Medios De Comunicacion Masivo Venezolano

Hegemonía:

Es un concepto que refiere a la existencia de una diversidad en la sociedad, dentro de la cual ocurre el predominio de uno de los integrantes de ella sobre los otros. Pero esta situación hegemónica no implica en modo alguno la desaparición de las diferencias o de la diversidad en sí, sino por el contrario, el mantenimiento de las mismas bajo un consenso en el cual las partes aceptan, no sólo la diversidad, sino las reglas de juego dentro del cual esa unidad de lo diverso podrá ser reproducida. Capaz de intimidar a los adversarios y dirigir a los aliados con la fuerza de las ideas y los instrumentos de la política.

Podemos definir hegemonía como un amplio conjunto de estrategias prácticas a través de las cuales un grupo obtiene consenso para su dominio por parte de aquellos que se encuentran a él subordinados.

Grupos hegemónicos:

Son los medios masivos de comunicación utilizados por una elite o clase dominante que controlan a la gran parte de los medios masivos para brindarle a la sociedad una información distorsionada y falsa para así ejercer el dominio, el control de las masas o el control social. Estos medios masivos de comunicación nos obligan a vivir en una falsa realidad o en una realidad impuesta por los grupos dominantes no por falta de razonamiento sino por falta de conocimiento y como nos han impuesto un estereotipo y un modelo a seguir y, así podamos pensar, vestirnos hablar, educarnos y comunicarnos como éste grupo controlador nos antepone, sin llegar a darnos cuenta que estamos viviendo una falsa realidad y nos brindan información que no es la real. Los grupos hegemónicos se apropian de los recursos que permiten reproducir su posición, en la medida y al ritmo que se reproducen la sociedad a su imagen y semejanza: la comunicación es uno de esos recursos.

Entre los medios de comunicación masivos podemos mencionar al cine, la radio y la televisión.

Conflicto entre los intereses públicos generales e intereses comerciales-religiosos:

El conflicto entre los intereses públicos generales que bien podríamos llamar confusión de intereses y de poderes, o mejor aún un indiscutible dominio de los intereses privados sobre los intereses públicos está convirtiéndose en una dimensión general y global de las democracias actuales, que puede llevar a la banalidad tanto al carácter liberal como a la forma representativa: al disminuir la información libre y, al mismo tiempo, debilitar la separación entre política y negocios, entre esfera pública e intereses privados, que es el presupuesto elemental de la representación política que representa a la generalidad de los ciudadanos y a los intereses generales. El desarrollo de los movimientos populares de clase y el crecimiento del socialismo no pasan desapercibidos para la Iglesia Católica de Venezuela. Los reclamos de los distintos entes de las comunidades y las inquietudes sociales que en ellos se manifiestan, así como las acciones reivindicativas del pueblo organizado para imponerlas, alarman a la Iglesia , instrumento al servicio de las clases dominantes. Las asociaciones y cofradías existentes hasta la fecha tenían más bien un carácter mutualista, de socorros, de limosnas, de ayudas. La Iglesia, ante las nuevas realidades del movimiento Revolucionario, se encuentra obligada a transformar el sistema de sus organizaciones dándoles unidad e imprimiéndoles un espíritu más combativo. Jamás, seguramente, en ninguna otra época dicen los Obispos, se ha visto tan grande multiplicidad de asociaciones, sobre todo la asociación del pueblo organizado. Las organizaciones católicas, profesionales, “amarillas”, al servicio de la oligarquía, manejadas por la Iglesia, juegan su papel de traición a los intereses de clase del pueblo. La burguesía acude a la Iglesia para utilizar su influencia ideológica y contrarrestar el proceso político y reivindicador del movimiento popular; su adhesión a los principios del socialismo, en el que encuentra el pueblo el camino de su verdadera liberación social. Lo que se vio en la pantalla de los canales privados.

El golpe de Estado:

Los prestadores de servicio de televisión, dividió la pantalla durante la difusión de un mensaje oficial de la entonces ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias. Además, se insertó un mensaje en el que declaraba como ilegales las transmisiones en cadena del Estado, violando el artículo 192 de la LOTEL que obliga la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales. (10-04-02).

Se Difundió la falsa noticia, declarada como “rumor”, sobre la supuesta retención del Presidente de la República por parte de un grupo de generales que le estarían pidiendo la renuncia (11-04-02). Se Insertó en la pantalla, repetidamente, el mensaje “Ni un paso atrás” haciendo referencia a las consignas políticas que vociferaban quienes asistían a la marcha del 11 de abril, en una evidente muestra de difusión de propaganda política anónima. La programación durante el 11 de abril fue de exclusiva cobertura a los hechos relacionados con la marcha de la oposición mediante reseñas desde los lugares de concentración, entrevistas a personajes de la oposición, tanto desde el estudio como desde la calle. Sus noticieros, no dieron cabida a la difusión de otras voces que tuvieran posiciones afines al gobierno bolivariano, por el contrario, privilegió la de voceros que alentaban la actuación opositora. Se dividió, en un nuevo desafío a la normativa legal, la pantalla durante la alocución presidencial del 11 de abril. Se Difundió simultáneamente los sucesos acaecidos durante ese día, con un claro objetivo de asociar la figura del primer mandatario con las muertes de civiles; matriz informativa que instauraron los medios de comunicación privados luego de la tragedia.

El paro petrolero:

Otro episodio de la relación medios-Estado lo constituyó el paro petrolero convocado por el gremio empresarial de Fedecámaras, la coalición opositora Coordinadora Democrática, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y un grupo de trabajadores de PDVSA durante diciembre de 2002 y enero de 2003. Sólo que esta vez la conducta política de los medios privados y sus presuntas violaciones a la ley produjeron la reacción de varias instituciones públicas en respuesta a sus obligaciones de garantizar el estado de derecho. Se encargaron,

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