Educación en la Constitución: perspectiva docente

Educación en la Constitución: perspectiva docente

A diferencia de lo que se suele pensar, la valoración e importancia que tiene el rol de los profesores no solo impacta sobre la instrucción de estudiantes, también en la economía del país. Así lo evidencian datos actuales reportados por diversas instituciones. Elige Educar desde el año 2009 ha elaborado una encuesta cuyo propósito es medir la percepción de chilenos que viven en distintas regiones sobre la profesión docente. En la encuesta realizada el año 2022 la valoración de la carrera de pedagogía obtuvo su máxima cuantía (Elige Educar, 2022) ^[1]. No obstante, en el mismo estudio se indica que solo un dieciocho por ciento cree que los profesores tienen buenas remuneraciones. Respecto al impacto económico, la educación, entendida como inversión en capital humano, es una fuente de generación de ingresos, de crecimiento económico y desarrollo, por lo cual es muy importante para el progreso de un país (Herrera, 2019) ^[2]. 

A la situación esbozada, se une el pronóstico hecho por Elige Educar (2020) ^[3]: para el año 2025 se proyecta un déficit de 26.273 profesores idóneos (titulados en la disciplina que imparten). Acorde al Centro de Estudios Mineduc, el total de docentes que imparten clases en el sistema escolar chileno es 247.742, por lo cual el déficit equivaldría a más de un diez por ciento de la dotación actual. El periodista Ávila (2021) ha señalado al respecto: “[p]ese a que pedagogía es la cuarta profesión más valorada por la ciudadanía, este reconocimiento público no se refleja todavía en las preferencias universitarias (…) poco interés de los jóvenes por estudiar Pedagogía, una carrera que necesita más incentivos, mejores remuneraciones y desafíos permanentes” ^[4]1. Lo planteado en este párrafo evidencia la carencia de profesores tanto actual como venidera. 

Por consiguiente, es necesario atender íntegramente la enseñanza en la discusión constitucional: hoy se suele dar mucha cabida en el debate a la demanda por formación académica, pero no así a la oferta. En otras palabras, no abordar la educación en su cualidad de derecho de segunda generación que debiera contar con acceso universal, sino que desde quienes la imparten. Así definir un conjunto de reglas centradas en incentivos de distinta índole que vuelvan a la carrera pedagogía tan prestigiosa, demandada, bien remunerada y con alta empleabilidad como medicina, derecho, ingeniería, entre otras.

Así, en la constitución se debieran definir las reglas generales que permitan mejorar cada uno de los puntos planteados en el párrafo anterior, y con esta base llevar a cabo las futuras políticas públicas. Es importante que esto esté en la constitución, porque una política pública de esta envergadura (que además requiere de presupuesto público) no puede desarrollarse durante un solo periodo presidencial, menos si es que se cambia la estrategia según cada agenda pública. Así, que estén las normas educacionales estipuladas en la constitución dota de continuidad la estrategia definida. 

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