Montesquieu “El espíritu de las leyes”

Hace más de 265 años, el célebre Montesquieu expresó en su obra maestra “El espíritu de las leyes” que en el ejercicio del gobierno hay tres poderes: El Legislativo, Judicial y Ejecutivo con funciones específicas y diferentes cada uno.

También señaló la conveniencia de que las funciones de esos poderes se mantengan se¬paradas. De no ser así, advirtió: “Cuando el Poder Legislativo y Ejecutivo se reúne en una persona o cuerpo no hay libertad; falta con¬fianza porque propicia que el monarca y el Senado hagan leyes despóticas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente”.

Lo que propuso el pensador francés fue que un poder sirva de contrapeso al otro para que se dé el balance de fuerzas entre ellos y se evi¬te la arbitrariedad que trae consigo la acumu¬lación de poderes.

En palabras llanas, la teoría de los pesos y con¬trapesos propone que se cuiden las manos entre sí el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Montesquieu se refería a dos formas en que los poderes podrían conspirar contra el pueblo. La primera, al dictar leyes que permitieran a una persona o asamblea reunir en ellos más de una función, por ejemplo que el monarca sea el que emita leyes (Legislativo) y a la vez las haga cum¬plir (Ejecutivo).

La segunda, acaso más peligrosa y demagó¬gica, se da cuando los titulares de dos poderes se ponen de acuerdo para lesionar los intereses ciudadanos, forman una voluntad y fusionan las atribuciones para alcanzar su fin.

Montesquieu no tenía una bola de cristal ni era profeta, pero en aquellas líneas de su libro predijo la conducta del Congreso de B.C. y del Secretario de Planeación y Finanzas del Estado.

Aunque el Congreso y el Secretario de Fi¬nanzas pertenecen a poderes diferentes, uno al Legislativo y otro al Ejecutivo, se fusionan cuando se trata de presupuestar los recursos y unen funciones para alcanzar sus fines aviesos. Rompen de hecho, aunque no de derecho, la división de poderes.

En esa fusión de atribuciones el Congreso se autorizó el año pasado 100 millones de pesos adi¬cionales al presupuesto anual sin apego a la ley. Qué paradoja, la autoridad encargada de expedir la ley es la primera que la incumple.

La reglamentación aplicable señala que para modificar o ampliar el presupuesto aprobado al Poder Legislativo, se debe obtener la opinión de la Secretaría de Planeación y Finanzas sobre la viabilidad financiera.

A pesar de ese requisito, los diputados modifi¬caron su presupuesto en 100 millones, sin la opi¬nión de viabilidad financiera, es decir, sin saber si hay recursos efectivos disponibles en las arcas públicas hicieron lo inconfesable: “Pegaron el manotazo a la caja y después viriguan”.

Es obvio que el Secretario de Finanzas se en¬teró previamente del incremento al presupuesto

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