Ley Habilitante

LEYES HABILITANTES EN VENEZUELA

Las Leyes habilitantes en nuestro país se han sucedido desde el inicio de la Democracia luego del Golpe de Estado que derrocó al Presidente: General Marcos Evangelista Pérez Jiménez el 23 de Enero de 1958.

Solamente en el Gobierno de Raúl Leoni Otero, no se habilitó al Presidente de turno para dictar medidas o leyes a través de este mecanismo constitucional, que en la Constitución de la República de Venezuela, promulgada el 23 de Enero de 1961, aparecía en el Título VI, Del Poder Ejecutivo Nacional, Capítulo II, De las Atribuciones del Presidente de la República, Artículo 190, Numeral 8º: “Dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por ley especial”.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, producto de la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros fueron electos por votación popular el año 1999 y que se aprobó igualmente mediante referendo constituyente el quince de diciembre de 1999y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente, a los veinte días de ese mismo mes de diciembre de 1999, aparece en el Título V, De la Organización del Poder Público Nacional, Capítulo II, Del Poder ejecutivo Nacional, Sección Segunda, De las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la República, Artículo 236, Numeral 8º: “Dictar previa autorización por una ley habilitante decretos con fuerza de ley”.

Estas consideraciones ya han sido realizadas en diversas oportunidades en las ocasiones que fueron solicitadas por El Ejecutivo Nacional anteriormente durante los catorce años en los cuales ha gobernado la Revolución y una vez más como era de esperarse se han vuelto a presentar las discusiones de rigor por parte de quienes adversan al Gobierno Nacional, que a pesar de ser oposicionista y minoritaria (comprobado por las innumerables ocasiones en las cuales han resultado derrotados mediante el sufragio popular) mantienen la peregrina ilusión de que son mayoría y pretenden por tanto gobernar sin ser gobierno y no gobernando donde en realidad lo son (Gobernaciones de Amazonas, Lara y Miranda, así como las alcaldías donde salieron triunfantes en las anteriores elecciones municipales).

Es el caso que siempre que el Gobierno Revolucionario ha solicitado a la Asamblea Nacional poderes habilitantes, han sido para tomar medidas que han beneficiado a la población general (tanto las de más bajos recursos, como a la llamada clase media y aún a quienes poseen grandes recursos económicos, como son los Banqueros, los Comerciantes e Industriales: pequeños, medianos y grandes que se han aprovechado de dichas medidas).

En esta ocasión se piensan tomar medidas legales que ayuden a controlar dos enormes males que afectan a nuestra patria desde hace muchísimo tiempo: la Corrupción que es innata del ser humano y que nació con la especie humana (si existe alguna duda debe hurgarse en la historia de la humanidad) y la Inflación-Especulación-Defraudación de las Divisas Nacionales (desde el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez Rodríguez). Este problema que se ha convertido en cíclico y que es característico del Sistema Capitalista, puesto que en otras naciones se ha presentado y se presenta con cierta regularidad por la presión que ejercen los entes financieros nacionales e internacionales, sobre la economía de los diversos estados, aún los más capitalistas como son los Estados Unidos de Norteamérica y los Países Europeos, cuyas economías han sido sacudidas recientemente por las olas de recesión que han hecho temblar hasta sus cimientos los Gobiernos de muchos de estos países (Islandia, España, Italia, Grecia, Portugal) que ha llevado a tomar medidas desesperadas obligados por el Fondo Monetario Internacional, como otrora hacían con nuestros países, en décadas pasadas (años 80 y 90).

En nuestro país se han provocado salidas inmensas de capital (divisas), por parte de quienes han detentado y aún detentan, el poder económico desde siempre (la oligarquía terrófaga y financiero-comercio-industrial, nacional y transnacional).

Es conveniente prevenir sobre la práctica abusiva del Sistema financiero (Bancos y Seguros) de colocar tasas de interés sumamente elevadas, que obligan a quien solicita un crédito a obtener ganancias que superen los montos que debe cancelar como intereses bancarios o como primas en el caso de las Pólizas de Seguros y ello trae como consecuencia que se deban inflar los precios de los bienes y servicios, pues al final de la cadena siempre se encuentra el consumidor. Por ello en las leyes promulgadas debe considerarse la regulación de las tasas de interés, para no producir un efecto de “bola de nieve” que siempre repercute negativamente en los consumidores y en el índice inflacionario, que es lo que se quiere abatir (la famosa práctica de los comerciantes, de utilizar este argumento como trampolín del aumento exagerado de los precios).

Igualmente se viene utilizando desde hace mucho tiempo la excusa del llamado: COSTO DE REPOSICIÓN DELA MERCANCÍA, que viene siendo una “CORTINA DE HUMO” para elevar arbitrariamente los precios y al igual que el caso anterior mantiene la espiral inflacionaria, por la expectativa de la próxima compra, que según los comerciantes e industriales será mayor, sin verdadera objetividad, pues son cálculos ficticios y totalmente especulativos que efectúan quienes se dedican a estas actividades, abusando del público y de las autoridades en su buena fe (las reiteradas ofertas engañosas y el apresuramiento mediante el rumor para que el comprador adquiera un bien o un servicio en el momento pues el día de mañana tendrá un precio superior, como se ha hecho a lo largo de los últimos años).

El tema del transporte es algo crucial de resolver, puesto que muchos de los alimentos se producen muy lejos de donde se consumen y se da el caso, como es el pescado que desde los centros de producción son enviados a Caracas y desde allí son reenviados a los Estados, donde se ha logrado su captura, perdiéndose la ventaja de la frescura del producto e incrementándose exageradamente el precio, haciéndolo inaccesible a la población menos pudiente, Igualmente se ha detectado la venta en alta mar de los productos marinos a precios internacionales, por pescadores que han sido beneficiados por el Gobierno Nacional con equipos, entre ellos embarcaciones y aperos de pesca, así como créditos a muy bajo interés, para que luego vendan el producto a barcos nacionales o extranjeros y para colmo comercien con las divisas en el mercado paralelo, causándole un daño doble a la nación y a sus habitantes (ello debía tomarse en cuenta, para actuar sobre dichas mafias, con todo el peso de la ley).

En varias oportunidades

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