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jueves, 14 de noviembre de 2013

Historia de la Seguridad TSU III Cohorte

Historia de la Seguridad

Prof. Gonzalo Bohórquez

Tema 1: Procesos históricos que dieron origen a las formas actuales de concebir la seguridad.

Tema 2: La seguridad en Venezuela hasta el año 1999.

Tema 3: La Seguridad Ciudadana en marco de la Constitución de 1999.

Tema 4: Origen y evolución de las políticas públicas de seguridad ciudadana en Venezuela.

Publicadas por FORMACIÓN UNES a la/s 4:14 p. m.

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21 comentarios:

pedro miguel nuñez27 de noviembre de 2013, 3:41 p. m.

excelente pagina Dios les bendiga.

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Alcides Cordero26 de enero de 2014, 7:36 p. m.

LA SEGURIDAD EN VENEZUELA HASTA EL AÑO 1.999

Los cambios del Estado venezolano a partir de 1999, luego de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, proponen redimensionar la tradicional idea de ciudadanía, que más allá del reconocimiento expreso de unos derechos, se consolida con su ejercicio.

La perspectiva teórica en políticas de seguridad ciudadana se estima de gran valor, en tanto que la evaluación de los contenidos y resultados de los mecanismos de intervención del Estado a través del Derecho penal para garantizar la protección de la seguridad ciudadana, genera valiosa información sobre la organización y funcionamiento de las instancias del sistema de justicia penal, y resulta fundamental para desarrollar herramientas que permitan la ejecución de prácticas, orientadas al logro de los objetivos de una política de seguridad ciudadana en el marco del Estado social y democrático de Derecho, evitando el grave riesgo de acudir a políticas que signifiquen retomar la herencia de una larga tradición política arraigada en el orden público, o ser presa de nuevas políticas que emergen de tendencias punitivas globalizadas, que suponen la homogeneización de las políticas públicas de seguridad, pudiendo desembocar en modelos y prácticas no solamente ajenos a la realidad social venezolana, sino contrarios a los imperativos éticos configurados en la Constitución.

Ambas perspectivas apuntan a la severidad de la política penal en su conjunto y se encuentran vinculadas al uso ineficaz del poder, y ante la creciente necesidad de relegitimación del Estado a través de la política pública de seguridad.

DEL ORDEN PÚBLICO

A LA SEGURIDAD CIUDADANA

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 se consagra por primera vez a nivel constitucional la seguridad ciudadana

(Artículo 55), entendida en sentido amplio como la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Ello implica -al menos conceptualmente- la superación del tradicional modelo de seguridad basado en el orden público acuñado durante largo tiempo en el país, que garantizaba sobre todo el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y bajo el cual se protegía (distorsionadamente) el orden económico y político, tanto en gobiernos dictatoriales como democráticos, incluso por encima de los derechos y garantías civiles (Núñez 2001).

A partir de 1999, el constituyente parece redefinir las relaciones entre el individuo y el Estado en materia de seguridad, en el seno de un modelo constitucional propio de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Artículo 2, CRBV).

La amplia gama de derechos reconocidos en la Constitución

8no sólo tiende a fortalecer la tradicional noción de ciudadanía, sino que también es una franca invitación a la seguridad, suponiendo que, ante cualquier amenaza o coerción ilegítima contra la libertad y los derechos, prevalecerá el orden constitucional (Borrego 2002). La introducción de este nuevo concepto en materia de seguridad debía representar un aliciente para la sociedad venezolana y una guía para las políticas públicas a desarrollar por la nueva República entrado el nuevo milenio, quebrando la trágica historia de control del Estado, atacando un fenómeno presente en las sociedades modernas -la inseguridad- y asumiendo el reto de garantizar la seguridad de los derechos de sus ciudadanos, reto para el cual cualquier política de Estado basada en el modelo del orden público resultaría ineficaz.

ALCIDES CORDERO

14812790

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Alcides Cordero26 de enero de 2014, 7:38 p. m.

LA SEGURIDAD CIUDADANA

Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El marco constitucional y la consecuente regulación de aspectos sociales, políticos y civiles entre otros, implica la ampliación del campo de acción del Estado, en el sentido en que se ve incrementada su actividad e intervención en algunos asuntos. Esto implica importantes transformaciones en las distintas áreas de acción del Poder Público Nacional y en la estructura del Estado venezolano en general.

En el proceso de reforma del Estado y en la redefinición de un sistema tendente a garantizar la seguridad personal de los ciudadanos, las políticas

Públicas juegan un papel fundamental, y se propone considerarlas para este estudio como unidad de análisis, no sólo del sector público y del Estado nacional en general, sino del Gobierno Nacional en particular, siendo éste considerado como la unidad estratégica del sistema político (Bouza-Brey 1996) y como un instrumento para la realización de las políticas públicas (Lahera 2002).

Si bien la seguridad ciudadana es una responsabilidad concurrente de los distintos ámbitos político territoriales del poder público -y así lo prevé la

CRBV- la política nacional de seguridad ciudadana representa un buen revelador de las prioridades y valores del Estado en el tratamiento específico de la materia y en general, de los objetivos del sistema político como parte del sistema social global. Al fin y al cabo, “lo importante para caracterizar a un gobierno no son los criterios tradicionales de quién y cómo se ejerce el poder, sino el contenido de las políticas públicas”.

Ciertamente, cuando se habla de seguridad ciudadana, se ven involucrados distintos actores: distintas instancias públicas y privadas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y sobre todo la sociedad civil como parte importante para la solución de los asuntos públicos; sin embargo -y muy especialmente- son las actividades desarrolladas por (y desde) el Estado las que ponen a prueba la coherencia política e institucional de todo el sistema, por cuanto el desarrollo de la política de seguridad requiere de la intervención de una multiplicidad de organismos, y en su debida articulación, el Estado tiene una gran responsabilidad. Específicamente a los organismos del Poder Público Nacional

(Asamblea Nacional, Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio Público y Tribunales de la República entre otros) les corresponde desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la política nacional de seguridad.

A los fines de hacer una aproximación al tema de estudio, se entiende que una política nacional de seguridad ciudadana comprende -en sentido restringido- todos aquellos programas, proyectos y actividades destinadas a disminuir los índices de criminalidad, llevados a cabo por el gobierno nacional, a través de cualquiera de las ramas del Poder Público.

Tanto en su planteamiento como en sus resultados, la política nacional de seguridad debe ser valorada en cuanto a su eficiencia en la prevención de la criminalidad y la violencia, en la legitimidad de los medios empleados y, sobre todo, por el respeto de los derechos humanos. Deben ser criterios a considerar, de forma transversal, para la evaluación de la política venezolana en la materia.

Muchos han sido los planes de seguridad desde la entrada en vigencia de la Constitución del 99, sin embargo los planes no garantizan el cumplimiento de la política pública, pues formular una política es una cosa y poder asegurar la intervención que ella requiere es otra (Lahera 2002), y es importante tener en cuenta que, en este proceso, intervienen variables políticas, sociales, económicas y culturales que determinan el desarrollo de esa política.

ALCIDES CORDERO

14812790

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Alcides Cordero26 de enero de 2014, 7:38 p. m.

La política de seguridad ciudadana se presenta entonces como producto de un proceso que se desarrolla en un tiempo y marco específico que van definiendo el tipo y el nivel de los recursos disponibles y empleados, y en el que a través de complejos esquemas de interpretación y de juicios de valor, se va definiendo tanto la naturaleza de los problemas planteados como las orientaciones de la acción

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