Analis estadistico

A su vez, una sociedad insegura se considera bajo estrés psicológico y orgánico, es decir, en una realidad que va en detrimento de su calidad de vida. Igualmente, la inseguridad se relaciona con situaciones de violencia que generan repercusiones psicológicas y fisiológicas en el individuo, como el estrés y la ansiedad. Esta última, se presenta ante estímulos que el sujeto percibe como potencialmente peligrosos e incluye síntomas neurovegetativos, conductuales, cognitivos y vivenciales. Cabe destacar que las reacciones a nivel afectivo y fisiológico se encuentran aumentadas en quienes han sufrido algún delito, mientras que aquellas personas que no han sido víctimas de delitos buscan la supervivencia y seguridad. Aunado a esto, los niveles de desconfianza que los individuos manifiestan hacia los organismos de seguridad como proveedores de protección ciudadana suelen ser altos

Luego de este discernimiento es conveniente concretar el concepto de victimización, que se puede definir como el sufrimiento causado a personas que son víctimas de crímenes o delitos, en un mismo tiempo y lugar. La victimización es el sufrimiento causado a una persona por un crimen o delito, que puede afectar también por la percepción del riesgo a que ocurra.

En este sentido, puede mencionarse el concepto de seguridad ciudadana como la necesidad social que se relaciona con las exigencias de la población en cuanto al respeto de su integridad física y bienes materiales

En la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, los datos oficiales reflejan que existe una alta tasa de criminalidad, se reportó a nivel nacional tasas de ocurrencia por cada 100.000 habitantes de 75,08 para homicidios; abuso sexual 32,70; robo 5.075,78; secuestro 95,48 y hurto 1.733,89. En esa misma publicación los habitantes de las grandes ciudades consideran el problema de la inseguridad personal como grave (30,92%) y muy grave (63,23%).

Tales aseveraciones permiten inferir la magnitud de esta problemática como una de las que más afecta a los sectores sociales del país

Las encuestas de victimización son herramientas que buscan identificar la cifra delictiva que no es registrada por las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas.

Recabar información sobre las características del delito y el contexto de la victimi- zación. Sondear la percepción de inseguridad, del desempeño de las fuerzas de seguridad, de las instituciones judiciales y de la asistencia a las personas victimizadas

En 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1 % han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida.

Venezuela cierra el año 2021 con un estimado de al menos 11.081 personas fallecidas por causas violentas, lo cual se corresponde con una tasa de 40,9 muertes por cada cien mil habitantes

El propósito de este análisis es responder a una serie de preguntas básicas que nos permitan comprender la situación de las encuestas de victimización en la región e identificar puntos de partida para estandarizar las metodologías e instrumentos de recolección para buscar su comparabilidad. ¿Qué miden las encuestas de victimización? ¿Son comparables sus resultados? ¿Qué tipo de muestra tienen? ¿Cuáles son las características de su población de referencia? ¿Cuáles son los retos metodológicos a superar? ¿Qué instituciones las realizan? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuál es el presupuesto que se destina a su elaboración? ¿Qué necesidades tienen los países para llevar a cabo la aplicación de una encuesta de victimización periódica? Al analizar la información se concluyó que las encuestas de victimización en América Latina y el Caribe se realizan en la gran mayoría de los países (17 países reportaron contar con al menos una encuesta de victimización). Sin embargo, estos esfuerzos son realizados de manera esporádica (58% de las encuestas fueron reportadas como periódicas, mientras que el 45% no tienen una fecha definida de su próxima aplicación). Al revisar las metodologías utilizadas en las encuestas y los delitos que miden se confirma que es posible realizar esfuerzos orientados hacia su armonización que faciliten la generación de datos a nivel regional para comprender a mayor profundidad el tipo de delincuencia que afecta a América Latina y el Caribe.

