El 27 Y 28 De Febrero Del año 1989

El 27 y 28 de febrero del año 1989 posee una gran relevancia histórica, no sólo por la importancia que el mismo tiene dentro del escenario del protagonismo popular en Venezuela, sino también, porque se convertirá en referencia para el desencadenamiento de otros procesos tanto en el campo civil como en el político-militar.

Durante todo el período democrático previo a los sucesos de febrero del 89 habían estado acumulándose las condiciones que permitirían la gestación del estallido y aunque existieron factores detonantes específicos e inmediatos que provocaron la protesta popular, es necesario recordar que estos factores estaban contenidos dentro de un contexto nacional de crisis orgánica que, en un nivel más profundo, los contenía y explicaba. En efecto, el paquete de medidas económicas que se implementa a partir del 16-02-89, como búsqueda neoliberal de reordenar el modelo de acumulación para adaptarlo al proceso de transnacionalización del capital, sería el detonante inmediato que explicaría el estallido popular.

Ya para el momento de implementación del paquete económico los niveles socioeconómicos de la población se aproximaban a los niveles de los años 40 (ver capítulo I). En este contexto, las masas populares percibieron los nuevos aumentos como intolerables dada su ya mermada capacidad adquisitiva. Así lo expresó Héctor Silva Michelena:

La explosión social se debió a un tratamiento de “choque” aplicado a una sociedad empobrecida, con una cúpula altamente enriquecida gracias al privilegio y la corrupción. No hay que olvidar que en Venezuela un 40 por ciento de la población vive en condiciones de extrema pobreza (y otro 40% en pobreza relativa). El alza indiscriminada de precios, la especulación, el acaparamiento o desabastecimiento artificial de los productos de la dieta básica, permitieron la explosión y los motines populares. El 27 de febrero fue un terremoto social. (El Diario de Caracas, 11-03-89: 16)

La insurrección popular queda inexorable e históricamente unida, al igual que en otros países latinoamericanos como Argentina, República Dominicana y Brasil, a la puesta en práctica del paquete de medidas neoliberales exigido por el F.M.I. como “única vía posible” para el otorgamiento de nuevos préstamos. Así quedó establecido en la Carta de Intención que firmó Venezuela en Washington.

En un sucinto trabajo que publicó la Socióloga Miriam Kornblith se especifican las causales primarias y secundarias que confluyeron en la materialización de los sucesos del 27-F:

Como factores detonantes, se considera el alza de las tarifas del transporte público. Los usuarios reaccionaron con indignación en contra de los conductores, a partir del cual se desataron los actos de violencia contra vehículos y establecimientos comerciales. Entre las causas inmediatas se incluye: el programa de ajuste económico ajustado el 16 de febrero de 1989, diseñado para reorientar la economía y obtener recursos financieros de organismos multilaterales y 2) los procesos de especulación, acaparamiento y desabastecimiento de productos de primera necesidad que venían ocurriendo desde finales de 1988...Entre las causas mediatas se consideran 1) las condiciones socioeconómicas post 1983 y 2) el clima político generado en la campaña electoral y la toma de posesión del nuevo gobierno. Con la devaluación drástica del bolívar, debido al descenso de los precios del petróleo, la fuga de capitales y los pagos de la deuda externa, se evidenciaron varios signos de debilidad en la economía del país, y se frustraron expectativas de superación socio-económica de la gran mayoría de la población. (CENDES, Nº 10: 17)

De esta manera, se fue configurando el contexto histórico dentro del cual se iniciará, de manera desorganizada y sin dirección partidista, la cadena de procesos deslegitimadores que pondrán al descubierto a un sistema político y a un gobierno carentes de legitimidad. Dentro de este contexto de factores que acrecientan la protesta se hallan tres sucesos vitales que ayudan a explicar el nivel de frustración acumulada en el que se encontraba la población para ese momento:

El 29 de octubre de 1988 14 pescadores son asesinados en Caño La Colorada, cerca de la población de El Amparo, Edo. Apure, por 19 funcionarios adscritos al Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) del Ministerio de la Defensa...el gobierno de Jaime Lusinchi justificó los hechos afirmando que se había tratado de un enfrentamiento con guerrilleros armados, aunque la evidencia siempre apuntó hacia la masacre, pues ¿cómo podía justificarse la versión de enfrentamiento cuando las experticias médico-forenses dan cuenta de disparos con orificios de entrada por la espalda y la parte posterior de la cabeza con distancias que oscilan entre uno y 50 cm. (Bolívar, Ligia, Rev. Sic., Nº 545: 226-228).

