Crisis Del Neoliberalismo En México

LA CRISIS DEL NEOLIBERALISMO EN MÉXICO.

ECONOMIA Y SOCIEDAD

Introducción

La petrolización de nuestra economía, el enorme crecimiento de nuestra deuda externa y la profunda crisis que sacudió al país a principios de la década de los 80, durante el gobierno de José López Portillo, sirvieron de extraordinario pretexto a los neoliberales para empezar a aplicar en México las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

Esos organismos financieros al servicio del imperialismo norteamericano, aprovechando la situación de crisis creada por ellos mismos al propiciar una política generalizada de endeudamiento, más allá de las posibilidades reales de los países subdesarrollados, particularmente de los de América Latina, les impusieron su proyecto neocolonial. En México a través de las llamadas cartas de intención suscritas por el gobierno y el FMI se adquirieron muchos compromisos, entre ellos la política consistente en deshacerse de las empresas públicas, la de establecer topes salariales y otras similares, todas ellas contrarias a los intereses nacionales y populares.

El nuevo proyecto, proponía superar la profunda crisis económica que aquejaba al país, lograr un crecimiento sostenido de la economía y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Durante los últimos 17 año los resultados de la aplicación del neoliberalismo en nuestro país son los siguientes:

Primera etapa: el desmantelamiento del sector estatal

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se inicia, con el pretexto de que la crisis se había presentado porque el Estado estaba obeso y que por ello no podía cumplir con su función fundamental que es la de proporcionar bienestar a los mexicanos, la aplicación en nuestro país del proyecto neoliberal. La primera medida consistió en realizar el proceso llamado, eufemísticamente, de desincorporación de empresas públicas por las siguientes vías: la extinción, la fusión, la liquidación, la transferencia a las entidades federativas y municipios, la venta a los trabajadores de la empresa que se desincorpora, y sobre todo, la venta a los empresarios privados nacionales y extranjeros.

El 3 de diciembre de 1982, apenas dos días después de haber tomado posesión como presidente de la República, Miguel de la Madrid envió al Congreso de la Unión, un par de iniciativas para modificar la Constitución. (1) Dichas propuestas fueron aprobadas y entre las modificaciones realizadas es indispensable destacar las relativas al los artículos 25 y 134 constitucionales.

En el nuevo artículo 25 se incluyeron tesis ajenas y contrarias al proyecto emanado de la Revolución Mexicana. Al definir al Estado como rector se le suprimió, en la práctica, su papel de productor directo de bienes y servicios y en contra partida se le dejó solamente la facultad de dictar las normas, a partir de las cuales deberían desarrollar sus actividades los particulares, es decir, se sentaron las bases para convertir al Estado mexicano en algo similar al Estado policía que propone el neoliberalismo. El objetivo central era debilitarlo, como paso previó para poder desarrollar el proyecto económico dependiente del imperialismo.

Partiendo del principio que establece que en derecho constitucional lo que no está expresamente facultado no lo puede realizar la autoridad, se realizaron las modificaciones al artículo 134 de nuestra Carta Magna para incluir en dicho ordenamiento el sustento jurídico del gobierno mexicano para vender las empresas del Estado, sustento que no estaba incluido en ningún otro artículo constitucional.

Al amparo de estas y otras modificaciones legales, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, se produjeron los siguientes hechos: si durante el primer año de ese régimen, el gobierno federal participaba en 45 ramas de la economía, para el último solamente lo hacía en 23; si en 1982 tenía 1155 empresas: 744 de participación estatal mayoritaria, 231 fideicomisos públicos, 102 organismos descentralizados y 78 empresas de participación estatal minoritaria, en 1988 tenía solamente 412; de las 705 empresas desincorporadas 219, es decir, el 30 por ciento, fueron vendidas (2) El gobierno federal proporcionó la información anterior en un documento en el que se establecía que sólo se había procedido a desincorporar empresas que no eran estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional, que el 18 por ciento de las empresas vendidas tenían como nuevo dueño al sector social, es decir, a los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores y que en más del 90 por ciento de los casos los compradores habían sido inversionistas nacionales. (3)

A pesar de que también informó de los ingresos totales obtenidos por las ventas, no proporcionó el monto de lo que correspondía a cada una de ellas y qué porcentaje del total correspondió al sector social, cual al capital privado nacional y cual al extranjero. Esos importantes datos hubieran evidenciado, como en realidad sucedió, que el monto mayor correspondía al capital externo.

El gobierno de Miguel de la Madrid afirmó que a partir de su gobierno se podría iniciar una mejor etapa de la historia del país, que las bases sólidas se estaban fincando a partir de una readecuación presupuestal y disciplina estricta del gasto público. Las principales líneas de su política económica fueron el saneamiento de las finanzas públicas; el redimensionamiento del sector público; la apertura económica; la reconversión industrial; y, la contención salarial.

Además, casi al finalizar su gestión, en diciembre de 1987, propuso a los sectores productivos del país la suscripción de un Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que obligaba al gobierno a no incrementar los precios de los bienes y servicios que proporcionaba a través de sus empresas; establecía, violando los derechos de los trabajadores, el tope a los incrementos salariales y solamente recomendaba al sector privado el no incremento de sus precios por encima de los costos reales. Con ello, decía, se estabilizaría la economía, esta empezaría a crecer y los trabajadores irían recuperando, poco a poco, el poder adquisitivo de sus salarios.

Sin embargo, los resultados de esa política económica no pudieron ser más desastrosos, se continuó incrementando la deuda externa pública y total, la inflación creció a tasas muy elevadas, 86.7 por ciento de promedio anual; el Producto Interno Bruto tuvo saldo negativo en el sexenio y el salario mínimo real perdió, durante esos seis años, el 41 por ciento de su poder adquisitivo.

Segunda etapa: la profundización del proyecto neoliberal

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