La Democracia

La cooperación jurídica en las Américas se rige a partir de los acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos por los diversos países que conforman la comunidad Internacional o a falta de los mismos, por los principios de voluntariedad y reciprocidad.

En este orden, es necesario la adopción por parte de los Estados que aun no lo hayan hecho de Convenios Internacionales tan importantes en la materia que nos ocupa, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, y sus respectivos protocolos, la Convención de Viena de 1988, la Convención de Mérida de 2003 contra la Corrupción, la Convención contra la Financiación del Terrorismo de 1999 y la Convención de Estrasburgo, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), entre otras que facilitan la cooperación internacional y nos permiten, sobre todo ante casos de criminalidad organizada, obtener pruebas esenciales para los procesos judiciales que hayan podido recolectarse en un país extranjero.

Asimismo, entendemos propicio continuar con los esfuerzos desplegados por la comunidad interamericana para la puesta en marcha de un Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ya que debido a la lamentable globalización del crimen y el delito, hoy no solo basta con que los Estados cuenten con marcos legales dirigidos a enfrentar esa problemática, sino también que tengan mecanismos, herramientas y procesos de trabajo claramente establecidos y entendidos por todos, de manera que la cooperación para combatir este flagelo sea cada vez mas efectiva.

En nuestro caso, la ley procesal penal dominicana consagra los parámetros que deben regir la cooperación judicial en materia penal, siendo la República Dominicana parte de varios acuerdos multilaterales en materia de cooperación penal con diversos países.

Es preciso señalar, que también para el caso dominicano se puede prestar asistencia judicial penal, incluso si la conducta por la cual se solicita la misma no se encuentra tipificada en el derecho interno, salvo que resulte contraria a los principios consagrados en la Constitución, por lo que diversos instrumentos pueden ser utilizados por los funcionarios judiciales para casos de asistencia jurídica internacional.

Un ejemplo de ellos son las llamadas cartas rogatorias, los exhortos y las notas suplicatorias, las cuales han sido ratificadas por la mayoría de los países.

Existen algunas técnicas especiales de investigación aplicadas a la cooperación jurídica internacional, las cuales nos sirven como herramientas para desarrollar una infraestructura compleja, dotada de medios tecnológicos suficientes destinados a intervenir y obtener información y elementos útiles sobre organizaciones criminales, en las cuales se encuentran:

 La Infiltración de Organización Criminal, con la finalidad de obtener información útil en el marco de una investigación, previa autorización del Fiscal que conozca del caso.

 El Agente encubierto, con el objetivo de indagar acerca de las características de la organización, sus miembros, funciones, modus operandi, y toda información que permita desmantelar dicha organización.

 La Entrega Vigilada, que permite que una mercancía ilegal se transporte en el territorio nacional, entre o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía, previa constatación de las exigencias de la legislación nacional, y,

 La Operación internacional, que involucra las técnicas de investigación establecidas, tanto en la legislación nacional, como en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el país, que se realicen en asociación con autoridades judiciales extranjeras.

Para el buen desenvolvimiento de estas delicadas actuaciones, es menester fomentar la capacitación y el intercambio de experiencias entre los países de la comunidad internacional, cuya estrategia

...