Hasta la década de 1960, la policía monopolizaba la política de la toma de decisiones con respecto a la delincuencia con base en sus propios registros administrativos. Durante este mismo período, se reconoció que la información que se podía extraer de dichos registros era deficiente en muchos aspectos. Así, los expertos comenzaron a desarrollar las encuestas de victimización como fuente de datos suplementarios   El uso de encuestas de victimización en las últimas décadas, en varios países, ha promovido un mejor y más amplio entendimiento de los delitos, sus tendencias a lo largo del tiempo y las percepciones de la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema penal y el   desempeño de la policía y otros cuerpos encargados de velar por la seguridad (Aromaa, 2012). Las encuestas de victimización complementan a los registros administrativos;   conjuntamente estas fuentes de información proporcionan una conceptualización holística y depurada de la delincuencia, el sistema judicial, las zonas de alto riesgo, así como de la percepción pública acerca de ciertos temas como el desempeño de las autoridades. Una limitación importante de los registros administrativos es que sólo contemplan aquellos delitos denunciados a las autoridades y muchos de éstos no son reportados. Las encuestas de victimización proporcionan información sobre la “cifra obscura”, es decir sobre los delitos que no son del conocimiento de las autoridades, además, miden las experiencias de las personas frente al delito, sus costos materiales y ofrecen un panorama más detallado de la delincuencia, por ejemplo, en cuanto a aquellas áreas geográficas particularmente vulnerables.   Además, las encuestas de victimización exploran los motivos por los que una persona no denuncia haber sido víctima de un delito. Algunas de las razones pueden ser: falta de confianza en la policía, el tiempo que toma interponer una denuncia, una posible falta de pruebas o una relación sanguínea o legal con el atacante, entre otras. Esta información puede ser utilizada para desarrollar medidas o aproximaciones relativas a delitos que son frecuentemente difíciles de medir, como la corrupción y el homicidio. Estos procesos  deben de ser elaborados con la más alta calidad ya que los datos generados tendrían que ser utilizados por las instancias responsables de la seguridad y del sistema de justicia penal para atender las problemáticas identificadas.   Por estas razones, las encuestas de victimización han tomado importancia a nivel regional e internacional. Si bien la mayoría de estos estudios fueron desarrollados en un principio por países desarrollados, sobre todo por países Escandinavos es una realidad que han tomado gran auge en la región de América Latina y el Caribe porque permiten analizar de una mejor manera el fenómeno de la delincuencia y sus impactos.  

