Un caso de decisiones éticas: “Química fraudulenta en Centroamérica”.

Un caso de decisiones éticas: “Química fraudulenta en Centroamérica”.

En su cargo de responsable internacional para una empresa multinacional que comercializa sustancia plaguicida para fumigar plantaciones bananeras en un pequeño país de Centroamérica. El ministro de Agricultura que lleva 5 años en esa responsabilidad compra plaguicida a esta empresa de la cual es accionista. El ministro piensa que este producto químico es el único que liberará a una de sus cosechas de una nueva plaga que amenaza con destruirla. Sin embargo, usted sabe que otro insecticida probablemente sería igual de efectivo. Éste es producido en otro país y jamás ha sido permitido en su país.

Su plaguicida, SOTEX, es muy tóxico. Después de años de polémica, su gobierno acaba de aprobar una ley prohibiendo su uso en el país. Hay pruebas de que los humanos pueden ingerir cantidades peligrosas por medio de los residuos en vegetales, de los animales que comen las cosechas y de los suministros de agua. Tras considerar todas las cosas, ha informado al ministro de que existen estas pruebas. No obstante, él insiste en usarlo, argumentando que es necesario y que se usará “con inteligencia”. Usted está bastante seguro de que, en diez años empezará a perjudicar a la salud de algunos de los habitantes.

Tanto el presidente como el gerente (general manager) de su empresa piensan que el pedido se puede surtir. Cuestionan la posición de gobierno y están muy preocupados por los elevados inventarios de SOTEX que tienen, así como el grave problema financiero que su prohibición provocará a la compañía. No obstante, han hecho saber con claridad que la decisión queda en sus manos.

¿Usted qué haría?

Está claro que estamos ante un tema lo suficientemente relevante como para dejar de lado la salud y el bienestar de las personas. Desde mi cargo intentaría por todos los medios comunicarme con la dirección y el departamento de I + D para valorar la posibilidad de variar la composición de dicha plaguicida de manera que no dañe a personas y/o animales. Es la única manera de poder continuar vendiendo este producto y poder crecer como empresa, puesto que, si estamos seguros de que en diez años va a perjudicar la salud de los habitantes, va a quedar demostrado la ineficacia y perjudicialidad de nuestro producto, con el consiguiente impacto para la marca con un fuerte descontento y descenso de ventas, además de una más que probable sanción obligando finalmente a cesar con la producción y debiendo cerrar la empresa. En el caso de que la única solución fuera la de vender el plaguicida fabricado en otro país y por lo tanto, prohibido en este, intentaría por todos los medios hacerle ver al ministro de la gravedad que acarrearía la utilización del mismo, ya que, aunque ganásemos dinero ahora en un plazo de tiempo tanto su puesto como ministro como el mío peligrarían al poder demostrar no solo que es accionista de nuestra compañía sino de que hemos actuado de forma fraudulenta vendiendo un producto a sabiendas que era perjudicial para toda la población. Por lo tanto, como he comentado antes, solo hay dos salidas para encarrilar de forma satisfactoria esta situación que serían o bien variar la composición del producto para que no sea perjudicial para la población, o bien vender el otro plaguicida.

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