La Historia

supuestamente destinadas a ayudar a su desarrollo.

Lo importante del caso es que tanto los miembros del Club de Roma como los autores del informe RIO parecen, a pesar de todo, convencidos del hecho que los diferentes países atinentes al primero, segundo o tercer mundo, estén suficientemente concientizados –aunque muchas veces sus gobiernos por conveniencia política lo nieguen- de la necesidad, desde sus diferentes posiciones de interés, de avocarse al problema de la construcción del nuevo orden internacional, por interés mutuo. La opinión ilustrada de todos los países está ayudando con su presión a que los gobernantes tomen las medidas necesarias para encarar la perentoria tarea de ir construyendo un nuevo orden internacional.[1]

Si el Nuevo Orden era tan bueno, resulta al menos extraño que hubiera algún tipo de resistencia en los gobernantes de las naciones del Tercer Mundo para aceptarlo; sucedió que la mayoría de esos líderes tercermundistas no convencidos de las bondades del “nuevo orden internacional” fueron muertos más temprano que tarde en circunstancias casi siempre violentas. En Latinoamérica, con la confección del Sistema Interamericano ya se había adelantado, permitiendo que se tejiera punto por punto, aunque en muchas ocasiones a regañadientes, la superestructura jurídico-política necesaria para su establecimiento, pero había que amarrar esa idea con hilos de acero.

La Deuda (…) promueve la comprensión de las secuencias políticas que han puesto en condición el dispositivo y tiene sentido, en la medida que permite delatar los artificios que ocultan la estrategia capitalista. [2]

Para mediados del primer período presidencial de Richard Nixon, la venta indiscriminada de bonos de deuda estadounidense había causado que el crecimiento del país tendiera a la baja (compensación-crisis) y que la inflación tomara un rumbo ascendente. Nacía el fenómeno económico del siglo XX: la estanflación. Ahora bien, para 1971, con el fin -supuestamente- de corregir el rumbo de la economía doméstica, el gobierno de Estados Unidos anunció su disposición a no cumplir más el compromiso de no emitir más de 37 dólares por onza de oro en reserva, lo que provocaría la subida del precio del metal y causaría la devaluación del dólar, fortaleciendo su economía financiera.

Mientras tanto, desde el Sistema Interamericano se presionaba para que los países latinoamericanos se pusieran a la vanguardia, en cuanto a la disposición a reorganizar las estructuras jurídicas internas de cada nación, con el fin de que fuera no solo posible sino necesario para cada estado entrar en la vorágine de préstamos internacionales, para la construcción de megainfraestructuras tales como autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos y represas, que estuvieran al servicio de los negocios de extracción de materias primas, que serían utilizadas por las grandes transnacionales para sacar las materias primas de los países, pero que serían pagadas por los estados por medio de financiamientos otorgados por bancos internacionales, que serían cancelados con una parte importante de la recaudación fiscal que con las mismas obras se obtuviera.[3]

Aunque dichas obras parecían en principio dirigidas al desarrollo de los países, la experiencia fue que cuando se acababa la materia prima en la zona explotada, la transnacional dejaba de hacerle mantenimiento a la carretera o abandonaba las instalaciones portuarias; y la inversión que apenas estaba empezando a ser pagada por el país, se perdía por falta de mantenimiento, porque dicha obra no había sido hecha tomando en cuenta las necesidades de la nación, sino las de las empresas que las hicieron, las usaron y las seguirían cobrando casi por siempre. Ejemplo de ello es la propuesta de construcción de un puerto en el sur del Lago de Maracaibo, para la exportación de carbón de unas minas en Cúcuta, que la empresa estadounidense se proponía sacar por Venezuela, probablemente porque el producto iba dirigido a la costa este de Estados Unidos.[4]

En el año 1974 el sistema de las Naciones Unidas definitivamente aprobaba sin votación un acuerdo para el establecimiento de aquel Nuevo Orden Económico Internacional[5] que normaría en sus estatutos todas las relaciones de producción que en adelante se establecerían y sobre todo, pretendía guiar el camino del “Diálogo Norte-Sur”..

Los diversos Estados del mundo están implicados, de una manera u otra, en la idea de un Nuevo Orden Económico Internacional, un nuevo orden que reemplace el actual que está basado, de acuerdo a los primeros, en la explotación de las naciones del Tercer Mundo por parte de las unidades políticas estatales industrializadas y con mayor avance tecnológico. Dicho orden se procurará establecer a través del diálogo, la persuasión y los convenios entre ambos grupos de Estados que cada día que transcurre ven ensancharse más la brecha que los separa.[6]

La idea de ese nuevo orden ofrecía formalmente revisar para resolver el tema de la justicia social, tal como lo planteaba el canciller venezolano Arístides Calvani, “en el plano internacional es necesario tener un valor, es decir, un principio hacia el cual nuestra conducta se encamine y que sirva de orientación a la misma. Ese principio es el de la Justicia Social Internacional (…)”[7]; empero en la realidad esa fue la “puerta por la que se coló” la idea de que los países pobres necesitaban ser ayudados por los países ricos a través de los mecanismos multilaterales, que utilizarían los bancos transnacionales como ejecutores de las “ayudas” financieras que recibirían los países “en desarrollo”, porque se consideraba imposible que cada país por sí mismo lograra direccionar sus recursos para el desarrollo.

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