Embargo Atunero

La destacada participación de la política exterior de México en materia marítima en nada favoreció los intereses pesqueros de Estados Unidos, país que hasta antes de la década de 1980 pescaba en nuestras aguas sin ningún tipo de restricción. Problemática que desencadenó en uno de los episodios más amargos de la industria atunera mexicana.

El conflicto del atún entre ambas naciones tiene su origen el 4 de julio de 1980 cuando el gobierno de México emitió la advertencia de detener a las embarcaciones extranjeras que fueran encontradas pescando sin autorización y sin haber realizado el pago de derechos correspondientes en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) comprendida por 321 kilómetros mar adentro, cecisión que afectó a la industria pesquera de la potencia mundial económica que hasta entonces pescaba en aguas mexicanas sin ningún tipo de restricción— debido a que los peces tienden a localizarse a más de 160 kilómetros de la costa en las aguas orientales de la zona del océano Pacífico— provocando que esta elevara sus costos de transportación y mano de obra al tener que desplazarse a otros países del Pacífico occidental.

En un inicio, Estados Unidos hizo caso omiso de dicha advertencia y continuó pescando en México lo que ocasionó que seis de sus embarcaciones atuneras, junto con el producto y equipo de pesca, fueran incautadas. La respuesta por parte del gobierno estadounidense fue inmediata y no solo desconoció los derechos de jurisdicción de México sobre las especies altamente migratorias localizadas dentro de su ZEE, sino que el 14 de julio de 1980 impuso el primer embargo atunero a México basándose en la Ley Magnuson de Protección de las Especies Marinas. Dicha ley, emitida en 1972, establecía estándares de equipamiento para la pesquería de cerco empleada por México para atrapar al atún aleta amarilla en el Océano Pacífico Oriental (OPO) con el fin de disminuir la mortalidad del delfín como producto de la pesca incidental.

Desde entonces, México ha sido objeto del embargo atunero por parte de su principal socio comercial que constituye una medida proteccionista que viola los principios generales del comercio internacional al dar un trato diferenciado y por lo tanto discriminatorio al producto nacional que tiene las mismas características físicas que el capturado por la flota estadounidense.

De 1980 a 1986 las importaciones de atún mexicano estuvieron prohibidas en territorio estadounidense bajo el argumento de que los equipos y métodos de pesca utilizados por México para pescar atún aleta amarilla, no cumplían con los estándares de protección ambiental de la flota norteamericana. La industria pesquera mexicana en la década de 1990 trabajó así para renovar su flota e incorporar tecnología con la que fuera capaz de cumplir con todas las regulaciones internacionales requeridas en relación con la protección del delfín, y Estados Unidos, reconociendo el esfuerzo de su vecino del sur, levantó el embargo atunero.

Sin embargo, la dificultad para la exportación del atún mexicano permaneció, ya que un nuevo requisito fue establecido por Estados Unidos al introducir como condición el etiquetado de Dolphin Safe con el que se buscaba garantizar que la pesca de atún no atentara contra la vida de los delfines. A partir de entonces, empezó toda una guerra comercial que impidió que el atún mexicano pudiera ser exportado a Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo porque, pese a que México trabajó para acatar las reglas impuestas, ningún esfuerzo pareció haber sido suficiente.

De 1990 al 2000, México sufrió embargos primarios y secundarios nuevamente por razones presuntamente ecológicas de protección a los delfines en la pesca de atún que obedecía a cuestiones netamente comerciales. Por tal motivo, el Estado mexicano acudió en 1991 ante un Panel del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros

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