El Amparo Constitucional

EL AMPARO DE LOS DERECHOS

El amparo es un recurso o acción de carácter constitucional cuya finalidad es tutelar o proteger judicialmente los derechos fundamentales de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado abarcando todos los derechos fundamentales, con excepción del derecho a la libertad, protegido por el habeas corpus.

En nuestro país, el amparo tiene su origen en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este tratado, en vigencia en nuestro país desde 1978, se refiere en su artículo 25.1 al amparo como el derecho de toda persona a un “recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la […] Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” Aunque se encontraba en vigencia, el amparo no fue utilizado comúnmente hasta que en 1999 la Suprema Corte de Justicia lo identificó como perteneciente al derecho positivo.

En dicha decisión, el más alto tribunal trazó el procedimiento a seguirse en tales casos. A partir de ahí, y hasta la promulgación de la Ley que establece el Recurso de Amparo, en 2006, la práctica en la materia se rigió por lo trazado por la Suprema Corte de Justicia. Aun cuando algunas de las disposiciones de la ley han sido objeto de controversia, esta llena un vacío relacionado con el procedimiento, así como respecto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

En una disposición sin precedentes, de los artículos 11 y 12 de la Ley se desprende que si el accionante no sabe o no puede escribir, o si además no tiene “aptitud” para la redacción del escrito, el secretario del tribunal o quien haga sus veces está en la obligación legal de asistirle. El aspecto más controversial es, tal vez, el hecho de que el juez de amparo no puede, en virtud de la Ley, ser apoderado para conocer de alegadas violaciones a sus derechos fundamentales que provengan de actos jurisdiccionales.

Se argumenta que de no existir esta prohibición, los abogados utilizarán el amparo como una nueva forma de dilatar el proceso. Por otro lado, es evidente que la propia naturaleza del amparo, y el criterio que ha externado la Corte Interamericana en esta materia es que no es posible limitar los alcances del amparo.

El amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de los particulares establecidas en la Constitución, leyes y tratados internacionales, condenando acciones de los agresores, bien sean ciudadanos, organizaciones públicas o privadas; tendente únicamente a la constatación de la violación o amenaza de violación del derecho o garantía constitucional, a objeto de que se le restablezca al solicitante el pleno goce y ejercicio de tales derechos sin prejuzgar sobre ninguna otra materia, quedando abiertas a las partes las vías ordinarias para reclamar las indemnizaciones o restituciones a que haya lugar en derecho.

En este orden de ideas, el artículo 27 de nuestra Constitución, reza que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Ese mismo sentido está establecido en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual señala que toda persona puede solicitar ante los tribunales el amparo previsto en el artículo 49 de la Cata Magna, con el propósito de que se reestablezca inmediatamente la situación jurídica infringida.Es así como para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el amparo constitucional es un recurso tendente a la protección del goce y ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano, en la cual se enjuician las actuaciones de los

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