Segregacion Urbana Y Social

Bibliografía:

“http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(118).htm”

Síntesis:

Los barrios cerrados son áreas residenciales cerradas por muros y barreras que cuentan con vigilancia las 24 horas del día. Los dispositivos de seguridad impiden el libre acceso a ellos por parte de los no residentes. Estos nuevos emprendimientos urbanos han sido diseñados con la intención de proveer seguridad a sus residentes y prevenir la entrada de personas desconocidas a los mismos. La privatización del espacio urbano, anteriormente público, es lo que los distingue como nuevo fenómeno residencial urbano. Esta privatización se encuentra avalada por legislación ad-hoc.

jidisponible para la realización de este tipo de emprendimientos. Esto ha generado un importante cambio en los patrones de uso del suelo urbano, ya que anteriormente eran los barrios construidos con subsidios estatales, destinados a los grupos sociales de menores ingresos, los que se ubicaban en la periferia de la ciudad.

Por otra parte, los barrios cerrados generalmente se encuentran ubicados cerca de vías rápidas de circulación para facilitar el desplazamiento desde el lugar de residencia hacia las áreas centrales de la ciudad donde se desarrollan las actividades cotidianas. Asimismo, al estar localizados en zonas periféricas de la ciudad, en muchas ocasiones, los barrios cerrados se encuentran cerca de villas inestables, lo que hace que los contrastes sociales se tornen más evidentes.

Los barrios cerrados no están dirigidos hacia un grupo socioeconómico homogéneo. Sin embargo, en el caso de los países latinoamericanos, generalmente sus residentes pertenecen a los sectores sociales medio-altos y altos y, finalmente, se trata de ambientes bastante homogéneos.

Bibliografía:

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/SegreUrb.htm

Síntesis:

La literatura sociológica considera la segregación urbana como la combinación de disparidades sociales y geográficas para los diferentes sectores de la población.

Es el resultado de disparidades sociales que después se manifiestan en desiguales condiciones de vivienda, con desiguales infraestructuras y servicios (atención médica, comercio, comida, comunicaciones, transporte y educación). En un sentido amplio se incluyen otras condiciones ambientales desiguales, tales como acceso a espacios verdes, calidad del agua y del aire, riesgos de aluviones, etc.

Se consideran distintas formas de segregación: étnica, religiosa, económica, según profesiones, según nivel de educación y demográfica (edad y sexo).

Por ejemplo, segregación económica, significa que las personas con más altos recursos residan en las zonas ecológicamente mejores de la ciudad, mientras que las más pobres se encuentran ubicadas espacialmente en las zonas más degradadas y con menos infraestructura y servicios. La misma situación se presenta con respecto a condiciones religiosas, étnicas, demo-gráficas, etc.

Bibliografia:

http://www.clarin.com/arq/urbano/Buenos-Aires-ciudad-segregada_0_822517985.html

Sintesis:

Hasta los años ´80 el desarrollo urbano tendía a concentrar a la población de mayores ingresos en las áreas consolidadas y ofrecía gradientes de decrecimiento social y físico hacia la periferia. Así, los sectores medios aseguraban cierta distancia entre ricos y pobres, con espacios públicos de calidad en el centro y espacios deteriorados en los bordes.

La pobreza informal se recluía en aglomeraciones de áreas periféricas. Sin embargo, en la actualidad, muchos de los nuevos desarrollos residenciales de prestigio han abandonado sus barrios tradicionales de concentración para alojarse en zonas de periferia –sitio de residencia tradicional de los sectores pobres–, acortando las distancias entre sí en la disputa por el territorio.

Con menor separación física entre grupos sociales, se consagran marcados contrastes y una distribución asimétrica de oportunidades. El espacio público expresa las desigualdades urbanas en respuesta a esas fuertes diferencias sociales. Entonces, el proceso creciente de segregación de grupos pauperizados genera una periferia homogéneamente pobre. Más que por condiciones étnicas, migratorias, religiosas o etarias, la segregación residencial que afecta a Buenos Aires es predominantemente de carácter socioeconómico. Esto determina un distanciamiento social de la población en el territorio. En efecto, así planteada, esta segregación corresponde a un proceso de formulación de acuerdos colectivos.

Entonces, la segregación en la ciudad no trataría de un proceso espontáneo sino, por el contrario, de un proceso construido. Cuando se consolida la homogeneidad social en el espacio los efectos se tornan negativos, porque las minorías son excluidas y empujadas hacia áreas peores y se produce la desintegración social entre pobres, impulsados por el mercado de tierras.