OTRO

LA VIOLENCIA HOMICIDA EN VENEZUELA Examen Periódico Universal, 2011 (EPU) El Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana (INCOSEC) es una Organización no Gubernamental dedicada al estudio de los factores asociados a la convivencia y seguridad ciudadana, con el objetivo de facilitar el proceso de toma de decisiones y formulación de políticas públicas para controlar y neutralizar las causas esenciales de la violencia y delincuencia en Venezuela. El objetivo de este informe es mostrar la situación de Venezuela en torno al artículo tres de la Declaración Universal de Derechos Humanos referido al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Los indicadores que a continuación se presentan tienen como fuente el estudio sobre Violencia interpersonal y percepción ciudadana de la situación de seguridad en Venezuela, realizado por el INCOSEC durante 2010; la Encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad ciudadana, realizada en 2009 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE); y las cifras oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Situación Venezuela registra la tasa de homicidios más alta de Sur América: 48 por cada cien mil habitantes para el año 2010. La violencia homicida se ha hecho recurrente, y en los últimos diez años han fallecido 124.500 personas. De acuerdo el estudio sobre Violencia interpersonal del INCOSEC, la inseguridad constituye la primera preocupación de los venezolanos: al preguntar sobre los tres principales problemas que el país confronta, la inseguridad concentró el 90% de las opiniones de los venezolanos. Los resultados de la Encuesta de Victimización del INE señalan que en más del 80% de los casos de homicidios las víctimas son hombres entre 15 y 44 años. Además, muestran Página 2 de 5 que la población más afectada es la que pertenece a los estratos menos favorecidos en educación, fuente de ingreso y condiciones de alojamiento. El 62% de los homicidios ocurren en el barrio o urbanización de la víctima. Del lado del victimario la encuesta reveló que el 70% de los homicidios fueron cometidos por personas entre 25 y 44 años. Las consecuencias de esta situación son principalmente de tipo económico y social, y afectan al desarrollo del país en estas dos dimensiones. El impacto negativo en la economía es evidente, dado que las personas involucradas en este delito, sea como víctima o como victimario, pertenecen a la población económicamente activa del país. De la misma manera constituye un desincentivo para la inversión, con sus consecuencias asociadas al desempleo y la generación de pobreza, convirtiéndose ésta última en causa y efecto de inseguridad. A nivel social el homicidio representa un cambio en la dinámica del hogar no sólo por el efecto emocional que sufren los familiares de las víctimas, sino además porque el fallecimiento de un miembro de la familia y generador de un ingreso obliga a reestructurar las estrategias económicas ya establecidas. Desde el punto de vista socio demográfico, estamos ante un proceso de descapitalización humana de la generación de relevo del país, dado que como fue afirmado en párrafos precedentes, tanto victimas como victimarios son menores de 44 años. Entre los factores asociados a la violencia homicida en Venezuela resaltan dos a considerar: el número de armas en manos de la población y la debilidad del sistema de justicia penal para afrontar el problema. El 98% de los homicidios ocurridos en el país son cometidos con arma de fuego. Para el año 2009 la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional estimaba que entre 9 y 15 millones de armas, tanto legales como ilegales, estaban en manos de la población venezolana, y de esta cifra sólo se conocía que un millón 300 mil portes eran lícitos. Al consultarle a los venezolanos sobre la opción de tener un arma de fuego en casa, un 94% afirma no tenerla, pero un 36% asegura que quisiera contar con una, lo que evidencia que los ciudadanos ven la tenencia de armas de fuego como una opción para Página 3 de 5 defenderse y evitar ser víctimas de algún hecho violento, sin tomar en cuenta que son las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana las que deben garantizar este derecho. Según los resultados del estudio sobre Violencia interpersonal del INCOSEC, de las personas que habían sido víctimas de un delito sólo el 37% presentó la denuncia, y de éstas el 75% se encontraban sin respuesta de las autoridades. Entre los motivos que inhiben la denuncia se encontró que es, en primer lugar, por pensar que las autoridades no hacen nada por atenderlas y en segundo lugar por temor a represalias por parte de los delincuentes, a lo cual se agrega los altos índices de impunidad, particularmente en delitos como el homicidio, donde sólo uno de cada diez homicidas recibió condena durante 2010. El precitado estudio señala que ante tales niveles de desconfianza e impunidad, el 87% afirma que hay situaciones en las cuales se justifica linchar a un delincuente. En Venezuela, ninguna de las instituciones encargadas de impartir justicia alcanza el 50% de aprobación de los habitantes, sólo las prefecturas aparecen calificadas de manera general como neutras. El resto de las instituciones evaluadas registran índices de calificación negativos, siendo las peores evaluadas las policías municipales, las policías estadales y el Sistema Penitenciario, el cual registra en los últimos 11 años 4.030 fallecidos y 12.036 heridos producto de la violencia en los centros de reclusión, además de un alto grado de hacinamiento y una alimentación escasa y de baja calidad que no cubre las necesidades nutricionales del interno. Luisa Estella