La impunidad institucionalizada, pretendió presentar ante la opinión pública los hechos disfrazados de manera que, una vez más, el estado de indefensión jurídica en el que se encontraba la población padeció la frustración colectiva de saber que, otra vez, los inocentes eran perseguidos y los culpables amparados. La masacre del Amparo sólo era la repetición, en otro tiempo y con otras victimas, de la eterna vulnerabilidad del Estado de Derecho en Venezuela.

En el mes de noviembre de ese mismo año (1988) el atropello policial cobra una nueva víctima, esta vez fue una niña en la población de Tejerías, Estado Aragua, quizá este hecho, por lo “común” del mismo no hubiera trascendido más allá de una simple nota de prensa si la protesta de los pobladores de Tejerías no lo hubiera convertido en un precedente importante del 27-F:

El estallido de Las Tejerías es sintomático porque constituye una manifestación de ese nuevo espíritu. No es la primera vez que un cuerpo policial mata a una niña como ocurrió en la población aragüeña. Las arbitrariedades son características...en un país como el nuestro. Pero jamás una masa pobladora había reaccionado ante el crimen con la instantánea reacción de protesta que estuvo presente en Tejerías. El Amparo ha abierto otro capítulo en esa nueva mentalidad que parecía destinado a desencadenar una etapa distinta en la vida nacional. La insurgencia de los habitantes de esa ciudad ha tenido rasgos inusitados, de nacimiento o gestación de algo nuevo en el país...El Amparo y Tejerías podrían ser los síntomas de una nueva actitud de los venezolanos en la defensa de sus derechos y en el repudio paralelo a los atropellos con que la trata las autoridades. (Rangel, D.A., Ultimas Noticias, 08-12-1988: 64)

El lento proceso de resquebrajamiento de la gobernabilidad social había comenzado mucho antes del 27-F. La emergencia de una creciente ola de protestas y malestar generalizado en la población apuntaba, desde un primer momento, al desmoronamiento de las bases políticas del sistema. Así “La vida política venezolana y el régimen de partidos que fueron puestos a prueba en los comicios de 1988, cuando se abstuvieron o votaron nulo dos millones de ciudadanos escépticos o inconformes, entraron en un túnel sombrío el 27 de febrero de 1989” (Sanin, 1989: 39).

Por otra parte, el sistema capitalista, por su propia esencia, niega la posibilidad a las mayorías marginadas del bienestar económico a participar en el usufructo de las riquezas que el país genera, pero paralelo a esta exclusión, exige el sacrificio y aporte de esta masa excluida de toda posibilidad de bienestar, para que asuma el “costo social y económico” de un modelo de crecimiento que paradójicamente es la negación de sus intereses como clase. Es la paradoja indisoluble del capital.

Para acrecentar las inversiones y los créditos extranjeros en el país y para potenciar el crecimiento económico, se siguieron los lineamientos fondomonetaristas, bajo el supuesto ideológico de que, en el largo plazo, dicho crecimiento sería irrigado a todo el país con la participación de todos los sectores en el producto socialmente generado; pero, mientras eso sucedía, en el corto plazo, se exigían los sacrificios de un solo sector:

Las normas del F.M.I., movidas por el propósito de lograr una estabilidad financiera y unos indicadores macroeconómicos favorables (que garantizaran el pago a tiempo de los intereses de la deuda) ha producido, sin embargo, consecuencias graves por su alto costo social. Los pueblos lo soportan con dificultad, y como son ellos soporte fundamental de la democracia, vuelven a aparecer preocupantes síntomas de inestabilidad institucional...la vitrina de la democracia latinoamericana, Venezuela, ha presentado situaciones, el 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 1989 y el 4 de febrero de 1992, que a todos, dentro y fuera de nuestro país ha causado inocultable inquietud. (Caldera, R., Rev. Política Internacional, Julio-Septiembre 1992: 6)

De esta manera, la fuerza de la protesta civil que se desata, y que luego tendrá correlato en el plano militar, devela la crisis de liderazgo político del sistema en medio de un proceso acelerado de empobrecimiento generalizado. En este contexto, el 27-F significó la definitiva ruptura o agotamiento del modelo de democracia populista y la emergencia, por un lado, de toda la fuerza protagónica de un actor, que siendo principal, siempre había actuado en papeles secundarios. Y por otro lado, está el papel desarrollado por el Estado quien se despoja de su máscara pseudo consensual, para administrar de manera eficiente su mejor papel: la represión y con ello, la sistemática violación de los derechos humanos de las mayorías.

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