Administrativo 2

El Autor Antonio Moles Caubet empieza su artículo diciendo que el principio de legalidad administrativa es una especie de columna vertebral del derecho administrativo ya que es de suma importancia pero no ha tenido mucho material monográfico como cualquier otro tema de relevancia en el derecho y debe ser estudiado a profundidad debido a su gran cantidad de implicaciones.

El autor divide su artículo en especies de capítulos donde explica cada uno de los puntos relevantes que tiene que ver con el principio de legalidad de la administración. Primeramente habla de que el principio de legalidad es propio de los estados de régimen administrativo y hace una diferenciación entre las dos estructuras de estado que son el judicialista y el socialista, el primero tiene un desorden con respecto con la responsabilidad de la administración y en vez de regir el principio de legalidad rige el “rule of law”. En cambio en el estado socialista el derecho administrativo es avanzado.

Seguidamente distingue el principio de legalidad por su trascendencia jurídica y por su incorporación a la norma, el primero se trata de que es un principio en el que la norma sin estar expresamente dicha tienen un “efecto constitutivo” y se les conoce como “derecho detrás del derecho”. En cambio la segunda son normas expresas. Anexo a eso Moles Caubet habla de las condiciones conformadoras, y dice que el principio de legalidad se conforma de cuatro condiciones que producen efectos sucesivos (delimitación del espacio de intervención de la ley, asegurar el orden prelativo de las normas, selección de la norma precisa ante un hecho concreto y medición o limitación de poderes que la norma le confiere a la administración).

Aunado a esto explica detalladamente cuatro puntos con el fin de profundizar las implicaciones existentes del principio de legalidad. El primer punto habla sobre la insuficiencia de las definiciones normativas del principio de legalidad, acotamiento de los dominios reservados a la ley y la enumeración contenida en la Constitución Venezolana, con respecto a este último punto hace referencia que el principio de legalidad posee un aspecto constitucional y que su motivo principal es la subordinación del poder público a las leyes, ya que existe un entrelazamiento de normas que protegen los derechos de los administrados es decir de los ciudadanos. Se hace mención de los dominios reservados a la ley, específicamente en Venezuela son: la reserva legal de los derecho políticos ( nacionalidad, sufragio), las cargas tributarias, la propiedad privada y el cumplimiento de los servicios públicos, determinación de la potestad administrativa, con sus atribuciones y competencias, por lo que la arbitrariedad por parte del Estado de régimen administrativo, se delimita básicamente conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico-político imperante.

El segundo punto tiene que ver con la ordenación prelativa de

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