Caso Colmenares Noticia Derecho Que No Ecumple

SITUACION DE LOS ASESINATOS SINDICALISTAS EN COLOMBIA

ESTUDIANTE: ALEJANDRA PISCAL PANTOJA

PROFESORA: BEATRIZ QUINTERO

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

CATEDRA

ODONTOLOGIA I

NOVIEMBRE, 7 DEL 2012

Con 35 asesinatos en 2011, Colombia es, “una vez más, el país más peligroso para los sindicalistas” en el mundo. Si bien el número de sindicalistas asesinados ha bajado en los últimos años, “desde el 2007 han aumentado las amenazas”. Por lo tanto, más que un descenso de la violencia, podría tratarse de “una transformación de sus manifestaciones". La impunidad de la violencia contra sindicalistas es generalizada: Colombia ha obtenido condenas en menos del 10% de los más de 2.900 asesinatos de sindicalistas informados por la ENS desde 1986. De estos casos, sólo en el 25% se establece el autor material y en el 7,8% la autoría intelectual. Grupos paramilitares serían los autores en el 14% de los homicidios, las guerrillas del 5,1% y agentes del Estado del 1,7%. Esta situación desalienta la afiliación a sindicatos y contribuye a crear un ambiente propicio a las violaciones a los derechos laborales.

A pesar del reconocimiento constitucional de los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación, la criminalización de la protesta social y las prácticas de judicializaciones y detenciones arbitrarias, incluso capturas masivas continúan. Se destaca la falta de respeto al debido proceso y el uso de información de inteligencia militar en los procesos y de testimonios de desmovilizados, que a menudo han recibido pagos por sus testimonios. Por su lado, la Confederación Sindical Internacional (CSI) reporta el encarcelamiento de 16 sindicalistas en el 2011. La ambigüedad de algunas normas penales y su aplicación abusiva por operadores de justicia dan pie a esta situación que podría verse agravada con la implementación de la reciente Ley de seguridad ciudadana (Ley 1453 de junio de 2011) que penaliza los distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos y otorga penas de varios años de cárcel por, entre otros, actos tales como la “perturbación de actos oficiales” y la “obstrucción a vías públicas que afecten el orden público”. Asimismo, se siguen reportando casos de uso excesivo de la fuerza para reprimir legítimas protestas.

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