Jaime Lusinchi

Corrupción administrativa en Venezuela

La corrupción administrativa en Venezuela, puede estudiarse desde tres puntos de vista: como conducta, como fenómeno social del presente y como hecho constante en el proceso histórico. Existe y ha existido una tendencia y una mentalidad social en permanente conflicto con el Estado y la administración. Esa disputa se ha expresado variadamente. Desde simples rebeliones, alzamientos y todo tipo de turbulencia social, hasta formas soterradas e irracionales de corrupción y delitos en contra de un adversario todopoderoso, más interesado en sí mismo que en el progreso y bienestar de la ciudadanía: el Estado.

Por esta razón, la corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la sociedad. Tampoco la práctica exclusiva de un período o de un grupo particular en el gobierno, en complicidad con hombres de empresa y organizaciones privadas. En realidad, ha sido algo más profundo. En sus redes, queriéndolo o no, han caído todos los miembros representativos de la sociedad: desde un poderoso magnate, el cual, con o sin razón, delinque y viola descaradamente las leyes en pos de un provecho; pasando por un profesional, un político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano que roba pequeñeces de gran utilidad social como las demás: instrumentos y equipos, barandas de viaducto, defensas de autopistas y carreteras, tapas de tanquillas y vertederos, etc. Este tipo de conducta ha sido una constante en la historia de Venezuela. De ahí su trascendencia y el carácter estructural de sus manifestaciones. Luego, la corrupción se ha convertido en un complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos para hallarle mecanismos de control.

Corrupción durante el Gobierno de Jaime Lusinchi (1983-1988)

Iniciado el gobierno, el Ministerio de CORDIPLAN presentó al Congreso los "Lineamientos generales del VII Plan de la Nación". La presentación del VII Plan desató fuertes críticas y polémicas, en especial por parte del sector empresarial, viéndose prontamente truncada su realización, lo que conllevó la renuncia del Ministro Luis Raúl Matos Azócar al iniciarse 1985.

La estrategia del Gobierno de Jaime Lusinchi descansaba en 2 bases: la conformación de un proyecto político consensual llamado El Pacto Social y la reestructuración del Estado. Como ejes de la estrategia económica se promovían la agricultura, la industria y el turismo, buscándose al mismo tiempo una transformación y modernización del sector público para redefinir su papel en la actividad económica. Se señaló la necesidad de privatizar o transferir al sector privado un conjunto de actividades y servicios. En cuanto a la estrategia política, el VII Plan planteó la profundización de la democracia mediante la conquista de la "democracia social", la cual exigía democratizar al Estado y las relaciones entre sociedad civil y el Estado. Pueden señalarse tres elementos claves en el gobierno de Lusinchi, por su alcance e impacto en el futuro inmediato de Venezuela: La reforma del Estado a través de la creación de la COPRE, el refinanciamiento de la deuda externa, y el agravamiento de los casos de corrupción.

El VII Plan de la Nación

Este plan traía algunas novedades, entre ellas la aplicación de la planificación estratégica, la cual trataba de superar los límites de la planificación tradicional, llamada normativa, al incluir las consideraciones de los actores capaces de generar las decisiones necesarias para la acción planificadora. Pese a lo efímero del VII Plan vale la pena destacar algunos de sus elementos. Diagnosticó la situación del momento como de agotamiento del modelo venezolano de crecimiento y afirmó la necesidad de avanzar, desde la sociedad rentista, hacia otra donde el crecimiento y el desarrollo resultaren del trabajo productivo de los venezolanos. Se hizo un listado de los problemas del país, empezando con la consabida excesiva dependencia de la explotación petrolera y se expuso como estrategia general un conjunto de "proyectos de acción" destinados a reiniciar el crecimiento económico, acelerar el desarrollo social y crear una sociedad más libre.

La COPRE y su importancia en la transformación política de Venezuela

El 17 de diciembre de 1984 el presidente decretó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que se conocería luego como la COPRE. El propósito de dicha comisión estuvo en conformidad con el VII Plan, pues se trataba de establecer un Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente. Las actividades de la COPRE se iniciaron en los primeros meses de 1985, presididas por el abogado, periodista e historiador Ramón J. Velásquez. Hacia fines de 1985 comenzaron a cristalizar en propuestas específicas algunas de las ideas que se debatieron a lo largo del proceso de consultas. Pero las que captaron la atención de la sociedad y recibieron la mayor resistencia de los actores políticos dominantes, fueron aquéllas de contenido político, las cuales por los demás, la COPRE consideraba fundamentales en la búsqueda de la reforma integral. Entre las nuevas propuestas, además de insistir en la elección de Gobernadores y Alcaldes, se sugería la eliminación de las formas supraestatales de organización territorial que venían desarrollándose en la planificación nacional bajo el esquema de regionalización. La COPRE, al ser rechazada por su progenitor, el Ejecutivo Nacional, se convirtió curiosamente en un privilegiado mediador entre la sociedad y el Estado. Un hábil juego político de las diversas fuerzas pro reformas, en el contexto de la pugna electoral logró el compromiso político de adelantar algunas reformas.

Centro de su gestión

La forma más grotesca y evidente del estado en que ha llegado la corrupción administrativa se da en el gobierno de Jaime Lusinchi. Es un triste recuerdo la actuación de su secretaria privada la tan nombrada y poderosa Blanca Ibáñez, quien filtraba todo acceso al presidente, nombraba y destituía funcionarios, decidía sobre los beneficios de los contratos de obras públicas y hasta seleccionaba los ascensos a generales de las fuerzas armadas, en una moderna versión de república bananera.

Es difícil borrar de la memoria del venezolano de la época, el estado de descomposición que llego nuestra administración pública, el presidente Lusinchi al no poder lograr el divorcio por la actitud valiente de un juez, tuvo que consolar a su secretaria privada al no poderle dar el puesto de primera dama, le hace entrega de nuestra máxima condecoración, " La Orden del Libertador ", burlándose

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