Problema Ambiental En Colombia

La Contralora general de la República desmiente y rectifica al Ministro del Medio Ambiente.

"Colombia está al borde de un desastre ambiental". Así lo sostiene categóricamente la contralora general de la República, Sandra Morelli.

La alta funcionaria enfrenta además, duramente, al ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe; lo ataca, lo rectifica y reafirma que Cerro Matoso no tiene licencia ambiental. Y advierte además que la eventual prórroga del contrato de explotación de ferro níquel "se caerá" si no tramita la licencia ambiental.

"Colombia firma todos los tratados de medio ambiente, de transporte de residuos tóxicos, de protección de los trabajadores en las zonas mineras, de controles al agua, de edad de los trabajadores; hace parte del observatorio informativo sobre la explotación del níquel; suscribe convenciones de medio ambiente de Kyoto, de Río de Janeiro, y los funcionarios parecen olvidar su carácter vinculante".

Pero el Ministro de Medio Ambiente dijo que las cumplía con creces...

No es así. En licencias ambientales estamos muy mal. El Ministro está equivocadísimo. Él no puede actuar como abogado y afirmar, sin que ello sea cierto, que ellos sí tienen licencia ambiental. Resulta que los permisos que invocan los concesionarios fueron declarados inconstitucionales por la Corte, y hubo también decisión del Consejo de Estado. Cerro Matoso no tiene licencia ambiental y no hace manejo adecuado del medio ambiente. La exploración y la explotación tienen trato jurídico distinto; no se ha pagado tasa de vertimiento, no tienen plan de manejo de aguas y nunca han tramitado ante el Ministerio un estudio de impacto ambiental y de mitigación de ese impacto. No es una mera información de que van a explorar, como la que presentaron desde 1981. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado declararon la inconstitucionalidad de los decretos que establecían el llamado Dema (Documento de evaluación y manejo ambiental). Luego hubo prórrogas y adiciones contractuales y se siguió con los mismos permisos, a pesar de que ya se había promulgado la Ley 99 de 1993, o sea, la ley ambiental.

¿Qué riesgos corre Cerro Matoso si no gestiona su licencia ambiental?

No tener licencia ambiental genera la caducidad de contrato, y en vez de estar alegando con la Contraloría, deberían empezar los trámites rapidito.

¿En la negociación de prórroga se debe incluir la exigencia de la licencia?

Eso no se puede negociar; no podemos negociar las leyes. Si no hay licencia, no puede haber contrato. Es muy duro decirlo, pero no me lo inventé yo. Afirmo categóricamente: no tienen licencia. Y mientras no la tengan, no puede haber prórroga. Pretermitir la licencia puede originar responsabilidad disciplinaria.

¿Contra Cerro Matoso o contra el Ministro?

Contra los dos. El Procurador pidió todas nuestras actuaciones y él investiga. Tiene serias preocupaciones, como las tiene el Defensor del Pueblo, sobre los efectos nocivos contra la comunidad, porque se sabe que hay residuos posiblemente tóxicos, y no se conocen los efectos; eso internacionalmente podría generar serias sanciones. Recuerde que el Consejo de Estado planteó adaptar el contrato a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia ambiental, minera y social.

¿Lo que usted dice puede interpretarse como una amenaza al Ministro?

No. Lo que quisiera recordarle al Ministro y también pedirle al Gobierno es que entienda que la legalidad nos somete; es un yugo que obliga al Gobierno, obliga a Cerro Matoso, obliga al Ministro y me obliga a mí. No es que yo sea mala ni el Procurador sea malo, que ellos son buenos y amigos del desarrollo y nosotros los perseguimos. Es que la ley se debe cumplir.

¿Concretamente, Cerro Matoso a qué se expone?

A que un juez declare la caducidad del contrato. La obligación de la licencia surgió desde 1993 y nunca hicieron los trámites para obtenerla. No es solamente un tema semántico; el permiso con que ellos funcionan era el Dema, que fue declarado inconstitucional por la Corte en 1998; es decir que desapareció del orden jurídico, y no es una licencia ambiental. Lo digo claramente: si no se consigue la licencia ambiental, el contrato se caerá en los tribunales.

¿Ante quién se tramita la licencia?

Ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Pero si el Ministerio dice que no la necesita porque la tiene, ¿qué se hace?

Cerro Matoso está en esa encrucijada. El Ministro les quería facilitar la prórroga y parece que les va a terminar haciendo un daño.

¿Pero a quién le debe creer Cerro Matoso: a usted o al Ministro?

Al ordenamiento jurídico. Yo estoy segura de lo que digo. Además, en Cerro Matoso no sabemos qué pasó con el ferro, o sea, el hierro. Tuvieron licencia para explotación de níquel, nunca para hierro. Y no están pagando regalías por la explotación de hierro. Estamos revisando eso.

¿El problema de medio ambiente en el país está limitado a este asunto?

No, no, no. Tenemos realmente un problema ambiental serio en el país: Santa Marta, Cartagena, El Cerrejón en La Guajira, la minería del Cesar...

¿Cómo va el problema de la bahía de Santa Marta?

Hay mal manejo de aguas, transporte descubierto de carbón, barcazas no permitidas en la zona. Cuando vierten el carbón en estas viejas embarcaciones con banderas de países muy raros, están contaminando playas y mar. A eso súmele que el río Manzanares

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