Subvenciones para personas jurídicas

Cada año el gobierno nacional entrega dinero a entidades privadas que se benefician de asignación presupuestal como si fueran auténticos Pliegos. El ejercicio fiscal 2014 no es la excepción, y aunque la cifra sea modesta, su vigencia expresa la incoherencia de un gobierno que dice ser austero y eficiente en el manejo del tesoro público.

El rubro “Subvenciones para personas jurídicas” (Anexo A del proyecto de ley de presupuesto 2014) estipula la suma de 34 millones de soles a favor de algunos entes privados, que -desde nuestra opinión- no merecen ser receptores de ingresos públicos, salvo que demuestren un aporte real para el desarrollo social y económico del país.

Los privilegiados están vinculados a la policía y a las Fuerzas Armadas. El Ministerio del Interior desembolsará 3 mil soles para la Asociación de Coroneles en retiro; 88 mil en favor de la Asociación de Oficiales Generales PNP; 37, 500 en beneficio del obispado castrense; y la friolera suma de 1 millón 200 mil soles para el Comité de Damas PNP.

Por su parte, el Ministerio de Defensa otorgará 150 mil soles a la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes; 20 mil a la Asociación de Capitanes de Navío, Coroneles FFAA y PNP en situación de retiro; 20 mil a la Asociación de Comandantes FFAA; 98 mil a la Asociación de Oficiales FAP; 500 mil para la Federación Deportiva Militar; 300 mil al Comité Femenino de Apoyo; 79 mil a instituciones religiosas; 206 mil al Centro de Estudios Históricos Militares; y, 257 mil a favor del obispado castrense.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desembolsará 2 millones 600 mil soles para la Iglesia Católica; el Ministerio de Educación otorgará 25 mil a la Oficina Nacional de Educación Católica. Año tras año el Ministerio de Justicia otorga al clero recursos públicos que nadie fiscaliza. El año 2008, por ejemplo, recibió 2 millones 602 mil soles, monto generoso para Cipriani y sus secuaces que hoy se oponen a la unión civil entre personas del mismo sexo, rechazan la libertad a decidir una opción sexual, condenan el uso de anticonceptivos como política de planificación familiar.

En un contexto de crisis económica, racionalidad del gasto y, sobretodo, gestión del presupuesto orientado a resultados, ¿qué resultados espera el gobierno de estas asignaciones presupuestarias?; ¿cuáles serán los indicadores que permitan medir el desempeño de estas entidades privadas?; ¿contribuyen estos privados al desarrollo humano del Perú?; ¿resulta razonable estos desembolsos en medio de una crisis?

Estamos, sin duda, ante una comprobación de farra fiscal. Las buenas intenciones de estos privados no se condicen con los objetivos y estrategias que las entidades públicas han fijado para la consecución de sus fines institucionales. Al ser personas jurídicas de derecho privado, la fiscalización y responsabilidad

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