Carlos Salinas de Gortari

Carlos Salinas de Gortari

Carlos Salinas de Gortari nació en Ciudad de México; 3 de abril de 1948) es un economista y político mexicano.

Previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente, fue postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional en 1987.

Esa elección fue la primera difícil para el partido oficial: el PRI, al que pertenecía Salinas, porque un grupo considerable de sus militantes se separó para formar un nuevo partido que después formaría parte del FDN. Esto no habría obligado a un fraude de no ser porque entre los que abandonaron al partido se encontraban personajes de la talla de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas (el hijo de uno de los ex presidentes más queridos en México: Lázaro Cárdenas) y consiguieron un número bastante grande de seguidores. En realidad jamás sabremos los resultados de la elección porque cuando se realizaba el conteo y los resultados estaban a favor de Cárdenas, el candidato del FDN, ocurrió un problema: se dejaron de contar los votos. La explicación oficial fue que se cayó el sistema, y como no se pudo terminar el conteo se dio como ganador al candidato del PRI. Las boletas se quemaron inmediatamente y jamás sabremos si Cárdenas ganó y por cuanto o si sólo fue la tendencia en los votos que se contaron primero. Lo importante aquí es que el PRI vio por primera vez que tenía competencia y prefirió no confirmar si había perdido o no.

Resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988.

La privatización

La desincorporación del sector público de las empresas paraestatales consideradas no prioritarias, con el afán de ir creando las condiciones propicias para un mayor desarrollo de la iniciativa privada y como una clara manifestación de que el Estado se iría retirando de la economía. Cuando comenzó la administración de Carlos Salinas, existía ya la idea básica de que el Estado únicamente debía gobernar, mientras que para efectos de productividad y desarrollo económico deberían de concentrarse sólo los esfuerzos de la iniciativa privada Salinas, explicó que mientras más pertenencias tenía el Estado, más aumentaba la carga administrativa y financiera que debía soportar, lo que acababa por limitar y erosionar su capacidad de respuesta a sus obligaciones constitucionales.

Los lineamientos y criterios en los que se basó la desincorporación en este período son los siguientes:

• Liquidación o extinción de entidades que ya cumplieron con sus objetivos.

• Fusión de entidades para mejorar el uso de los recursos con la integración o complementación de procesos productivos, de comercialización y de gestión administrativa.

• Venta de empresas que no son prioritarias ni estratégicas y que, por sus condiciones de viabilidad económica, son susceptibles de ser adquiridas por los sectores social y privado.

De 1155 empresas paraestatales que existían en 1982, al primero de diciembre de 1988 había 618, y al término de 1993, el gobierno ya sólo administraba 258, de las cuales 48 estaban en proceso de desincorporación. "Por la venta de empresas y activos del sector paraestatal, el gobierno obtuvo 69 360 millones de pesos."

De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca).

La histórica reforma del sistema bancario, emprendida en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a menos de una veintena, encabezando las sobrevivientes el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco del Comercio (Bancomer). Asimismo el Banco central de México, Banxico, fue dotado, reforma constitucional mediante, de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa.

Salinas explicó que las privatizaciones convenían al país a efectos de ingresos en la caja del Estado, ganancias que luego el Gobierno destinaría a abonar la deuda interna y a costear las necesidades sociales, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayores de los esperados: sólo en 1991 el Estado recaudó 10.700 millones de dólares por ese concepto. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el emblemático monopolio Pemex, el cual, no obstante, tampoco salió indemne de la avalancha de liberalizaciones, ya que, a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (julio de 1992), empezó a estructurarse como holding corporativo, asumiendo criterios de eficiencia y racionalidad, dotándose de una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y abriéndose a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias.

Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23,000 millones de dólares, 7 los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna, en 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%. Dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social. (anexo 1)

La desincorporación de la banca fue uno de los procesos de privatización más importantes que se han efectuado en México. Ello fue así tanto por el monto que implicó la operación como por los efectos correctivos que debería inducir sobre la confianza de los agentes económicos respecto a la conducción de la política económica, la evolución de la economía y la asignación de los recursos productivos.

El proceso de reducción del tamaño del sector paraestatal se inició durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Sin embargo, las privatizaciones más grandes y también más controvertidas se llevaron a cabo durante el gobierno del presidente Carlos Salinas (1988-1994). Fue dentro de este último programa que se aplicó la privatización de la banca comercial, llevada a cabo entre 1989 y 1990.

La privatización de la banca comercial consumada durante el sexenio del presidente Salinas requirió antes que nada de varias reformas jurídicas. En el orden Constitucional, hubo que modificar nuevamente el pasaje correspondiente del artículo 28 para permitir la participación de agentes privados en la prestación del servicio de banca y crédito. En ese mismo orden, se tuvo que reformar el artículo 123 de la Carta Magna para adaptar las condiciones de trabajo en la banca –ya con el permiso de sindicalización— a un régimen de propiedad privada. También se requirió la expedición de una nueva ley de bancos e incidentalmente, como se verá en el próximo capítulo, de un nuevo ordenamiento para las agrupaciones financieras.

Dentro de su sexenio, hubo una gran inclinación hacia la venta de las empresas del Estado para reunir recursos, lo cual tiene sus ventajas y desventajas ya que el gobierno al vender esas empresas, hace que exista una nueva entrada de dinero, pero creo que solo deberían de vender aquellas que el gobierno no pudiera administrar eficazmente, debido a que si alguna empresa, la cual pudiera traer buenos rendimientos, estando bien administrada, es peor venderla, porque se elimina una entrada que pudiese llegar a ser buena a largo plazo.

Privatizaciones

Hacía 1984, el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores; también fue el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

La crisis de 1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el del Distrito Federal y los de los estados, se convirtió en dueño de empresas como medida para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraba jugaban un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un número importante de personas.

Esta dinámica se vio favorecida por dos procesos. En un sentido, por la sobrevaluación del peso mexicano que ocurrió ya durante los últimos años del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de manera más clara durante los primeros años del gobierno de Echeverría, quien expandió el control del Estado sobre la economía al hacerse cargo de Teléfonos de México. La sobrevaluación hacía que las mercancías mexicanas fueran más caras que las que se producían en otros países. No sólo eso, gracias a las políticas de industrialización seguidas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (con un alto componente de protección a la industria nacional), las empresas mexicanas habían perdido calidad y eficacia.

Esta dinámica estuvo a punto

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