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ÍNDICE

Parte 1. Contenidos de la Política Introducción - Elaboración del documento - Necesidad de una Política de Desarrollo Urbano - Elementos de diagnóstico - Metas Objetivos y principios Alcances de la Política Ámbitos temáticos: 1. Integración social 2. Desarrollo económico 3. Equilibrio ambiental 4. Identidad y patrimonio 5. Institucionalidad y gobernanza

Parte 2. Contexto Histórico

Parte 3. Diagnóstico crítico

Parte 3. Notas explicativas

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PARTE 1 Contenidos de la Política

INTRODUCCIÓN

A. Elaboración del documento

La presente Política Nacional de Desarrollo Urbano fue elaborada por una comisión asesora mandatada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Estuvo conformada por 28 personas, de distintas áreas de la sociedad y del conocimiento, representantes gremiales, decanos de universidades, parlamentarios, ex ministros, representantes de organizaciones ciudadanas, ministros en ejercicio, y profesionales expertos en diferentes materias.

Es importante destacar que se trató de una comisión pluralista y diversa, con personas de distintas corrientes de pensamiento y posiciones políticas, incluyendo a parlamentarios en ejercicio pertenecientes a partidos políticos de oposición al actual Gobierno, integrantes todos que supieron entregar su aporte con una mirada de País, con el único fin de producir un documento que, con carácter de Política de Estado, fuera capaz de guiar los destinos de las ciudades y poblados chilenos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, más allá de los sucesivos gobiernos.

Los miembros de la comisión tuvieron el apoyo de diferentes grupos de trabajo, compuestos por académicos de varias universidades1 y expertos que entregaron sus conocimientos y experiencias sin otro fin que contribuir a la meta encomendada.2

Junto a dichos grupos de trabajo fue especialmente relevante la participación de profesionales y autoridades de todas y cada una de las regiones del país,3 aportando las ideas, visiones y particularidades locales que otorgan al documento un verdadero alcance nacional.

En el mismo sentido participaron especialistas de 11 ministerios4, que entregaron los conocimientos y experiencias de cada uno de los sectores públicos que intervienen en materias de desarrollo urbano y territorial.

El presente documento representa un logro histórico en el que se han podido articular, luego de un extenso y riguroso esfuerzo, distintas visiones y experiencias, que finalmente se han plasmado en una Política coherente y profunda, que sitúa la “cuestión urbana” en un contexto integral, como un Tema - País cuya relevancia lo convierte en uno de los pilares claves de nuestro desarrollo.

A su vez, en sus distintos objetivos y lineamientos da cuenta de nuestras aspiraciones comunes, de nuestras necesidades y carencias, de las reformas y caminos que en materia de desarrollo urbano es preciso recorrer para ser un mejor país.

B. Necesidad de una Política de Desarrollo Urbano

Chile no es un país acostumbrado a la dictación de “políticas” en este ámbito, en cuanto a iniciativas que tengan las condiciones y el sustento necesario para su materialización.

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Una política no es una ley o un reglamento sino un documento dirigido al país en el cual se establecen principios, objetivos y líneas de acción con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. Por lo mismo su fuerza o debilidad, su permanencia o transitoriedad, dependen del valor que a dichos principios y contenidos otorguen los propios chilenos.

En materia de desarrollo urbano la formulación de una política es especialmente compleja. Es hablar de todas las cosas al mismo tiempo, del ser humano, de su vida en sociedad, de sus creencias, de la economía, del trabajo, de la cultura, de la naturaleza, por nombrar algunas. Las ciudades y centros poblados envuelven a todas ellas, conforman los lugares donde se desarrolla la vida de las personas y no son solo un referente o contexto sino que influyen notablemente y en muchas formas en su calidad de vida.

La historia demuestra que no basta con tener un conjunto de leyes que establezcan normas sobre las ciudades, leyes que muchas veces responden a objetivos distintos, propios de necesidades específicas, en un tiempo y momento determinado. Al no existir un marco que establezca principios rectores y objetivos comunes no es posible ordenar las múltiples variables que inciden en el desarrollo de las ciudades y centros poblados, en términos que permitan un salto cualitativo relevante.

Al mismo tiempo es necesaria porque en las últimas décadas el contexto en el cual se desarrollan nuestras ciudades ha cambiado radicalmente:

C. Elementos de Diagnóstico (ver Parte 3 para más detalles)

En la medida que el país ha progresado y la mayoría de las personas se ha radicado en las áreas urbanas —hoy tenemos 87% de población urbana—, han surgido desafíos que hasta hace poco no eran prioritarios y la necesidad de contar con esta Política se ha hecho evidente.

