Ley de Seguridad Pública de Puebla

1. Escoltas de por vida Con la modificación a la Ley de Seguridad Pública de Puebla se garantiza a todos los ex gobernadores que haya tenido el estado y que sigan con vida, contar con seguridad vitalicia. De acuerdo con e-consulta, la decisión del Congreso de dotar al gobernador Rafael Moreno Valle, una vez que finalice su gestión, de un cuerpo de seguridad de ocho escoltas, con cargo al erario, por un periodo de 12 años o en forma vitalicia si así lo solicita, ha generado gran polémica. El rotativo también indica que según fuentes legislativas, un escolta recibiría un salario promedio de 10 mil pesos mensuales, por lo que luego de 12 años de servicio, el erario habrá gastado más de 11 millones de pesos en los salarios de los guardias. La iniciativa fue propuesta por el diputado de Nueva Alianza Héctor Alonso Granados, quien planteó modificar la Ley.

Rama del derecho:

2. Las propuestas de Duarte El 24 de julio pasado, el gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, envió una iniciativa al Congreso local que proponía castigar a los medios de comunicación que hablen mal de algún partido o político. El artículo 48 de esta propuesta de Código Electoral señala que los medios deberán registrarse ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado para vender publicidad y prohíbe a las organizaciones políticas comprar espacios publicitarios en medios adversos; además, incluye una cláusula que algunos detractores calificaron como anti “132” (por el movimiento #YoSoy132) ya que especifica que los ciudadanos no pueden tener vínculos con formas democráticas de expresión, que se produzcan en contra de cualquier candidato, y reducen el plazo para la inscripción de los observadores electorales. Siete días después de ser presentada, el Congreso de Veracruz aprobó con 49 votos a favor, cero en contra y cero en abstención la nueva Ley Electoral que modifica, principalmente, el marco jurídico para los comicios. Sin embargo, tras la presión de los legisladores de todas las corrientes, hubo cambios en la redacción para respetar la libertad de expresión en los mensajes contra partidos o candidatos, siempre y cuando no denigren o calumnien. Apenas el 20 de septiembre de 2011, se aprobó la Ley de Perturbación, también llamada “Ley Duarte”, que tipifica como delito la perturbación del orden social y la difusión de rumores a través de las redes sociales. La iniciativa fue propuesta por Duarte después de que el pasado 25 de agosto del año pasado los tuiteros María de Jesús “Maruchi” Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, fueran arrestados y condenados a prisión por los supuestos “delitos de terrorismo equiparado y sabotaje”, ya que difundieron, a través de las redes sociales, mensajes de supuestos ataques del crimen organizado en centros escolares de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Ambos fueron puestos en libertad días más tarde.

3. Matanza de perros El 19 de marzo de 2012, el diario El Debate reveló que a nueve sesiones de presentarse la iniciativa que plantearía el exterminio de animales callejeros de Sinaloa, principalmente perros, los diputados locales mantenían en hermetismo la propuesta de ley. La Asociación de Refugios y Protección de Animales (ARPA), organismo defensor de los derechos de los animales, acusó al cuerpo legislativo de falta de transparencia. “Es echarlos en agua; le meten un cable por el ano, otro en el hocico, hasta que el animal muere de dolor”, señaló ARPA, al considerar que esta práctica ya se realiza en Los Mochis y cuya propuesta plantean aplicarla en todo el estado. “Según el dictamen se va a recoger, traiga placa, tenga dueño o no”, dijo. Fue así que diversos medios y defensores de los animales denunciaron que los diputados de Sinaloa presuntamente planeaban una gran matanza de perros.

4. Ni condones ni libros En febrero pasado, Alejandro Higuera Osuna, alcalde de Mazatlán, negó el permiso para repartir condones durante los desfiles del Carnaval porque, dijo, esa actividad atenta contra la “moral pública” e incluso, algunos medios locales afirmaron que el edil también pidió a la comunidad lésbico-gay abstenerse de asistir a la festividad. “El que lo instale (módulos) lo levanto y lo llevo al Tribunal de Barandilla; espero que el doctor Secretario de Salud (Ernesto Echeverría Aispuro)… lo invito a que venga a repartir condones cuando se da en junio-julio la marcha lésbico gay que está autorizada; el año pasado se hizo y son los espacios para ese tipo de cosas”, añadió. Dos meses más tarde, el diario Noroeste informó que Higuera negó el permiso para la realización de la Feria del Libro y de las Artes (Feliart) 2012 en la Plazuela Machado. El rotativo dio cuenta de que Luis Alonso Enamorado y José Luis Franco, organizadores de la Feliart, señalaron que uno de los argumentos que les dieron es que el Municipio, en especial el Instituto de Cultura, fue que no contaban con infraestructura necesaria para que la Feria se desarrollara; sin embargo, sí otorgó su consentimiento a la feria del libro organizada por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

5. Los cobros en Coahuila El periódico Vanguardia reveló el 16 de noviembre de 2011 que la Ley de Hacienda 2012 incluía cobros por entrar a museos y parques estatales, tenencia estatal, sobre remediación ambiental por extracción de materiales pétreos, por la prestación de servicios de Protección Civil, del Registro Público de la Propiedad, de Desarrollo Social,

...