Proyecto democratico y realidad social
F4cund0Ensayo9 de Febrero de 2022
3.396 Palabras (14 Páginas)120 Visitas
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
MISIÓN SUCRE
ALDEA UNIVERSITARIA JUAN BAUTISTA CASTRO
PNF COMUNICACIÓN SOCIAL
TRAYECTO INICIAL PROYECTO NACIONAL Y NUEVA CIUDADANÍA
PROYECTO DEMOCRÁTICO Y LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICA
1999-2021
4to TRABAJO
PROF: HENRY SOSAYA MARÍA T. HERNÁNDEZ C. C.I V10.630.478
JUNIO, 2021
Índice
Pág. | |
Introducción………………………………………………………………………………. | 3 |
Antecedentes……...…………………………………………………………………......... | 4 |
Gobierno De Hugo Chávez.……………………….………………………………............ | 5 |
Proceso Político……………………………………. ……………………………………. | 6 |
Planes De La Patria ………………………….…………..………………………………. | 7 |
Nicolás Maduro Moros……………………….…………………………………………. | 9 |
Aspectos resaltantes en la política del gobierno de Nicolás Maduro…………………….. | 10 |
Conclusión ……………………………………………………………………………….. | 14 |
Bibliografía……………………………………………………………………………….. | 15 |
INTRODUCCIÓN
Conscientes de los hechos transcendentales, que, se vivió en Venezuela en la década de los ochenta y noventa, en donde se vivieron sucesos históricos que marcaron el rumbo y el devenir de esta nación; que de una u otra manera sirvieron como factor de cambio en la forma de pensar y ver las cosas de los habitantes de este hermoso país llamado Venezuela.
Hay que buscar en el pasado las causas del presente y construir de esta manera las condiciones del futuro. Las actividades humanas son el resultado de las relaciones de factores políticos, económicos, sociales y culturales, y es precisamente a partir de esas relaciones que intentamos promover el estudio de la historia, puesto que al fin y al cabo la historia es el conjunto de ésas interrelaciones.
Basados en los planteamientos anteriores expondremos en líneas generales las tendencias futuras de nuestro país en los aspectos políticos, económico, social y educativo- cultural, pero antes haremos un diagnostico general de la situación actual.
Es importante presentar una visión basada en la comprensión del pasado y en el conocimiento del presente. La nación cuenta con planes concebidos a largo plazo que, sumado a la experiencia histórica acumulada, deberán definir la orientación del desenvolvimiento de las relaciones políticas, económicas, sociales y educativas culturales. Sin olvidar que el mundo actual avanza vertiginosamente, debemos mantener las políticas que han dado resultados positivos, tampoco hay que olvidar que todo cambio lleva tiempo. Invito de esta manera a revisar algunos aspectos del proyecto democrático y la realidad socio - política desde el año 1999 hasta el 2021.
ANTECEDENTES
El Presidente Carlos Andrés Pérez, proclamó la nacionalización de la industria del hierro y del petróleo, en ese momento la economía venezolana aprovechó los altos precios del petróleo durante la crisis petrolera de la década de 1970 y del superávit que esta le proveía; esto fue el detonante para que se nacionalizara las industrias básicas y se endeudara con el exterior en una época conocida como la "Venezuela Saudí".
En 1981 y 1982 el crecimiento fue prácticamente nulo, y para 1983 la deuda externa se tornó impagable, por lo que el gobierno del Presidente Luis Herrera Campins se vio obligado a devaluar la moneda en el episodio conocido como el "Viernes Negro". Desde ese momento y hasta finales de la década de 1990, la crisis económica fue una vorágine de sucesivas devaluaciones y una volatilidad inflacionaria, lo que llevó a que se perdieran miles de empleos y el país cayera en una grave situación de pobreza, de la cual algunos economistas y políticos creen que el país no se ha recuperado completamente.
Un control de precios instaurado por el Dr. Jaime Lusinchi, devinieron en corrupción administrativa y mercado negro de bienes y divisas. Sin embargo, la quiebra estructural del mercado interno, la falta de soberanía económica y alimentaria, generó una escasez gradual.
El 4 de diciembre de 1988 resulta elegido (por segunda vez) Carlos Andrés Pérez, con un discurso populista que apelaba a la justicia social, así como el recuerdo de la bonanza vivida en su gobierno. Con este respaldo electoral, el gobierno de Pérez buscó liberalizar la economía, a diferencia de su primer gobierno, imponiendo su desregulación a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico" incluyendo decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos, privatizaciones y política social.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y medidas económicas. El 26 de febrero de 1989 el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30 % de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30 % a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100 %.
Las medidas impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza originaron protestas populares, saqueos y la posterior masacre perpetrada el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación.
Durante los años 90, el estancamiento económico se agudizó, generando el desprestigio de la clase política venezolana y el creciente apoyo a políticas más radicales, es así que el 4 de febrero de 1992, se desarrolló un intento de golpe, el cual fue ejecutado por un grupo de militares contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. El intento golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Entre los oficiales rebeldes que comandaron esta maniobra se encontraban, principalmente, cuatro tenientes coroneles del ejército. Este evento transformó radicalmente la vida política venezolana, introduciendo nuevos actores en la escena.
GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ.
Fue electo en 1998 por los partidos: Movimiento V República (MVR), Causa R, MAS, PPT, y otros partidos.
Durante la campaña electoral Chávez insistió en la necesidad de promulgar una nueva constitución nacional. El pueblo así lo entendió y le concedió un amplio apoyo absoluto, durante su juramentación el 2 de febrero de 2000, lanza una frase lapidaria al decir “juro ante esta moribunda Constitución”, es aquí donde se inicia el proceso para el cambio de la constitución y dar inicio a la refundación de la república. En un decreto presidencial se fijan los criterios para elegir las personas que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo único objetivo era redactar la nueva constitución.
El nuevo texto constitucional se ratificó mediante un referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1999. El 30 de julio del 2000 es llamado nuevamente el pueblo para una consulta electoral y Hugo Chávez Frías resulto elegido de nuevo para un período de 6 años.
PROCESO POLÍTICO.
Con la entrada en vigencia de la nueva constitución, se buscaba rescatar la legitimidad del Estado y de sus instituciones, recuperando así la moral pública, la eficiencia y eficacia de la función administrativa, características complementarias e indispensables para superar la crisis de credibilidad y de gobernabilidad que se había instaurado en el país en las últimas décadas.
Se da un paso importante, ya que se consagra la distribución vertical del Poder Público: Poder Municipal, Estadal y Nacional; colocados en este orden según su cercanía con el ciudadano, sujeto protagónico de este modelo de democracia participativa, ya que a partir de ese momento la Soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo, según lo indicado en el artículo 5 de la CRBV.
En lo que respecta a la distribución horizontal del Poder Público Nacional se incorporaron, además de las funciones tradicionales, la innovación de los denominados Poder Electoral y Poder Ciudadano. La razón de esta novedosa inclusión se entiende en un contexto social y político en el cual se dan signos claros del respeto a la independencia y autonomía funcional de la que debe gozar los órganos encargados de desarrollar las funciones respectivas, para facilitar la recuperación de la legitimidad perdida en terrenos tan delicados como el de los procesos electorales, así como el de la función contralora y la defensa de los derechos humanos.
...