Seguridad y Estadística en Venezuela

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

U/C PERSPECTIVA EMPIRICA EN EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

Prof. José Guerrero Leal

Nombre y Apellido: Marja L Núñez B  C.I 14385350  Sección: 8-6   Ambiente 03

ENSAYO

¿Es posible la expresión “Niveles aceptables de violencia y criminalidad en Venezuela”?.

Durante los últimos años los temas de convivencia y seguridad ciudadana comenzaron a ser vistos por los ciudadanos como un problema fundamental para ser solucionado por el Ejecutivo Nacional, convirtiéndose en un obstáculo más para el desarrollo social y económico del país, cuyos niveles aun se encuentran entre los más altos de la región.  Las estadísticas sobre criminalidad en Venezuela tienen como rasgo distintivo una marcada tendencia incremental que comienza en el año 1999; por su parte, las políticas públicas que ha diseñado el Estado venezolano para contener la situación han sido poco efectivas, pues ni siquiera han logrado revertir la mencionada tendencia.

Al mismo tiempo, también existe un problema sobre cómo se produce el diagnóstico de la situación de seguridad ciudadana a nivel nacional se ha convertido en una labor difícil, ya que no se cuenta con publicaciones estadísticas periódicas, estudios o investigaciones que develen tendencias y características de los sucesos delictivos o los factores de riesgo que impulsan la ocurrencia criminal.

El presente ensayo pretende dar una mirada general sobre el comportamiento de la violencia y la delincuencia en Venezuela con respecto a las soluciones aportadas por el Estado para su disminución y los cuales en reiteradas ocasiones han sido señaladas como exitosas en la reducción de los índices delictuales, centrando la mirada la cotidianeidad de la violencia teniendo como marco de referencia el contexto en el cual se halla inmerso el país.

Si bien la Seguridad como categoría conceptual es una construcción permanente de la vida cotidiana, su término se relaciona con una serie de elementos que también están en transformación constante entre los cuales podemos señalar Seguridad Nacional, Seguridad Humana, Seguridad Ciudadana entre otros. Desde el punto de vista jurídico también se han desarrollado en el país múltiples instrumentos que ayudan a regular la noción de “seguridad” en distintos ámbitos de aplicación respetando las garantías y tratados internacionales y el sistema democrático.

Internacionalmente pudiéramos mencionar el concepto de Seguridad Humana del PNUD que la define de forma amplia al contemplar no sólo la amenaza militar o delictiva sino que incluye aspectos tales como la calidad de vida, la privación humana, la violencia y las amenazas contras los derechos de las personas. Mientras que la OMS (2005), plantea que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, capaz de generar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. De esta forma, pudiéramos resumir, siguiendo los postulados sociológicos expuestos por Durkheim que la violencia es una consecuencia de la anomia provocada por la ausencia de normas o inobservancia de las mismas, en ese sentido, el delincuente funciona como un elemento de cohesión grupal que obliga a reflexionar a la comunidad sobre los valores y costumbres admitidos, en donde la penalización, es producto de la reacción de social ante el hecho delictual que unifica y ratifica las normas sociales.

Diversos son los estudios que han planteado la situación de la violencia en nuestro país, por ejemplo Delgado (1987) sostiene que la violencia está asociada a la conducta del individuo en relacion con la ineficacia institucional; Zubillaga y Briceño-León (2000), Hurtado (2014) plantean que la violencia es el resultado del sujeto con su entorno social y la debilidad institucional, mientras que en 2015  Crespo y Birkbeck plantean que la reducción de la institucionalidad y la violencia interactúan en una relación de mutua retroalimentación que, en conjunto con otros factores, son causas, efectos y síntomas de la descomposición social y moral de la estructura cultural del venezolano.

La seguridad ciudadana entonces, es un concepto que engloba dos fenómenos bien delimitados, por un lado una dimensión objetiva determinado por los índices de criminalidad, los cuales se obtienen de los registros administrativos, como las fuentes policiales o los anuarios de mortalidad y por otro lado de una dimensión subjetiva que se determina a través de la sensación de inseguridad la cual se recoge de las encuestas de opinión y de victimización. De acuerdo con el paradigma del desarrollo humano y de la seguridad humana, la seguridad pública debe tener como centro al ciudadano, en tanto individuo y ser social.

El acceso a la justicia por su parte, es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política, creencias religiosas, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Su ámbito material de aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de derechos de los ciudadanos y la valoración de la naturaleza y extensión de la actividad pública y de los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios para garantizarlos.

