Politica Social Durante El Sexenio De Carlos Salinas

Las visitas del Papa Juan Pablo II hicieron evidente la incapacidad del Estado para aplicar la legislación. Además, en distintos estados de la República, la Iglesia se convirtió en un importante promotor de severas críticas al carácter autoritario del régimen político vigente en México.

Durante la década de los ochenta, la Iglesia, especialmente líderes de la Conferencia del Episcopado Mexicano como Ernesto Corripio Ahumada, lanzaron una serie de retos a la legislación vigente en el país que alcanzaron un punto álgido cuando en 1986, en el contexto de la elección en el estado de Chihuahua, los obispos de ese estado amenazaron con organizar, como durante la Guerra Cristera, una huelga de cultos. [cita requerida]

La huelga fue impedida por la intervención del entonces delegado apostólico Girolamo Prigione, pero evidenció--por una parte--la incapacidad del Estado para subordinar a la Iglesia y, por la otra, los severos problemas de legitimidad que el régimen enfrentaba. [cita requerida]

Salinas advirtió la dimensión del reto planteado por la Iglesia y fue así que inició una política de acercamiento que incluyó, primero, como candidato presidencial, una serie de visitas a los obispos mexicanos en sus lugares de origen. Después de la elección, la Iglesia ofreció a Salinas un gesto simbólico cuando tres prelados (Ernesto Corripio Ahumada, Genaro Alamilla Arteaga y Girolamo Prigione) acudieron a la toma de posesión de Salinas el 1 de diciembre de 1988. A partir de ahí se iniciaron una serie de acercamientos y negociaciones que culminaron en 1992.

Fue en ese año que el Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28 y 130 de la Constitución. Las reformas, apoyadas por una abrumadora mayoría de diputados y senadores del Congreso electos por los tres principales partidos políticos de México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática) modificaron de manera radical los términos de la relación con las iglesias, especialmente con la católica. El siguiente paso ocurrió cuando se reanudaron, luego de más de un siglo de estar interrumpidas, las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede para dar paso, finalmente, a la promulgación de nuevas leyes reglamentarias de las relaciones Estado-iglesias.

Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Santo Padre Juan Pablo II en su condición de Jefe del Estado Vaticano, durante la tercera visita a México del pontífice en el estado de Yucatán, el 11 y 12 de agosto de 1993, siendo testigos Mons. Manuel Castro Ruiz, Arzobispo de Yucatán y Dulce María Sauri Riancho, Gobernadora del Estado de Yucatán.

La nueva legislación otorga personalidad jurídica a las iglesias y devolvió parcialmente los derechos políticos a los así llamados "ministros de culto", que ahora pueden votar. Sin embargo, la legislación mexicana aún desconoce el derecho de los "ministros de culto" a ser votados, además de que impone mecanismos muy restrictivos para el ingreso de personal religioso extranjero a México. La personalidad jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su capacidad para ser propietarias de bienes inmuebles y especialmente para ser propietarias u operar medios de comunicación electrónicos.

Salinas ha expresado en fechas recientes su insatisfacción con los resultados de la reforma, aunque nunca ofrece detalles del porqué de su insatisfacción por lo que observadores de la política mexicana estiman que se trata de una manera de admitir errores y evitar aparecer como intransigente ante la opinión pública del país que le reclama la insensibilidad con la que desarrolló algunas de sus políticas y, sobre todo, el descuido que él mismo

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