Jaime Esquibel

El abogado Alirio Uribe es contundente cuando asegura que durante años se intentó desviar la investigación para esclarecer los hechos que rodearon el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, registrado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá. (Vea: Recordando los personajes de Jaime Garzón, en imágenes)

Para el jurista, quien defiende los intereses de la familia de Garzón Forero, es evidente que por más de una década el proceso estuvo totalmente estancado y despertó nuevamente hace solamente dos años, cuando la Fiscalía General llamó a juicio al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez.

Sin embargo, este proceso ha avanzado muy lentamente y hasta la fecha solamente se ha registrado una audiencia preparatoria y un intento de solicitud de pruebas.

Y es que los múltiples intentos por darle celeridad a ese caso han fracasado debido a múltiples maniobras dilatorias en las que ha incurrido la defensa del procesado, así como los actos burocráticos de la justicia.

Por otra parte, la investigación contra el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo tampoco ha logrado mayores avances, principalmente porque el militar continúa prófugo de la justicia y pese a las pruebas que indican que está fuera del país no se ha emitido una circular roja para hacer efectiva la orden de captura, que existe en su contra desde hace año y medio.

"Históricamente se han perdido muchos años de una investigación eficaz. Se registró la muerte de personas que pudieron tener información. Siempre hemos denunciado que hubo una intención de no mover el caso, todo ha sido muy lento", precisó Uribe.

Crimen de Estado

Según los materiales probatorios que se han recolectado, es posible inferir que en este crimen se presentó una confabulación entre paramilitares, agentes estatales y miembros del Ejército para ejecutar y encubrir a los verdaderos responsables intelectuales y materiales.

Para el abogado, desde el primer momento se intuyó que el asesinato del periodista tenía relación con su trabajo humanitario, el cual fue objeto de cuestionamientos por parte de los altos mandos militares de la época.

Su papel de facilitador en la liberación de secuestrados por las Farc y el ELN le valió además entrar en la lista de "objetivos militares" de las Autodefensas Unidas de Colombia, lo que ha sido revelado por personas cercanas a Carlos Castaño Gil quien ordenó su muerte.

"Su actividad fue mal vista por la inteligencia militar. Existen cartas del general Mora Rangel que pedía aclarar el por qué de sus actividades. Siempre lo vio siempre como un cómplice de la guerrilla por lo que se considera que a raíz de eso se generó un estado de ánimo en contra de él que finalizó con su asesinato", indicó el jurista.

Y es que los mismos reportes periodísticos de la época registran un silencio notorio por

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