ACCIONES AFIRMATIVAS

En Colombia el reciclaje no es solamente un problema técnico, sino también social y ambiental. Las personas que trabajan en el sector de reciclaje forman un gran porcentaje y por factores como la falta de recursos económicos, pobreza extrema, falta de oportunidades y el desplazamiento, se han visto obligados a realizar estas tareas, colocándose así en población desprotegida y de alta vulnerabilidad, ademàs como la precaria remuneración que obtienen y que de ella dependen miles de familias económicamente; es así como a lo largo de los tiempos se le ha dado a estas personas un trato excluyente y discriminatorio por su condición laboral.

Aunado a esto, se convierten en una población explotada, por cuanto el negocio del reciclaje es demasiado rentable, para las empresas o personas que cuentan con capital e industrialización de estos, que son los que obtienen grandes ganancias, contrario a esto, a los recicladores sólo les corresponde un pequeño monto, además sus derechos son vulnerados por los monopolios de quienes compran los residuos sólidos recuperados o aprovechados bajo esta modalidad. Sumado a lo anterior, se ven expuestos a la llamada privatización de la basura, dejándolos a la suerte del mercado, ignorando el lugar tradicional que han ocupado en este proceso. En muchos de estos casos, se ha intentado removerlos de la labor que venían desempeñando, atentando contra la posibilidad de que generen ingresos por su cuenta y amenazando, por lo mismo, sus derechos a la subsistencia, su dignidad, igualdad, etc.

Además como fundamentos Generales sobre la Adopción de medidas en favor de grupos vulnerables, discriminados y/o excluidos, en este caso los recicladores deben tratarse como sujetos de especial protección constitucional, amparados conforme a los artículos 1° y 2° de la Constitución Política son fines esenciales del Estado, entre otros, el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, y la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes, sobre la base del respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas, y la prevalencia del interés general.

Según los incisos 2° y 3° del artículo 13 de la Constitución, el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados y protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Muy importante tener en cuenta, las obligaciones constitucionales que impone el artículo 13 de la Carta al Estado, en relación con la adopción de medidas a favor de grupos marginados o discriminados y en el caso que nos ocupa, el efecto en el acceso de oferentes en situaciones de exclusión social a un proceso licitatorio

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