DE LOS DELITOS Y LAS PENAS

De los delitos y las penas

Cesar Bonesano (Marqués de Beccaria)

De los Delitos y las Penas representa una profunda disertación, a través de la cual el autor analiza en más de cuarenta capítulos, uno a uno los temas más significativos respecto del binomio delito-castigo y los efectos que su práctica genera en la sociedad. De tal forma, Beccaria resalta aspectos tan importantes como el pacto social, creado por los hombres, con el fin de mantener y salvaguardar la paz. Como consecuencia de ello, Beccaria concibe a las leyes como la base de dicho pacto y como el resultado más sustantivo de éste y la pena será la consecuencia que se impondría al infractor de las mismas. Al respecto Beccaria plantea que las penas son la forma más “sensible” a través de las cuales se pudiera apaciguar la violencia y la tiranía de aquellos hombres que pudieran intentar traspasar el orden social.

El autor plantea que las penas son el derecho a castigar a todo aquel hombre que no cumpla con el ordenamiento legal y que tal castigo no es más que el resultado de una absoluta necesidad que obliga a los hombres a ceder parte de su propia libertad por el bien común y es en relación a ello que la suma total de esas pequeñas partes de la libertad de todos conforma el derecho a castigar.

Y en función a esto, afirma Beccaria, que el gobernante, quien a través de la facultad que se le otorga, será quien ostente el poder de castigar. La primera consecuencia de esto consiste en la limitación que implican las penas, en cuanto a que solamente pueden ser decretadas por la autoridad encargada de legislar las leyes. La segunda consecuencia se refiere a la restricción y seguridad que implica que la impartición de justicia requiere de la igualdad de todos respecto a la obligatoriedad de las leyes. La tercera consecuencia se basa en el principio de igualdad, mejora y bienestar de vida que representa el pacto al que los hombres decidieron adherirse, considerando como una clausula fundamental de ese pacto social el no intentar probarse la atrocidad de las penas como una medida preventiva.

Basado en el principio de que la ley no es perfecta Beccaria insiste en que la impartición de la justicia, por parte de los jueces, deberá realizarse a través de ser aplicadas al pie de la letra y como un dogma sagrado, resalta también la importancia de comprender las leyes y de ser capaz de plasmarlas lógica y coherentemente en un texto, resalta el papel fundamental de la imprenta y la consecuente expansión del conocimiento jurídico a través de la proliferación de textos adecuados al lenguaje y a la cultura del pueblo que en particular le competa, de tal forma que dicho conocimiento disminuirá el número de delitos y de futuros errores interpretativos.

En cuanto a las pruebas deberán ser establecidas por la ley no por el juez. Al igual que las valoraciones en torno a la posible veracidad de las testimoniales, Beccaria nos proporciona algunos parámetros sobre las pruebas que pueden converger en la comisión de algún delito. Para nuestro autor las penas se dividen en perfectas e imperfectas y de ellas se desprende un sentido de independencia y dependencia con relación a otras pruebas.

Tomando en consideración estos señalamientos, Beccaria nos menciona la gran importancia de que el reo sea juzgado por sus pares y que el juzgador sea apoyado en el proceso, por asesores sacados al azar, de forma similar resalta la importancia y cuidado que debe mantenerse respecto a los testigos, rechaza tajantemente el concepto y la práctica del juramento, al considerarlo un error del legislador por su carencia de credibilidad respecto a los hechos y hace lo propio en cuanto al derecho que tiene toda persona a ser escuchado y vencido en juicio. En el capítulo dedicado a las tentativas, cómplices e impunidad, el autor delimita la participación y autoría en la comisión de un hecho delictivo, al acotar el deber de la ley de enmarcar la conducta individual aún en un hecho colectivo considerando las motivaciones, las limitantes y/o atenuantes o su interrupción. Respecto al tema de la pena de muerte, el autor cuestiona la injusticia intrínseca que implicaría castigar el delito con la privación de la vida a quien delinque, respetando las garantías fundamentales del hombre.

Al referirse a la infamia propone que el desprecio social, considerado como la pena acorde a quien comete una injuria o delito similar, deberá de dosificarse y en consecuencia remarca el tema de lo impropio del asilo territorial a quien comete un delito. Resalta que todo delito tiene un grado en cuanto al daño u ofensa que ejerce hacia la sociedad o hacia algún miembro de ésta en particular, por lo tanto, cada delito deberá de implicar una pena proporcional a la motivación expresada por el

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