Derecho a la Educación

Derecho a la Educación

Introducción:

En el presente trabajo se planteará a la educación como herramienta institucional para fortalecer el poder Estatal en Argentina, hasta las distintitas concepciones del derecho a la educación según el Estado liberal, el Estado de bienestar y el neoliberalismo.

Desarrollo:

No podemos dejar de destacar, a la escuela como herramienta institucional, no todavía como un derecho, pero si una escuela para todas y todos los habitantes que construirían la nacionalidad argentina. “La escolarización resultó así una de las herramientas institucionales más eficaces en el proceso de homogeneización indispensable para la constitución de la nacionalidad y el fortalecimiento del poder estatal”. (Tenti Fanfani, 1999).

Luego con la sanción de la primera Constitución de 1853, nace la educación como derecho individual en los albores de la organización de la Nación durante el liberalismo.

“En la República Argentina, el derecho a la educación se encuentra jurídicamente consagrado ya en la primera Constitución sancionada en 1853”. “(…) compatible con la conformación de los estados nacionales bajo las formas políticas del liberalismo, etapa en la cual se produce una mutación en los fundamentos del poder político, que implica la conquista de los derechos individuales y una modificación en la base de la legitimidad del poder”. (Finnegan, 2014).

Con la llegada del Estado de bienestar se consagran los derechos que son el fruto de una larga transformación del estado liberal, podemos destacar el derecho a la educación como derecho social que demando la intervención del estado y para ello una ampliación del poder del estado.

La institucionalización de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la jubilación y a un seguro de desempleo, consolidaron lo que dio en llamarse el Estado de Bienestar que asumió rasgos particulares de las políticas Keynesianas.

Durante los años 80 y 90´ en Argentina, apareció una fuerte posición neoliberal acompañada de la iglesia católica, que cuestionaba a la educación como derecho social y que el estado solo debería ser subsidiario de la educación. Se cristaliza un importante retroceso del reconocimiento y la legalización de los derechos económicos, sociales y culturales.

“La Ley Federal de Educación (LFE) sancionada en 1993 asignaba al Estado Nacional la responsabilidad principal e indelegable de fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa” (art. 2 de la LFE) pero no la de garantizar el derecho social a la educación a la vez que sostenía que “las acciones educativas son responsabilidad de la familia, como responsable principal, de las provincias, los municipios, la Iglesia Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones sociales” (art. 4 de la LFE). El Estado se presentaba como un responsable más entre otros agentes educativos”. (Feldfeher, 2014).

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