitidas por el Ministerio de Educación. Mediante las cuales se busca implementar

las escuelas, dotándolas con los mecanismos necesarios que incentiven la

inclusión. Además de mejorar la calidad, tanto del factor humano como del material,

que ayuden a la consecución de este objetivo. Pero estas medidas legislativas,

como muchas otras en nuestro país, encuentran su principal barrera en la falta de

un presupuesto adecuado que permita la ejecución de las medidas estipuladas en

las normas, por lo que la política de educación inclusiva, finalmente no llega a

garantizar la realización efectiva del derecho que en principio defiende. La falta de

presupuesto ocasiona que las escuelas inclusivas no cuenten con un número

suficiente de docentes debidamente calificados para el trabajo con niños y jóvenes

con discapacidad, situación que se agrava por la falta de distribución de materiales

y útiles escolares adaptados a las necesidades de cada discapacidad. La

inadecuada infraestructura de las escuelas, las cuales impiden al estudiante con

discapacidad el disfrutar de los ambientes y servicios que en ellas se brindan, la

falta de rampas, la existencia de obstáculos, la inexistencia de servicios higiénicos

accesibles son unos ejemplos, sin mencionar que muchas aulas se encuentran en

pisos superiores, dificultando la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad

que cursan sus estudios en ellas. La falta de ajustes curriculares y de metodologías

necesarias para la correcta evaluación de los alumnos con discapacidad y sus

necesidades no permite el éxito escolar de ellos y, por ende, no llega a garantizar

su permanencia en el sistema educativo. Esto debido también a la elevada carga de

alumnos en las aulas, lo cual dificulta la labor del docente a la hora de trabajar de

manera específica con cada alumno y tratar su discapacidad de manera individual,

junto a la inadecuada comunicación por falta de capacitación en lenguaje de señas,

sistema Braille y otros medios.

Si bien la participación del Estado es fundamental en este ámbito, no debemos

olvidar la importancia de la familia, en especial de los padres. Al no contar ellos con

mecanismos que informen las políticas implantas o las características del tipo de

discapacidad de sus hijos y cómo afrontarlas, no llevan un adecuado seguimiento

del

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