La segregación residencial de Buenos Aires no resulta ser un proceso tendencial sino, por el contrario, provocado, inducido, planificado e instituido. Como este tipo de dinámicas está vinculado a la propia acción del Estado, existen pues oportunidades para operar con estrategias que tiendan al control de sus efectos.

La segregación genera problemas urbanos de accesibilidad y de falta de servicios y de equipamientos, y otros sociales derivados del aislamiento físico. Si bien las distancias sociales se han incrementado, en los mismos términos se han reducido las espaciales. Esta aproximación conduce a procesos de fortificación extrema de unos y de desintegración social de otros.

Buenos Aires debe asumir sus problemas crecientes de segregación residencial. Solo así podrá comenzar luego a aplicar programas de actuación en favor de una movilidad social ascendente que reoriente a las dinámicas urbanas y que promueva un mayor acceso a la ciudad, con una mayor interacción física entre grupos que comparten el territorio.

Cabe destacar que la provincia de Buenos Aires acaba de aprobar la denominada Ley de Acceso Justo al Hábitat. Esta disposición afecta a los emprendimientos privados con predios con más de 5.000 m2 de superficie, que deberán ceder “el 10 % de la superficie o su equivalente en dinero” para el desarrollo de viviendas sociales. De esta manera comienza a promoverse como política la mixtura social, la articulación entre las diferencias.

Fomentar la reintegración social y urbana es fundamental para el abordaje de la segregación en la ciudad. Sin embargo, en todos estos procesos hay un papel de liderazgo político en favor del derecho a la ciudad que el Estado indelegablemente debe asumir. De no ser así, deberemos resignarnos a vivir en una ciudad cada vez más fragmentada, más injusta, más violenta.

Bibliografia:

http://www.cecopal.org/NewFiles/Apertura49.html

Sintesis:

El traslado compulsivo de habitantes de villas y barrios empobrecidos a los márgenes de la ciudad, en el marco del programa Mi Casa/Mi Vida, está generando una fuerte reorganización urbanística donde el rol protagónico lo tiene el capital inmobiliario. Contra entrega de una vivienda llave en mano, de reducidas dimensiones y materiales de escasa duración, se despoja a miles de cordobeses del derecho a la ciudad y se perpetúa su condición de pobres, ya que a la exclusión social se le suma, ahora, la exclusión territorial.

Cuarenta años atrás, ante la propuesta de Mafalda de ofrecer trabajo y viviendas dignas a los pobres, Quino ponía en boca de Susanita la siguiente respuesta: “¿Para qué?, Bastaría con esconderlos”. Hoy son tantos los pobres que es prácticamente imposible ocultarlos, pero sin embargo se ha logrado, en buena medida, que “no perturben el paisaje urbano”.

Ese “logro” implicó, entre otras cosas, un cambio brusco en la organización espacial de la ciudad. Los pobres fueron desplazados, muchas veces en forma compulsiva, hacia nuevas urbanizaciones situadas en los márgenes y, por otro lado, florecieron, en las tierras más valorizadas, los countrys y barrios privados, uno de cuyos rasgos básicos es la homogeneidad social.

El proceso de exclusión territorial de las franjas sociales más desprotegidas se produce, muchas veces, de modo “natural”, como efecto de la propia lógica del mercado. Pero, en otras ocasiones, los gobiernos impulsan traslados forzosos de pobladores, en un claro avasallamiento del derecho al espacio urbano.

El traslado o relocalización forzosa de los sectores sociales más vulnerables hacia la periferia tuvo su expresión más notoria en la ciudad de Buenos Aires, durante la última dictadura militar. Allí la “erradicación de villas” y barrios pobres adquirió una brutalidad sin límites y Oscar Oszlak calcula que unas 300 mil personas fueron expulsadas, en esos años, de la Capital Federal. Era la época en que el titular de la Comisión Municipal de la Vivienda, Guillermo Del Cioppo, proclamaba que “vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que lo merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente”.

Tan traumático fue ese proceso que, ya en democracia, en la Capital Federal se le otorgó carácter de principio constitucional a la política de radicación de villas, es decir a la idea contraria a la erradicación.

La radicación busca, básicamente, asegurar la permanencia de los pobladores en los terrenos que ocupan, regulando el proceso de urbanización y garantizando la propiedad de la tierra. Claro que para que funcione no basta con distribuir ladrillos o bloques sino que es preciso,

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