La reforma energética

REFORMA ENERGETICA

El proyecto de dictamen de la reforma energética que se discutió el domingo en el Senado, abre la puerta para que el Gobierno mexicano pueda suscribir contratos con la inversión privada (IP) para la exploración y extracción de petróleo, y que las contraprestaciones para los particulares vayan desde dinero, utilidad compartida hasta la entrega de los hidrocarburos.

ManifestLas iniciativas de reforma energética de EPN, PAN y PRD

La propuesta, impulsada por el PRI y el PAN, plantea reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y es una combinación de las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y el partido blanquiazul. La iniciativa del PRD fue descartada ya que no plantea cambios constitucionales sino a las Leyes secundarias en materia energética.

El documento descarta la entrega de concesiones a particulares, y se limita a diferentes modalidades de contratos o licencias para la explotación y exploración de los recursos energéticos.

A pesar de la apertura a la explotación del sector energético, el proyecto plantea que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

El artículo Transitorio Segundo plantea que los derechos de los trabajadores del sector energético estarán a salvo y en ningún momento se menciona al Sindicato de PEMEX.

Los párrafos clave de la reforma al artículo 27 de la Constitución, así fueron planteados en el proyecto:

“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

Mientras

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