De La Revolución Al Cardenismo (1910-1939)

De la Revolución al cardenismo (1910-1939)

El gobierno del “apóstol de la democracia” duró escasos dos años. Sin embargo, logró crear un Departamento del Trabajo y establecer mecanismos de conciliación en los conflictos laborales. También alcanzó mandar a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para establecer un salario mínimo que encontró poca oposición, a pesar de la agitación de los defensores de la ley de oferta y demanda considerada por ellos “tan legítima como la de gravitación que mueve los cuerpos celestes” (González Navarro, 1979: 392).

Durante los primeros años de lucha armada que siguieron del asesinato en 1913 de Madero, nada se pudo legislar, excluyendo los esfuerzos interinos de Victoriano Huerta para conciliarse con los obreros. No obstante, aún durante este periodo turbulento, las reformas parciales (sobre todo agrarias) implementadas por varios caudillos revolucionarios, contribuyeron a crear fuertes expectativas de transformación social con la victoria constitucionalista. Como consecuencia, se multiplicaban los conflictos obrero-patronales y las demandas obreras de seguro de enfermedades y accidentes.

Se gestó, también durante este periodo, el programa de reformas sociales que promovería el gobierno por nacer: dada la dificultad de consensuar un grupo tan heterogéneo como era el campo revolucionario, en la negociación perdieron tanto la ala izquierda zapatista y villista como la liberal. La primera porque, a pesar de haber reclamado políticas laboristas (el seguro contra accidentes, la jornada de ocho horas y la protección del trabajo de las mujeres y los niños), había hecho poco para atraer el apoyo de éstos, mientras que su petición de expropiar a las haciendas (todas) horrorizaba tanto a los obregonistas del centro como a los liberales. La segunda porque abogaba únicamente por el reestablecimiento de la Constitución de 1857, lo cual iba en contra de la posición reformista, ya con apoyo popular considerable, que finalmente dominaría: se restituiría toda propiedad confiscada en violación de la ley de 1856, se confiscarían las propiedades de los hacendados que habían quedado en el campo porfirista, y se incorporarían las demandas obreristas.

La Constitución de 1917 que finalmente fue aprobada por la asamblea constitucional convocada en Querétaro, después de una reñida negociación entre la facción liberal encabezada por Carranza y la reformista que seguía a Obregón, es un documento crucial en la historia de la creación del EB, el primero desde la Revolución francesa en definir la responsabilidad del Estado por atenuar la desigualdad social: en materia de reparto de tierras, de reglamentación de la relación entre capital y trabajo, de seguridad social (incluyendo la salud), de educación (gratuita, laica y obligatoria), y de vivienda popular. A pesar de que el México posrevolucionario tardaría varias décadas para hacer efectivas todas estas reformas, el texto constitucional constituyó, desde sus inicios, un eje organizador y legitimador tanto de las demandas sociales como de la respuestas estatales a éstas.

A partir de los 1920s, una vez pacificado el país y establecido el nuevo régimen sobre una sólida base constitucional, lo más innovador en materia social (y para la época realmente revolucionario) fue la transformación del campesino pobre y/o indígena en un sujeto visible y con derechos: primero a la tierra y a la educación, y posteriormente (bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas) a la salud. Como observa Palacios, “ya desde esos años, los intelectuales pos-revolucionarios construían la pobreza indígena como un concepto político y la insertarían, ... entre las que serían una especie de causas implícitas, subconscientes del movimiento revolucionario” (1998: 244).

Por implícita y subconsciente que fuera tal causa para los intelectuales, para los políticos, se trataba explícitamente de extirpar del campo mexicano al zapatismo y al apego a la Iglesia. Se incorporaría el campesino a la cultura nacional por medio de una educación que representaría a la historia del país como una marcha continua hacia la victoria inevitable de la Revolución (Palacios, 2000). También había que prometer (sin implementarlo más que moderadamente) el reparto de las tierras que en derecho le pertenecían.

Durante el gobierno de Calles (1924-28) y el Maximato (1928-1934), siguió la preocupación por inculcar, a través de la educación, los valores apropiados a la consolidación del régimen. A la vez, se acabó la tregua entre el Estado y la Iglesia que Obregón, mal que bien, había mantenido. Para evitar que los campesinos siguieran el ejemplo de los cristeros, se les inculcaría un espíritu empresarial (de allí la creación de escuelas agrícolas con técnicas

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