La publicidad oficial y la nueva Ley General de Comunicación Social en el gobierno de la 4-T

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“La publicidad oficial y la nueva Ley General de Comunicación Social en el gobierno de la 4-T”

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• Martínez Pérez Sara Luz.  55 7393 7488

1. Introducción.

2. Hipótesis.

La nueva Ley General de Comunicación Social en el gobierno de la 4T ha sido utilizada como un medio maleable para el beneficio de este y de los procesos electorales en favor del mismo, vulnerando, de tal forma, los derechos de los mexicanos y atentando contra los derechos de las audiencias.

3. Desarrollo del problema.

A. Origen o breves antecedentes

El 11 de mayo del 2018, a finales de la administración de Enrique Peña Nieto, la Ley General de Comunicación Social^[1] fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Su propósito era, textualmente:

Garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.                                                   

Esta reforma fue popularmente conocida como Ley Chayote. Según Julio Scherer, el uso de la palabra chayote como sinónimo de soborno en el mundo del periodismo mexicano, se remonta al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz:

Mientras el entonces presidente de la República pronunciaba un día de 1966 el discurso inaugural de un sistema de riego en el estado de Tlaxcala, entre los reporteros corría la voz: ¿Ves aquel chayote? Están echándole agua. Ve allá [...] Allá, semioculto por la trepadora herbácea, un funcionario de la Presidencia entregaba el chayote, nombre con el que desde entonces se conoce al embute en las oficinas de prensa. ^[2]

Así es como aquellos periodistas que reportaban noticias excesivamente positivas sobre el gobierno en turno, recibieron el apoyo de chayoteros, pues el chayote, en su versión más dulce, también tiene espinas, aludiendo a la idea de que valía la pena espinarse con tal de probar los beneficios del fruto^[3].

Entonces, ¿por qué esta ley recibió ese nombre, si su propósito era el de regular el gasto en publicidad oficial? Por varias razones, entre ellas las siguientes^[4]:

1.- Organismo regulador

La Secretaría de Gobernación sería la encargada de revisar que la publicidad oficial cumpliera con los parámetros anteriormente descritos. Sin embargo, esto supone un conflicto de intereses, ya que significa concederle al Estado la facultad de controlar la información disponible para la ciudadanía, juzgándola desde su propio sesgo político.

2.- Términos ambiguos

Palabras como “eficacia”, “eficiencia” y “honradez” son muy ambiguas. Es decir, no son cuantificables, y la Ley no proporcionaba ningún criterio específico para juzgar si, en efecto, la publicidad cumplía con dichas características.

3.- Reglas sin sanciones

En ninguno de sus 45 artículos se establece de qué forma serán sancionados los funcionarios que no cumplan con el nuevo reglamento. El artículo 44 detalla qué cosas son consideradas infracciones, pero no especifica las consecuencias de cometerlas.

4.- Gasto discrecional de recursos públicos con fines proselitistas

En palabras de Ana Cristina Ruelas^[5]:

Realmente nadie muerde la mano que le da de comer, si sabemos que el mayor ingreso de los medios es la publicidad oficial, pues entonces sabemos que quien realmente dicta las líneas editoriales es precisamente el gobierno.

Toda democracia requiere de medios de comunicación libres, por lo que el financiamiento del Estado debe ser, como mínimo, sospechoso.

En 2021, la Ley Chayote fue declarada inconstitucional por La Suprema Corte de Justicia^[6], lo que nos lleva al 22 de febrero de 2023, cuando el Congreso aprobó lo que se conoce como Plan B^[7], llamado así por ser una versión menos ambiciosa de una serie de reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que fueron rechazadas a finales del 2022.  

Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 han señalado que “la Ley General de Comunicación Social mantiene las condiciones para censura sutil y falta de transparencia”, y que los aspectos inconstitucionales de la Ley Chayote, lejos de ser atendidos, permanecen en el corazón de la nueva reforma. ^[8]

Es necesario recordar que, los siguientes artículos de la Ley General de Comunicación Social, estipulan las demarcaciones a seguir dentro de la legalidad. El seguimiento de dichas consignas es vital para la protección de las audiencias expuestas a campañas de comunicación, por lo que inquirimos que el historial de modificaciones a la Ley, por parte del gobierno representa un quiebre en el ejercicio de soberanía.

B. Situación actual del problema

Características del modelo de comunicación de la 4T

En su primer discurso como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador declaró oficialmente iniciada la Cuarta Transformación del país, un proceso que describió como “una transformación política y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical”^[9].

Es indiscutible que la llegada de AMLO al poder ha significado una revolución en la comunicación política, pues a la par de Trump, ha reescrito todo lo que expertos o profesores universitarios han enseñado sobre el tema^[10]. Para dimensionar la evolución que nos ha atravesado desde el 2018, hay algunos conceptos clave que debemos analizar.

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