Existen varios métodos para medir la delincuencia, en primer lugar, los datos estadisticos que surgen de los informes provenientes de las denuncias que son recibidas a diario en los distintos cuerpos de seguridad del Estado, y en segundo lugar, podemos abordar el fenómeno desde el punto de vista etnográfico, estudiando el fenómeno de la criminalidad  de las víctimas a través de encuestas, las cuales también tienen sus limitaciones ya que éstas a menudo excluyen ciertos grupos como menores de edad y no plantean una totalidad de todos los delitos.

        Las diferencias entre las estadísticas que se relacionan con el fenómeno delictivo son importantes porque, no todos los registros, encajan dentro de un pensamiento de análisis que conlleve a la búsqueda de la génesis del delito, de las características de los grupos delincuenciales, de las circunstancias que generaron el hecho punible y las propuestas para su control; al considerar que es prioritario allanar las necesidades de información y para solventar algunas dificultades de fuentes primarias, para administrar la información y registros de las infracciones a los reglamentos y leyes que protegen la convivencia ciudadana y fortalecen la seguridad de todas las personas.

        Lamentablemente, Venezuela reporta una de las tasas más altas de América Latina y el Caribe, que a su vez tiene los promedios más alto a nivel mundial.. Lo importante de este análisis es que dichas cifras son consistentes con fenómenos más violentos que en otros paises, como por ejemplo las guerras. Al respecto, Briceño-Leon, 2017 resalta: “En Venezuela estos efectos se han dado sin una guerra, sino por la continua violencia, la impunidad creciente en el país y por los llamados continuos a la guerra política. La vida social regida por normas ha sido substituida por el uso de la fuerza” (Briceño-Leon, 2017:21) 

        La falta de información oficial ha generado un vacío en la información delictiva, provocando contradicciones en las tasas que se viven en el país y  truncado las posibilidades de entender con certeza la realidad delictiva del país. El incremento de los indices se ha extendido de las principales ciudades a otros espacios rurales. El grupo mayormente involucrado tanto en la acción pasiva como en la activa del hecho delictual, son personas comprendidas entre los 15 y los 40 años de edad, siendo el delito de mayor incidencia en el pais el homicidio, a través del uso de  armas de fuego. Por otro lado, las encuestas señalan que el Secuestro y la Extorsión son delitos con alto repunte pero que podrán estar como cifras ocultas debido a que muchos casos podrían no ser denunciados.

        La mora en la publicación de los datos sobre hechos delictivos tiene consecuencias, debido a que afecta el diseño, aplicación y efectividad de las políticas públicas en esta materia, las cuales tambien se reflejan en la formacion de funcionarios policiales, adecuacion de espacios y recintos carcelarios, elaborcion de adecuadas politicas de reinsercion y una disminucion de la percepcion de inseguridad.(Avila, 2018). La percepción social de la inseguridad es un hecho objetivo, que puede tener implicaciones subjetivas, pues se le pregunta si ha sido víctima de algún delito o conoce un familiar o un vecino cercano que haya sufrido, vivido ese drama social y la gran mayoria de las personas diran que si, pero lastimosamente cada delito noo contabilizado se traduce a la larga en deficiencias al momento de crear las estrategias adecuadas para solucionar el mismo.

        Lo que ocurre es que los que dirigen los aparatos coercitivos del Estado creen que cuando baja la tasa de homicidios mejora el clima de seguridad, de convivencia y con ello, en el imaginario colectivo, disminuye la criminalidad. No necesariamente existe una correlación directa entre tasa de Homicidios y tasa de Victimización.

        Sin embargo, y  pesar de todos los esfuerzos implementados por el Estado en esta materia los largo de los últimos 20 años, aun se aprecia la permanencia de ciertos hechos delictivos tradicionales y el aumento de los niveles de criminalidad en otras nuevas modalidades delictivas, esto, se debe a diversos factores entre los cuales podemos señalar: asociación de grupos tomadores de decisiones con bandas delictivas, corrupción, políticas y dispositivos represivos que a veces no va el concordancia con la visión humanista del nuevo modelo policial, bajos niveles de respuesta y eficacia en la resolución de los hechos punibles por parte de los cuerpos policiales, fiscalías y otros entes adscritos, los cuales actúan de forma descoordinada entre sí, aumento del comercio ilegal de armas y drogas, inequidad social en diversos aspectos, falta de consenso en torno al tema de la inseguridad, violación de los derechos humanos, falta de oportunidades de algunos sectores, altos índices de desempleo y subempleo, patrones de cultura violentos, entre otros.

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