Reforma Educativa

La promulgación de las tres leyes secundarias de la reforma educativa por parte del presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una de las transformaciones que más urgen al país: alcanzar mayor calidad en la instrucción que reciben millones de estudiantes mexicanos.

Para ello, como bien señala la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, la evaluación y permanente capacitación de los profesores es indispensable.

Con la vigencia de las nuevas leyes General del Servicio Profesional Docente, General de Educación y la que otorga nuevas atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sistema educativo mexicano retomará la rectoría del quehacer educativo al contar con un nuevo marco jurídico que permitirá la evaluación de poco más de un millón 300 mil profesores de educación básica y media con esquemas diferenciados, proceso en el que los mentores conservarán sus derechos, pero a la que deberán presentarse por ley.

Además se contará con un Sistema Nacional de Evaluación que estará a cargo del INEE, institución que ya es autónoma y que establecerá las directrices para hacer la evaluación de manera objetiva, con la participación de expertos y autoridades, y no tendrá carácter punitivo, ya que se reconocen los contextos diferentes que prevalecen en las entidades de la República.

Así, y luego de un proceso legislativo complicado y con la movilización de miles de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen a la reforma, los distintos actores que participan y tienen responsabilidad en el quehacer educativo admitieron que esta reforma era urgente y su aprobación es por el bien del país, al reconocer en la Constitución el derecho a la calidad educativa que recibirán millones de estudiantes una vez que entre en vigencia de manera completa.

Lo verdadero y lo falso

Pese a la claridad con que fue redactada la reforma, fuentes anónimas han propagado entre la ciudadanía falsedades y rumores que intentan tergiversar las intenciones y objetivos de la iniciativa.

Se afirma, por ejemplo, que “muchos maestros serán corridos y perderán sus empleos”, cuando la realidad es que el gremio educativo está cualificado y facultado para hacer valer los derechos adquiridos por los profesores.

Si como maestro cumplen con las evaluaciones y acuden a los cursos de capacitación y actualización, sus derechos seguirán vigentes y no corren ningún riesgo de ser violados, como bien apuntan fuentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mucha gente se pregunta también quién garantiza que el gobierno federal cumplirá con lo que se establece en la reforma educativa.

En este sentido la reforma deja en claro que son los propios profesores y su sindicato quienes impulsarán

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