Derecho A La Educacion

El derecho a la educación

1. La educación es un derecho

La educación no es un bien que, una vez adquirido, se añade a otros bienes del patrimonio de un individuo, sino que su adquisición se convierte en parte integral de la persona humana. Por lo mismo, al igual que los demás derechos, debe ser igual para todos, en su declaración de principio y en su aplicación en la práctica.

2. El principio de igualdad implica la gratuidad absoluta. Diría inclusive para los ricos. Al impuesto progresivo (ciertamente necesario) no se debe sustituir el principio del pago de los servicios de educación por parte de quienes tienen los medios.

Los costos de la educación deben ser sufragados íntegramente por el Estado y el presupuesto de la educación debe entonces ser objeto de alta prioridad.

Este principio de igualdad vale para todas las naciones, ricas y pobres. Pero, obviamente, los países pobres no tienen medios equivalentes (“en calidad”) a los de los países ricos.

Esta desigualdad es una de las consecuencias más dramáticas de la desigualdad entre las naciones producida por la expansión capitalista/ imperialista.

Será necesario adecuarse a esta realidad, sin renunciar al principio de este derecho igual, incluso para los países pobres. La inversión en la educación es la inversión seguramente más productiva a largo plazo. Inicialmente se puede aceptar que el esfuerzo esencial se dedique a la educación primaria, gratuita y obligatoria (es posible: Cuba, Vietnam y otros son la prueba), mientras que el porcentaje de las generaciones admitidas en la secundaria y superior puede ser modesto y aumentar solamente a medida de las realizaciones del desarrollo.

3. La declaración del derecho a la educación y a la definición de sus objetivos y en consecuencia de sus contenidos, son indisociables. El objetivo sería: ¿formar “productores” (necesarios para los sistemas productivos tal como son) o formar “ciudadanos”? Las dos tareas deben asociarse indisolublemente y la formación de ciudadanos no podría sacrificarse bajo pretexto de una prioridad que deba darse a la primera. Es más, esta asociación de las tareas debe ser la misma para todos (principio de igualdad); no se puede aceptar que una “instrucción práctica” se reserve a los unos (en general los niños de las clases populares, destinados a reproducir su fuerza de trabajo necesaria para el capital), mientras que “la instrucción noble” se reserve a una minoría (incluso si es reclutada por “concurso” y no según los medios financieros de sus padres).

No se tienen en cuenta estos principios en el discurso dominante, en particular en sus propuestas de “reformas” de la educación. Este discurso se sitúa a las antípodas del nuestro. Reconociendo el “derecho a la educación” de labios para fuera, se apresura a destruir todo su alcance por la prioridad casi absoluta que da a los objetivos de formación que responda a las necesidades del “mercado”, a la vez que reduce la formación de los ciudadanos a algunas frases de retórica pobre.

La privatización de los servicios educativos pagados, el sometimiento de las Universidades y de la investigación al control de los oligopolios, hacen el resto.

El trasfondo de esta desviación economicista es el falso concepto de “capital humano”, que trata la educación como un “bien apropiado” por su beneficiario. Se desconoce pues deliberadamente que la producción de conocimientos es social, determinada por el conjunto de la sociedad y no por cualquier fragmento aislado de ésta; como también se desconoce que el portador del “capital de educación” no puede hacer uso de éste sino en la sociedad.

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