ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

GOBIERNO DE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO

La primera administración de López Pumarejo puso en marcha un programa de gobierno mediante el cual se pretendía modernizar la legislación social y económica del país, de acuerdo con los principios neoliberales. Los liberales comprendieron que solo un plan de reformas podría detener el descontento social y la penetración de ideas socialistas, ajenas a la ideología del partido liberal. Por esta razón, el gobierno de López fue reformista.

Para lograr los objetivos de su Revolución en Marcha, López y sus asesores propusieron un plan que comprendía leyes sociales, con las cuales se pretendía favorecer a los grupos de bajos recursos económicos. Las reformas logradas se introdujeron en la Constitución de 1936 y pueden resumirse como sigue:

Reforma agraria: la ley 200 de 1936, por la cual se estableció la reforma agraria, tenía como finalidad otorgar tierras a todos aquellos que cultivaban territorios que no les pertenecían y llevar a la práctica el principio de que la propiedad privada debe cumplir una función social. Esta ley prohibió los desalojos de los campesinos que invadían territorios ajenos y facultó al Estado para expropiar tierras en caso de que fuera necesario.

Además, decretó la extinción del dominio a los 10 años, es decir, que si una propiedad no estaba debidamente explotada a los 10 años a partir de la expedición de la ley, podía ser expropiada por el Estado y entregada a campesinos sin tierra.

A esta reforma se opusieron los terratenientes que se organizaron en un movimiento político llamado APEN (Asociación Patriótica Económica Nacional). Gracias a ella, López ganó el apoyo del campesinado.

La APEN defendía la propiedad privada amenazada, según su opinión, por la infiltración de ideas socialistas, su principal órgano de expresión fue el periódico la razón.

Reforma educativa: las leyes relacionadas con la educación establecieron la educación primaria obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos y, para este fin, el Gobierno destinó un 10% del presupuesto nacional a la educación. La reforma concedió además, la libertad de enseñanza y limitó la intervención de la Iglesia en esta actividad. Implantó el control estatal sobre las escuelas secundarias, casi todas en manos de comunidades religiosas y particulares, y adelantó una reforma universitaria que otorgó autonomía a la Universidad Nacional.

Reforma tributaria: según nuevas leyes relacionadas con el pago de los impuestos, se aumentaron las responsabilidades fiscales a aquellas personas que poseían grandes capitales y rentas y se redujeron las de los grupos de bajos ingresos. Esto significa que se estableció un sistema de impuestos diferencial, según el cual las personas aportaban al Estado de acuerdo con su capacidad económica.

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