Marco jurídico y administrativo de la policía administrativa en Venezuela

MARCO JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA POLICÍA ADMINISTRATIVA EN VENEZUELA.

José Fernández Ruiz C.I. 14.03301

INTRODUCCIÓN.

La seguridad nacional es un pilar esencial para el desarrollo y la estabilidad de cualquier país. En Venezuela, la policía administrativa y los cuerpos de investigación penal desempeñan un papel crucial en la protección de la soberanía, la integridad territorial y el bienestar de la población. La policía administrativa se encarga de la prevención y control de delitos, mientras que los cuerpos de investigación penal se dedican a la investigación y persecución de los delitos cometidos. Ambos cuerpos trabajan en conjunto para garantizar la seguridad y el orden público en el país.

El marco jurídico y administrativo que regula la actuación de estos cuerpos es complejo y multifacético, abarcando una amplia gama de leyes y normativas que establecen las competencias, responsabilidades y procedimientos que deben seguir en el ejercicio de sus funciones. Entre las leyes más importantes se encuentran la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB), la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN) y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Estas leyes proporcionan el basamento legal necesario para la actuación de los cuerpos de policía administrativa y de investigación penal, así como para el empleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en funciones de policía administrativa y de apoyo a la investigación penal.

La FANB, además de sus funciones de seguridad y defensa, juega un papel crucial en la cooperación con los cuerpos de policía administrativa y de investigación penal. Bajo ciertas circunstancias, la FANB puede intervenir en funciones de policía administrativa y de investigación penal, siempre y cuando se respeten los procedimientos legales establecidos. Esta cooperación es fundamental para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante situaciones que amenacen la seguridad y el orden público.

Este trabajo tiene como objetivo analizar en detalle el marco jurídico y administrativo que regula la actuación de la policía administrativa y los cuerpos de investigación penal en Venezuela, así como el rol de la FANB en estas funciones. A través de un análisis exhaustivo de las leyes y normativas vigentes, se busca proporcionar una comprensión integral de las competencias, responsabilidades y desafíos que enfrentan estos organismos en el contexto venezolano. Además, se presentarán ejemplos específicos de actuaciones acordes y no acordes con el marco legal, con el fin de ilustrar la importancia de la correcta aplicación de las leyes para garantizar el respeto de los derechos humanos y la eficacia en la prevención y represión del delito.

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La historia del marco jurídico y administrativo de la policía administrativa en Venezuela es un relato de evolución y adaptación a lo largo de los siglos, influenciado por diversos eventos históricos y cambios políticos. Durante la época colonial, el sistema jurídico venezolano estaba basado en las leyes españolas, incluyendo las Leyes de Indias y otras normativas emitidas por la Corona Española. Estas leyes regulaban la vida social, económica y política en las colonias, estableciendo un orden que perduraría hasta la independencia (Pérez, 2010).

Con la independencia de Venezuela en 1811, se promulgó la primera Constitución del país, que estableció los principios básicos de la nueva nación. A lo largo del siglo XIX, Venezuela adoptó varias constituciones, cada una reflejando los cambios políticos y sociales de la época. Estas primeras constituciones sentaron las bases para el desarrollo de un sistema jurídico propio, aunque todavía influenciado por las tradiciones legales españolas (Pérez, 2010).

En el siglo XX, especialmente después de la dictadura de Juan Vicente Gómez, Venezuela experimentó una serie de reformas legales y administrativas. La Constitución de 1961 fue un hito importante, estableciendo un marco democrático y garantizando derechos fundamentales. Esta constitución introdujo importantes reformas democráticas y fortaleció el sistema judicial, promoviendo la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, durante la dictadura de Gómez, se suprimieron los juicios por jurado y se centralizaron los procedimientos legales, limitando las garantías judiciales y los derechos de los ciudadanos (Pérez, 2010).

