Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

INTRODUCCIÓN

El derecho de petición es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho permite a cualquier persona acercarse de forma individual o colectiva, por escrito y de manera pacífica, a las autoridades para solicitar información, presentar quejas, reclamaciones y solicitar medidas de interés público. 

La Constitución Mexicana establece que toda autoridad tiene la obligación de responder a las solicitudes que recibe en un plazo determinado y de manera fundamental. Además, se prevé la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de que la autoridad no cumpla con esta obligación.

Situación que por el grado de afectación en contra del particular molestado, resulta necesario modificar el Artículo 8° Constitucional, a fin de que el contribuyente pueda afrontar jurídicamente tal acto, sin embargo en esta tesina se ha detectado o identificado una problemática al respecto, es decir, que existe en el actuar de la  los funcionarios y empleados públicos respetará más sin embargo tenemos que limitar la sobre saturación de solicitudes que entran en el estado de Puebla; un  concepto subjetivo que puede llegar a provocar una falta o indebida motivación por parte de la autoridad por su concepción subjetiva, pues, en el precepto en el que se establece tal figura no determina que se debe de entender el un pazo mínimo de contestación, es decir, una respuesta en un breve termino.

Por ello resulta necesario en la presente tesina, analizar, el precepto legal en donde no establece que es un breve término:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.  A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Ambientando la vía electrónica se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada para presentar solicitudes, quejas y reclamaciones ante las autoridades y entidades públicas. El uso de plataformas digitales y sistemas informáticos ha permitido una mayor accesibilidad y eficiencia en el proceso de presentación y respuesta de las solicitudes. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han revolucionado la forma en que nos comunicamos, interactuamos y accedemos a la información. En el contexto del derecho de petición, las TIC han permitido la implementación de nuevas herramientas y canales de comunicación que facilitan y agilizan el ejercicio de este derecho fundamental.

Sin embargo, el uso de las TIC en el derecho de petición también implica nuevos desafíos y desafíos en cuanto a la seguridad, privacidad y protección de los datos personales de los ciudadanos. Es importante que las regulaciones y normativas que regulan la vía electrónica para el ejercicio del derecho de petición contemplen estas cuestiones y establezcan medidas efectivas para garantizar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

La implementación de plataformas digitales y sistemas informáticos ha permitido la creación de nuevos canales de comunicación, lo que ha permitido una mayor participación ciudadana en la gestión pública. Además, el uso de las TIC ha contribuido a aumentar la transparencia y la difusión de información relevante y actualizada, lo que también ha generado una mayor participación ciudadana. Sin embargo, la implementación de las TIC en el derecho de petición también ha generado nuevos desafíos.

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el derecho de petición ha supuesto una transformación en la forma de ejercer este derecho fundamental. La posibilidad de presentar solicitudes, quejas y reclamaciones por medios electrónicos ha permitido una mayor accesibilidad y eficiencia en el proceso de comunicación con las autoridades y entidades públicas.

Toda vez que la presente investigación partió del análisis de que el aseguramiento al derecho de petición como consecuencia de un acto de sobre saturación, adolece éste de falta de motivación como consecuencia de la ausencia de las conductas que deben considerarse para que exista la eficiencia de adquirir la documentación requerida en un periodo corto, nos lleva a formular los siguientes objetivos:

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