Análisis crítico de la ley orgánica para gestión comunitaria

Análisis crítico de la ley orgánica para gestión comunitaria

La Ley con  Carácter Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencia y Servicio, tiene como propósito,  el desarrollo del ejercicio de la democracia, en la participación de las organizaciones comunitarias en la económica del país, a nivel Nacional, Estadal y Municipal, que consiste en  las Organizaciones  de base del Poder Popular, como lo son; consejos Comunales, frentes, consejos de trabajadores, comunas, entre otras organizaciones de la misma índole.

El modelo socio productivo estarán  presentes, por medio de la creación de actas constitutivas de Empresas Socio productivas, estas empresas están dirigidas a cumplir, suplir, y servir, a la prestación y gestión eficaz, de manera eficiente, a la sociedad, y debe ser sustentable. El Estado y sus organismos facilitarán los recursos que serán destinados por estas empresas  a satisfacer las necesidades sociales, colectivas, comunitarias, lo cual, estas empresas son de forma  micro y macro, es decir; de bienes y servicios para las comunidades, así como también aquellas de bienes y servicios con ámbito  nacional, incluso de bienes y servicios internacionales, tales como por ejemplo:  las empresas de minas, de hidrocarburos, que  tienen un elevado contenido social y de principios fundamentales, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Seguidamente, estas empresas para poder competir se inclinan a características distintas de tipos de empresas que son aquellas de competencia nacional e internacional, tales como las denominadas Sociedades Anónimas (S.A), así como también las denominadas Asociaciones Cooperativas (S.C) de finalidad de producción de bienes y servicios, es decir, de Producción Social (E.P.S), que son compañías no mercantilistas, repito, que son comunales, o mixtas; y que encerraría y pondría fin en un tiempo determinado a la economía Internacional del sector privado y sustituirán  a estas empresas  privadas sobre todo en el sector petrolero, y que serán las que harán los contratos con PDVSA, no obstante estas empresas deben estar debidamente inscritas en el Registro de Empresas de Producción Social.

Analizando se definen las empresas de Producción Social como aquellas que  promoverán la alineación de un sistema comunal de producción y consumo, donde los excedentes concebidos por éstas empresas se refinancien en el  interés social, tales como, obras publicas, alimentación, educación, salud, en general en el desarrollo de la nación y la sociedad venezolana.

Finalmente, la responsabilidad de las transferencias de fondos económicos para el desarrollo, y convenios entre el Estado de las actividades de las empresas socios productivos, lo tendrá el Poder Público Nacional,  así como la vigilancia externa e interna de aquellos recursos otorgados, al igual que las organizaciones de dichas empresas.

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