Con la llegada del Cmdte Supremo Hugo Rafael Chávez Frías al poder en 1999, se promulgó una nueva Constitución, conocida como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta Constitución introdujo cambios significativos, incluyendo la creación de nuevas instituciones y la redefinición de los derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución de 1999 amplió los derechos sociales y económicos, y estableció mecanismos de participación ciudadana directa, como los referendos y las asambleas populares (Asamblea Nacional Constituyente, 1999) (Pérez, 2010).

El marco jurídico actual de Venezuela está compuesto por la Constitución de 1999, leyes orgánicas, leyes especiales y reglamentos que regulan diversos aspectos de la vida nacional. Entre las leyes más importantes se encuentran la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB) y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN). La LOSPCPNB establece las competencias y responsabilidades de los cuerpos policiales, promoviendo la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos (Pérez, 2010).

El régimen jurídico y administrativo de la policía administrativa en Venezuela está regulado principalmente por la LOSPCPNB y la LOSN. Estas leyes establecen las funciones, competencias y responsabilidades de los cuerpos policiales. Por ejemplo, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) realiza operativos de seguridad en áreas urbanas para prevenir delitos y proteger a los ciudadanos, siguiendo los procedimientos establecidos en la LOSPCPNB (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2008). Sin embargo, ha habido casos en los que cuerpos policiales han realizado detenciones arbitrarias sin seguir los procedimientos legales establecidos, violando los derechos fundamentales de los ciudadanos (Pérez, 2010).

Los cuerpos de policía administrativa y de investigación penal actúan bajo el marco legal establecido por la LOSPCPNB y el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Estas leyes definen las competencias y procedimientos que deben seguir los cuerpos policiales en sus funciones de prevención, investigación y represión del delito. Por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) lleva a cabo investigaciones siguiendo los procedimientos del COPP, recolectando pruebas de manera legal y respetando los derechos de los sospechosos (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz) (Pérez, 2010).

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) puede ser empleada en funciones de policía administrativa bajo circunstancias especiales, como lo establece la LOSN. Esta ley permite la intervención de la FANB en situaciones que amenacen la seguridad y el orden público (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2002). Por ejemplo, durante un desastre natural, la FANB puede ser desplegada para mantener el orden y asistir en labores de rescate y ayuda humanitaria, actuando conforme a la LOSN (Ministerio del Poder Popular para la Defensa) (Pérez, 2010).

La FANB también puede actuar como órgano de investigación penal con competencias especiales en casos específicos. Esta función está regulada por la LOSN y el COPP, que establecen los procedimientos y limitaciones para su actuación en investigaciones penales (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2002). Por ejemplo, en un caso de terrorismo, la FANB puede colaborar con el CICPC para investigar y neutralizar la amenaza, siguiendo los procedimientos legales establecidos (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz). Sin embargo, ha habido casos en los que la FANB ha realizado investigaciones penales sin coordinación con los cuerpos de investigación competentes, violando los procedimientos legales y generando conflictos de competencia (Pérez, 2010).

Además de sus funciones de seguridad y defensa, la FANB puede apoyar a los cuerpos de investigación penal en la recolección de pruebas, detención de sospechosos y otras actividades relacionadas con la investigación de delitos. Este apoyo está regulado por la LOSN y otras normativas pertinentes (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2002). Por ejemplo, la FANB puede proporcionar apoyo logístico y de inteligencia al CICPC en una operación contra el narcotráfico, facilitando la captura de líderes de carteles y la incautación de drogas (Ministerio del Poder Popular para la Defensa) (Pérez, 2010).

El marco jurídico y administrativo de la policía administrativa en Venezuela es complejo y multifacético, abarcando una amplia gama de funciones y responsabilidades que son esenciales para la seguridad y estabilidad del país. La correcta aplicación de las leyes y normativas es fundamental para garantizar el respeto de los derechos humanos y la eficacia en la prevención y represión del delito. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aunque principalmente dedicada a la defensa nacional, también juega un papel crucial en funciones de policía administrativa y de apoyo a la investigación penal. Sin embargo, es vital que su actuación se ajuste estrictamente a los marcos legales establecidos para evitar abusos y garantizar la justicia y el orden en la sociedad venezolana.

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