Mentiras

En el gobierno de Chávez se intenta llevar a cabo un modelo de desarrollo alternativo, plasmado en su propuesta electoral, en la nueva constitución y en los lineamientos de acción del Plan Nacional, documentos en los cuales se pone un especial énfasis en la economía social impulsada y fomentada en la práctica desde distintas instituciones del Estado Venezolano, producto de lo cual tienen lugar una serie de cambios en materia jurídica y organizativa.

Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) a través de refrendo en 1999, adquieren rango constitucional las organizaciones de la economía social; además que se crean mediante Ley habilitante, la Ley de Estimulo Promoción y Desarrollo del Sistema Micro-financiero y la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), las cuales rigen dos tipos de organizaciones que pertenecen al sector de la economía social: las cooperativas y las microempresas.

Asimismo, el gobierno presenta un mayor interés en la integración de lo económico y lo social, apoyando estrategias productivas solidarias y creando nuevas instituciones para la promoción de la economía social, entre las que se encuentran las siguientes: Instituto Autónomo Fondo Único Social (IAFUS), Banco del Pueblo Soberano (BPS), Fondo de Desarrollo Micro-financiero (FONDEMI), Banco de Desarrollo de la Mujer (BANMUJER) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES).

El nuevo modelo consiste, en esencia, en desarrollar el negocio empresarial del petróleo para iniciar la construcción de una estructura económica en que el país vaya saliendo de la dependencia de la renta y de la dependencia tecnológica. Es claro que la política para implantar el modelo tropieza con una serie de escollos provenientes de la estructura vigente. En primer lugar, la empresa más importante y competitiva a nivel internacional, y por lo tanto la que ha de ser el punto de partida para el nuevo modelo. Ha sido condicionada para esa función y tanto a los gobernantes como a los directivos de la empresa les cuesta ver las cosas de otro modo. Todo intento de dirigir la empresa petrolera como una empresa normal autónoma ha chocado con el carácter rentístico del gobierno representado por el Ministerio de Minas.

Es necesario apoyar dentro de la empresa, tendencias tecnológicas nacionalistas frente a las rentísticas y de subordinación a las grandes transnacionales. Hay que modificar radicalmente las relaciones legales con el Estado para que sea una empresa normal con sus accionistas y directorio. Se debe reconocer su ganancia normal y cuál será su transferencia de renta al Estado. En este punto deben fijarse reglas de reparto bien claras y de duración suficiente para permitir una planificación empresarial adecuada. Como cualquier empresa, debe poder actuar libremente en el mercado interno e internacional, buscar la competitividad tecnológica, poder diversificar sus políticas basándose en sus diagnósticos del negocio petrolero internacional.

Sus directivos deben ser responsables

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