Constitución De 1857

La Constitución de 1857 reafirma decisiones políticas fundamentales de la Constitución Federal de 1824, esta significó un parteaguas en el siglo XIX. Sostenía el principio básico del liberalismo político: igualdad ante la ley, con lo cual acabó con los fueros y los privilegios del ejército y la iglesia, así como la construcción de un sistema de defensa de la Constitución, para evitar el caudillismo que caracterizó la vida pública mexicana de las primeras décadas de vida independiente. Esos mecanismos de defensa ordinaria y extraordinaria de la Ley Fundamental se activaron exitosamente en las convulsiones militares que desgarraron a los mexicanos durante la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano.

Reivindicaba las garantías individuales y los derechos políticos. Los constituyentes no pudieron establecer el principio de libertad de cultos, por la presión de los conservadores. Aún así, la iglesia –con una errónea lectura de los tiempos- se opuso terminantemente a ella y amenazó con excomulgar a todos aquellos funcionarios públicos que la juraran.

La Constitución de 1857 fue baluarte en la defensa de la soberanía nacional y cimiento para la construcción y consolidación definitiva del Estado-nación mexicano. Refleja con claridad la filosofía política del liberalismo mexicano al reconocer los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos. La Ley Fundamental limita el ejercicio de los poderes públicos y reconoce la preeminencia del poder del Estado como organización de los ciudadanos sobre cualquier otra corporación. Las decisiones políticas fundamentales contenidas en ella permanecen vigentes hasta el día de hoy: república, derechos del hombre, democracia representativa, federalismo y la concepción de la Constitución como norma suprema del orden político y social.

El amparo emerge como una defensa ordinaria de la supremacía de la Constitución. Pero también se introduce, en 1857, un complejo mecanismo de defensa extraordinario de la Constitución ante peligros de gran magnitud como invasiones de potencias extranjeras y golpes internos de Estado que implican el desconocimiento de la Ley Fundamental. Este mecanismo consiste, por un lado, en la posibilidad de la suspensión de los derechos individuales y el otorgamiento de poderes extraordinarios al presidente de la República, que en ambos casos deben ser aprobados por el Congreso de la Unión. Y por otro lado, en la defensa militar del orden constitucional desde los estados de la federación, a través de la Guardia Nacional, que se organiza en cada uno de ellos bajo el mando de los gobernadores.

La Constitución llevó al país a 10 años de guerra. De 1857 a 1861, liberales y conservadores se enfrascaron en la guerra de Reforma para establecer sus proyectos de Nación. Derrotados, los conservadores buscaron el apoyo de Francia para establecer un imperio (1862-1867), al final triunfó la República liberal encabezada por Benito Juárez.

Aunque la Constitución de 1857 se convirtió en la bandera de los liberales y luego de la República, dadas las circunstancias del país, el presidente Juárez se vio obligado a gobernar sin la Constitución; el Congreso lo dotó con facultades extraordinarias para enfrentar la situación del país. Juárez convirtió la carta magna en bandera política, en la razón moral para encabezar la resistencia, lo cual le permitió justificar actos como su permanencia en el poder en 1865 –año en que concluía su periodo presidencial-, lo cual fue considerado una flagrante violación a la ley suprema, en la forma de un golpe de estado.

Paradójicamente, con la Constitución de nuevo en vigor luego del triunfo de la República, el presidente Juárez fue el primero que intentó violarla al tratar de reformarla por medio de un plebiscito que no estaba contemplado en la ley suprema. Fue el escándalo político del año 1869 y quedó demostrado que la suerte de la Constitución dependía de la voluntad del gobernante. En los albores del porfiriato (1877), Justo Sierra señaló “la Constitución es un bello poema… tiene veinte años de vida y nadie la ha puesto en práctica”.

El presidente Díaz gobernó por encima de la ley suprema del país, no obstante que en todo momento se argumentó que se actuaba dentro de la Constitución. La necesitaba para otorgarle legitimidad a su régimen, aunque encontró la forma de darle la vuelta. El intelectual Andrés Molina Enríquez escribió: “El señor general Díaz comprendió demasiado bien que no era posible gobernar bajo el imperio riguroso de esas leyes, porque él llevaba a la anarquía, pero también comprendió que su carácter sagrado las hacia punto menos que inviolables, y supo apurar la facultad”.

Las garantías individuales y los derechos políticos contenidos fueron ignorados o subordinados al progreso material y las contradicciones sociales no tardaron en aparecer hasta que tomaron forma a través de la revolución mexicana. Luego de 30 años de dictadura, hacia 1910, la Constitución era letra muerta.

Su influencia fue importante en la Constitución de 1917. Las disposiciones sobre derechos humanos pasaron casi íntegras a la Constitución de 1917, actualizadas y enriquecidas con los derechos sociales, igualmente, las disposiciones sobre soberanía y forma federal de Estado. La estructura del Estado federal no varió. Se buscó la integración de un Ejecutivo equilibrado con el Legislativo bicamaral más bien basado en la reforma del presidente Lerdo de Tejada. Se recogió el juicio de amparo y se aprovechó la experiencia y el desarrollo jurisprudencial, por la interpretación de que la legalidad es un derecho constitucional aplicable no sólo a leyes y actos

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