El notable crecimiento económico, que llevó el PIB per cápita de US$ 3.000 en 1982 a US$ 19.000 en 2012, ha facilitado una drástica reducción del déficit habitacional y una cobertura de servicios básicos casi universal. Sin embargo, las políticas que permitieron disminuir el déficit habitacional descuidaron la localización, generaron concentración de pobreza, inseguridad, hacinamiento, mala conectividad y falta de acceso a bienes públicos urbanos. La desigual distribución del ingreso existente en nuestro país se materializó en nuestras ciudades y centros poblados5, constituyendo uno de nuestros mayores desafíos.

Nuestra población está envejeciendo, lo que genera nuevas demandas de accesibilidad y esparcimiento sobre el espacio urbano y también requerirá soluciones en políticas de vivienda. El número de personas por vivienda se ha reducido desde 4,5 en 1982 a 2,9 en 2012, como consecuencia del aumento del parque habitacional y de la disminución del tamaño de los hogares. Cada día construimos relativamente más departamentos y menos casas. Todo lo anterior ha posibilitado la disminución de la tasa de expansión de las urbanizaciones en el territorio.

Las herramientas con que el país cuenta para asegurar un desarrollo sustentable, que considere sus efectos en las personas y el territorio, son insuficientes. Los proyectos

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urbanos en general se insertan en la ciudad sin entenderla como un organismo complejo en que las acciones de una parte afectan al todo. Las decisiones de intervenir el territorio no siempre se toman considerando los efectos sociales de tales intervenciones ni los sistemas naturales en que se insertan.

Hay aspectos no resueltos en la evolución de nuestras ciudades, como la desconexión entre planificación urbana y condiciones mínimas de integración social, la incorporación de los ecosistemas y las cuencas hidrográficas en la planificación, el desarrollo de servicios sanitarios o la falta de herramientas para gestionar los riesgos naturales.

Pese a tener un gran número de propiedades declaradas patrimonio protegido, este resguardo legal no involucra posibilidades de gestión y financiamiento que se traduzcan en una protección efectiva de los inmuebles, en la mayoría de los casos en manos de privados. Nuestra institucionalidad y la normativa patrimonial no recogen aspectos asociados al patrimonio natural, la identidad, la diversidad geográfica o la riqueza cultural.

Nuestro sistema público en materia de desarrollo urbano se caracteriza por una toma de decisiones fragmentada, reactiva, centralizada y poco participativa. A la antigua Ley General de Urbanismo y Construcciones se suman hoy al menos otras 30 leyes que afectan directamente el territorio. Las facultades relacionadas con lo urbano están dispersas en numerosas reparticiones públicas. Esta dispersión normativa e institucional dificulta la implementación de mejoras urbanas. La información disponible para tomar decisiones es escasa: no hay por ejemplo un catastro de las instalaciones existentes en las calles y el subsuelo.

La cobertura de los Instrumentos de Planificación Territorial de nivel local alcanza al 68% de las comunas del país. Sin embargo, dichos instrumentos tardan en promedio seis años en tramitarse y tienen pocas facultades para conducir el desarrollo urbano, o para vincular los usos de suelo con el transporte, o las obras públicas con el financiamiento. Muchas decisiones de inversión en vivienda e infraestructura se llevan a cabo al margen de la planificación.

D. Metas

Esta Política tiene los siguientes propósitos:

 Lograr una mejor calidad de vida para las personas, abordando de manera integral los aspectos que rigen la conformación de nuestras ciudades, buscando que su desarrollo sea socialmente integrado, ambientalmente equilibrado y económicamente competitivo.

 Apoyar la descentralización del país, acercando las decisiones de carácter local a las personas, respetando a las comunidades y fortaleciendo la participación ciudadana.

 Entregar un marco explícito que posibilite una reorganización institucional y ordene el accionar de los diversos organismos y actores públicos y privados que intervienen en las ciudades y el territorio, evitando criterios y acciones disímiles, contradictorias o descoordinadas.

 Dar sustento y un sentido de unidad y coherencia a la reformulación de los diversos cuerpos legales y reglamentarios que necesitan modernizarse y adecuarse a los nuevos requerimientos de la sociedad.

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