Morales, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, reconoció el año pasado que el área penal recibe la mayor cantidad de asuntos judiciales anualmente y no ha experimentado cambios significativos desde la entrada en vigencia de Código Orgánico Procesal Penal en el 2001 (Discurso de apertura del año judicial 2010): De acuerdo con el crecimiento poblacional venezolano, hemos detectado (…) que el número de jueces y tribunales penales no ha aumentado. Esto significa que hay un déficit en la designación de jueces penales y el crecimiento del hecho delictual, lo que no permite responder numéricamente en igualdad de circunstancias (Morales, 2010). En los últimos diez años, se ha pretendido atender el problema de la violencia homicida mediante un enfoque represivo a través de la planificación y ejecución de Página 4 de 5 dieciséis planes de seguridad ciudadana, dejando de lado la prevención, rehabilitación, reinserción y la participación social. Estos planes de seguridad ciudadana promovidos desde el Ejecutivo Nacional, no han logrado el objetivo de neutralizar o disminuir los índices de criminalidad en Venezuela. No existe lugar, tiempo o un contexto social en el cual los ciudadanos puedan sentirse seguros, se ha instaurado una cultura del miedo, junto a un contexto social hostil, que progresivamente ha equiparado el valor de la vida al de los bienes que se poseen. Se puede afirmar que en la primera década del presente siglo Venezuela no presenta avances significativos en lo referente a garantizar el cumplimiento del artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Preguntas: - Según cifras del I.N.E., el porcentaje de población en condiciones de pobreza en Venezuela bajó del 70% al 23% entre 1996 y 2009. De igual manera, fuentes oficiales aseguran que debido a los programas sociales implementados por el gobierno nacional hay mayor inclusión social, lo que debería incidir directamente en la disminución de la violencia, sí esto es así ¿Por qué Venezuela posee la tasa más alta de homicidios en Sur América? - ¿Por qué en Venezuela se restringe la información sobre datos estadísticos de criminalidad? - ¿Cuáles son las razones por las cuales existe un índice tan elevado de impunidad en Venezuela? - ¿Cómo se explica la muerte de 4.030 personas en las cárceles de Venezuela, si la seguridad de dichos recintos está a cargo del Estado? (durante los últimos diez años) - ¿Por qué se atribuyen funciones de orden público a la Fuerza Armada y a la Milicia Bolivariana si constitucionalmente los Órganos de Seguridad Ciudadana son de carácter civil? (Art. 332 C.R.B.V.) Recomendaciones: - Aprobar con carácter urgente una Ley de Desarme. - Capacitar y certificar a los órganos de seguridad ciudadana en materia de derechos humanos. - Regular el empleo de armas o sustancias tóxicas por parte de los órganos de seguridad, para evitar excesos y la actuación desmedida en el uso de la fuerza. Página 5 de 5 - Legislar en materia penal para que ninguna persona pueda ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, con la finalidad de contribuir a que se respete su integridad física, psíquica y moral. - Evitar el uso de la Fuerza Armada Nacional y la Milicia Nacional Bolivariana como órganos de seguridad ciudadana en el mantenimiento del orden público, dado que estos órganos deben ser de carácter civil de acuerdo con lo establecido en el artículo 332 de la C.R.B.V - Fortalecer el Poder Judicial y el Sistema de Justicia a través de la asignación de una partida anual variable no menor del dos por ciento del presupuesto nacional para su efectivo funcionamiento (Art. 254 C.R.B.V). - Impulsar desde el Consejo Moral Republicano la promoción y el desarrollo de actividades pedagógicas con un enfoque preventivo, dirigido a estimular el cumplimiento de la ley, la práctica de valores en la cotidianidad ciudadana, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de virtudes cívicas que contribuyan a suplir el déficit de capital social existente en nuestra sociedad. - Organizar la justicia de paz en las comunidades con el objeto de promover el arbitraje, conciliación, mediación y cualquier mecanismo para solucionar conflictos de forma pacífica evitando la exacerbación social. De Interés: INCOSEC, además de presentar la situación de violencia homicida en el país, hace un llamado de atención en dos puntos que resultan importantes para el desarrollo y funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales: - Revisión de la Ley de Cooperación Internacional, la cual establece que toda asociación civil venezolana, de querer continuar sus labores en el país, deberá registrarse ante un organismo que dependerá de la Presidencia de la República. A esa nueva institución, las ONG deberán entregar los recursos y ofertas económicas que reciban de organizaciones internacionales, para que éstos sean administrados de la manera en que dicho ente lo considere pertinente. Dados los niveles de polarización política existente dentro del Estado venezolano, se pudiese cuestionar la correcta y justa administración de estos recursos. - Revisión de la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que igualmente establece obstáculos a la obtención de recursos y ayudas económicas provenientes de entes internacionales y cuyo beneficiario sea una Organización No Gubernamental. Esta situación afecta negativamente la viabilidad de los planes y proyectos presentados por las ONG´S y entra en contravención con el artículo 62 de la C.R.B.V relacionado con la participación del pueblo en la formación, ejecución, evaluación y control de la gestión pública.

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