Estatuto Anticorruccion
osnaiderf23 de Marzo de 2012
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La corrupción se presenta porque existe un mercado en el que se puede
desarrollar. Existen agentes demandantes y oferentes de corrupción que obtienen
ganancias por las transacciones de las que participan. Las políticas anticorrupción
deben incorporar medidas orientadas a eliminar la oferta de corrupción por parte de
los agentes públicos y la demanda privada.
El Estatuto fue elaborado a partir de una mesa técnica de la cual hicieron parte
la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría
General de la República y la Auditoría General de la República, por parte de los órganos
de control. En representación del Gobierno Nacional tuvo asiento el Ministerio
del Interior y de Justicia, el Departamento Nacional de Planeación y el Programa
representantes de la sociedad civil acompañó el trabajo, Transparencia por Colombia.
Con el objetivo de salvaguardar la gestión estatal, la ley introduce medidas que
incentivan actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los particulares.
Se incluyen previsiones novedosas como la dependencia directa de los jefes de control
interno de las entidades del sector central, de la Presidencia de la República.
LIBERTAD Y ORDEN
REPUBLICA DE COLOMBIA
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BLI
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Además, se establece un régimen de inhabilidades no solo como medida
sancionatoria para aquellos que atenten contra la administración pública, sino también
para garantizar transparencia dentro de los gobiernos. Así, para hacer efectivo que
las personas elegidas en cargos uninominales sean independientes de los intereses de
sus financiadores de campaña, se incluyen inhabilidades para los contratistas, ya sean
personas naturales o jurídicas.
En el sector de la salud, se aprobaron disposiciones dirigidas a evitar los abusos
hacia el Sistema General de Seguridad Social. Se promueve su sostenibilidad a través
de un mejor control y vigilancia por parte del Estado. Así mismo, como atentar
contra el sistema de seguridad social integral es atentar contra la vida de todos los
ciudadanos, se establecen causales de agravación punitiva para estas conductas.
De igual manera, el Estatuto Anticorrupción incluye medidas penales en la
lucha contra la corrupción pública y privada para prevenir e incentivar la intolerancia
hacia este fenómeno. Es así como se pondrá fin a los beneficios para los corruptos
al acabarse con los subrogados penales para ellos, y aumentar los términos de
prescripción para las investigaciones de los delitos de corrupción y en los procesos
fiscales y disciplinarios. El tráfico de influencias de particulares será sancionado y
el cohecho transnacional que produce distorsión en la competencia del comercio
internacional será penalizado.
De igual manera, en la ley se fortalecen los procedimientos y los órganos de
control junto con las instancias judiciales para facilitar el avance de las investigaciones
y reducir los tiempos en que se desarrollan.
La ley establece medidas pedagógicas y de formación que hacen que la política
anticorrupción sea permanente y promueve la construcción de una cultura de la
legalidad. De esta manera, se fortalece la participación de la ciudadanía a través del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Otra novedad en la ley es la de crear herramientas de lucha contra la corrupción
desde diferentes frentes del Estado y de la sociedad, para lo que se vincula a los
particulares a través de la Comisión para la Moralización y de la Comisión Nacional
Ciudadana para la
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