DERECHO PENAL

DERECHO PENAL

El Derecho Penal es la Ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como infracciones (delitos o faltas) y dispone la aplicación de sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes los cometen y el surgimiento obedece a la necesidad de regular el comportamiento del hombre en sociedad. El crimen nace con el hombre cuando aún no existía un orden jurídico, ni una sociedad organizada, ya el delito se manifestaba en su forma más rudimentaria.

El Derecho Penal aparece como el medio de control más drástico, al cual se debe recurrir en última instancia cuando todos los demás medios de solucionar el problema han fracasado (ultima ratio), se compone de la suma de todos los preceptos que regulan los presupuestos o consecuencias de una conducta conminada con una pena o medida de seguridad.

Realiza su misión de protección de la Sociedad, castigando las infracciones ya cometidas, por lo que es de naturaleza represiva; cumple esa misma misión por medio de la prevención de infracciones de posible comisión futura, por lo que posee naturaleza preventiva, ambas funciones, no son contradictorias, sino que deben concebirse como una unidad.

Sin duda el más fuerte y agresivo, por ende, sólo debe ser utilizado para casos que realmente ameriten un castigo tan severo como es la pena, y no por los llamados delitos de bagatela; por tanto, el Derecho penal debe tener una intervención mínima, y únicamente actuar cuando los diversos instrumentos de control social formal e informal hayan fracasado, para la solución del conflicto.

Si bien el Derecho Penal constituye el poder punitivo del Estado, éste no debe ser totalitario, por lo que, existen dos límites que lo regulan, a saber:

El principio de intervención mínima, debe ser la ultima ratio de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito.

El principio de intervención legalizada del poder punitivo del Estado, sirve para evitar el ejercicio arbitrario o ilimitado del poder punitivo estatal. También supone un freno a aquellas políticas estaduales por medio de las cuales, por conducto del Derecho Penal se pretende resolver toda clase de conflictiva social, es decir, penalizar todas las conductas negativas para una sociedad determinada.

Entendido en sentido subjetivo, es la facultad o derecho a castigar (ius puniendi) que tiene el Estado ya que a éste corresponde la tutela de los intereses o bienes jurídicos más importantes o valorados en una sociedad contemporánea, como son la vida, la libertad y la seguridad sexual, entre otros, dicha protección se efectúa mediante la emisión de tipos penales,

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