Cartas de batalla. Analisis

legar a tener diez y seis Constituciones, sin contar las reformas, en 187 años como Estado independiente, equivale a decir que cada doce años y medio, bajo la racionalidad del promedio aritmético, hemos estrenado una nueva Constitución, promedio por ahora superado solamente y de manera amplia, por la Constitución de 1886, que tanta estabilidad y vicios nos dejó.

Algunos desconocedores de nuestra historia, de acuerdo con sus intereses, reclaman periódicamente que el país requiere de una verdadera estabilidad jurídica para poder aspirar al tan anhelado desarrollo y poder atraer y conservar la inversión tanto interna como externa, pasando por alto el hecho de que nuestra cultura política está respaldada en términos jurídicos, por el cambio frecuente de la “Mamá de todas las Leyes”, que es la Constitución Política.

Esta sociedad, nacida y vivida en medio del conflicto, no ha podido lograr aún el “acuerdo sobre lo fundamental” de origen anglosajón, y lo que es peor, todavía no se ha dado cuenta de lo necesario que es encontrar y explicitar ese acuerdo entre todos los ciudadanos SIN EXCEPCION, con el fin de que lo dispuesto en esa Constitución, sí refleje la realidad del sentir nacional y no se quede en meras palabras e intenciones como hasta el presente.

A quienes escribieron de su puño y letra la Constitución Norteamericana, se les denomina con profundo respeto, “Padres Fundadores”. A quienes han escrito con su puño y letra, en distintos momentos del tiempo, las Constituciones Colombianas, se les denomina “Constituyentes”, a secas. Cabría advertir, que algo va de Pedro a Pablo.

La fijación de unos objetivos nacionales es la principal obligación de la política y es desde ese punto inicial, como se construye una Constitución, a partir del reconocimiento de los poderes reales y abstractos que juegan el juego del poder, con el fin de que esa Constitución precise el poder político y evite cualquier tipo de sospechas con respecto a ella misma.

Su construcción obedece a técnicas específicas que no pueden ser tomadas como el eje alrededor del cual se organiza la convivencia social y política y se le da peso específico tanto a los ciudadanos como al Estado.

Colombia, aún sin entender y sin incorporarse a la modernidad, se aproxima al concepto desde una óptica tradicionalista, pudiéndose hablar entonces, en términos macondianos, de una “Modernidad tradicionalista”, donde todo cambia, para que todo siga igual.

El concepto que hoy manejamos de territorio, uno de los pilares del Estado Moderno Occidental, dominado por las lógicas terratenientes nacidas desde la Encomienda, no ha permitido el desarrollo de la autonomía territorial, que reclama poder político, pero tampoco ha logrado generar ni la cohesión social, ni la libertad política, ni la creación de riqueza, que deben estar vinculados al proyecto nacional y que aglutinan a la población como segundo gran componente de este Estado Moderno.

La tenencia de la tierra, hoy por hoy, sigue dominada por los intereses de los poderes abstractos, organizados a través de un esquema pluricentrista feudal, lo cual deja sin posibilidades reales el proyecto de construcción de una sociedad moderna, ya que como lo expresa con claridad el profesor Albeiro Pulgarín, es el territorio el componente del Estado donde se horizontaliza el poder.

Nuestra denominada República Unitaria, será coherente con esta concepción, si cuenta con los medios necesarios que le permitan el pleno ejercicio de la soberanía, tanto al interior como al exterior del territorio que abarca.

El sano equilibrio entre los derechos y los deberes de los ciudadanos, la eficacia, viabilidad y sostenibilidad del Estado propuesto, y la coherencia entre los principios que respaldan y los instrumentos

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